Sigue la novela

Un nuevo capítulo de la novela sobre la cancelación del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) se escribió la semana pasada. Ambos partidos, que están en capilla ardiente desde el 29 de abril, cuando la Sala de lo Constitucional ordenó su cancelación, volvieron a ser noticia al conocerse que por decisión de tres de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se hacía efectiva su desaparición. En este nuevo episodio, la discusión se ha centrado en cuestionar la actuación de los tres magistrados del Tribunal, a quienes se les vincula con el FMLN y se les acusa de tomar la decisión violando el Código Electoral. Los dos partidos afectados, que han encontrado eco en Arena y varios grandes medios de comunicación, se rasgan las vestiduras y alertan sobre las nefastas consecuencias que tendrá para el país la aplicación de la cancelación.

Sin embargo, ninguno de ellos cuestiona por qué los otros dos magistrados —vinculados al partido Arena— no votaron por la aplicación de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que es de estricto cumplimiento y tiene carácter definitivo. Es cierto que la actuación de los magistrados que decretaron la cancelación del PCN y PDC está reñida con lo que estipula la ley, pues la decisión tuvo que haberse tomado con el voto de cuatro de los cinco integrantes del Tribunal. Pero también es verdad que la actuación de los otros dos magistrados no es menos cuestionable por negarse a atender la sentencia de la Sala de lo Constitucional. El PCN y el PDC sostienen que la Sala ordenó solamente "iniciar el procedimiento de cancelación", pero no la cancelación definitiva de los partidos. Sobra decirlo: este argumento raya en lo ridículo, no resiste crítica seria y solo tiene sentido en el marco de que proviene de dos partidos que tradicionalmente han torcido las leyes para su beneficio particular esgrimiendo muchas veces argumentos cantinflescos. En definitiva, los críticos de la actuación de los tres magistrados —y del FMLN a través de ellos— ven el peligro de violentar el debido proceso en el Tribunal Supremo Electoral, pero no tienen ojos para el problema de fondo: el PCN y PDC debieron desaparecer en 2004, y si ello solo sucedió hasta ahora fue por el desacato a la sentencia de la Sala de lo Constitucional.

Por otro lado, parte del debate se ha orientado a dilucidar quién gana y quién pierde con la decisión. Para algunos, es GANA quien capitalizará los votos de los simpatizantes del PDC y el PCN, lo que indirectamente favorecerá al presidente Funes, pues se consolidaría el partido con el que tiene una alianza. Otros dicen que los votos del PCN y PDC irán a sus respectivos sustitutos, Concertación Nacional y el Partido de la Esperanza, respectivamente, ya listos para iniciar la justa electoral manteniendo los mismos colores, las mismas bases, las mismas estructuras y los mismos dirigentes de siempre. Y un tercer grupo sostiene que los tres magistrados ordenaron la cancelación porque de alguna manera esta beneficiará al FMLN. En todo caso, la deuda política, es decir, el dinero que le da el Estado a los partidos con base en los resultados de las últimas elecciones, es lo único que mantiene al PDC y al PCN peleando por no desaparecer.

Estos análisis y reflexiones tienen en común que se hacen desde la perspectiva de la conveniencia partidaria y no desde la búsqueda del bien de la mayoría de la sociedad salvadoreña. Es necesario, pues, trascender ese marco. La novela del PCN y del PDC es fiel reflejo de uno de los problemas de fondo de El Salvador: la partidización de las instancias del Estado. Al estar conformado el Tribunal Supremo Electoral por representantes de los partidos políticos, lo que en la práctica sucede es que se encomienda a los partidos que se juzguen a sí mismos, que sean jueces y parte. Esto, como indica el sentido común, es imposible de realizar sin que pierda la justicia más elemental. Por ello, la problemática cancelación del PCN y el PDC confirma la urgente necesidad de una reforma política integral y profunda que despartidice las instituciones públicas, promueva el respeto irrestricto a la ley y posibilite que la democracia se abra paso en nuestro país.