Territorios en pausa: crisis municipal

Históricamente, las municipalidades han sido espacios clave para la articulación del desarrollo local en El Salvador. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se promovió un modelo de descentralización que buscaba fortalecer la autonomía territorial, la participación ciudadana y la capacidad de respuesta a las necesidades comunitarias. Sin embargo, en los últimos años, este modelo ha experimentado transformaciones profundas; reformas institucionales, cambios en la asignación de recursos y nuevas dinámicas de gobernanza han modificado el papel de las alcaldías, generando una percepción ciudadana cada vez más crítica sobre su desempeño.

Entre 2021 y 2023, El Salvador experimentó una reorganización significativa de su sistema municipal: se eliminó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), que históricamente había sido la principal fuente de financiamiento para las alcaldías; y la Ley Especial para la Reestructuración Municipal redujo el número de municipios de 262 a 44. Estas decisiones implicaron una redistribución de funciones, recursos y competencias, que afectó directamente la capacidad operativa de los gobiernos locales.

Además, se fortaleció el papel de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una institución creada por el Ejecutivo para impulsar proyectos de infraestructura en todo el país. La DOM asumió funciones que antes estaban en manos de las alcaldías, como la construcción de calles, escuelas y espacios públicos. Aunque esta centralización ha permitido una ejecución más rápida de ciertas obras, su desempeño también ha generado interrogantes sobre el futuro de la autonomía municipal y la participación ciudadana en la definición de prioridades locales.

Los datos del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA muestran una tendencia clara en la evaluación ciudadana del trabajo municipal. Desde 2019 hasta 2025, las calificaciones promedio otorgadas por la población a las municipalidades han sido consistentemente reprobatorias. En 2019, la nota fue de 5.68, y desde entonces ha descendido con altibajos: 4.93 en 2020, 4.79 en 2021, una leve recuperación en 2022 con 5.47, seguida por una nueva caída en 2023 (4.80) y el punto más bajo en 2024, con apenas 4.08. En 2025, la calificación subió ligeramente a 5.13, aunque sigue por debajo del umbral de aprobación.

Los datos sugieren un malestar ciudadano creciente, caracterizado por la insatisfacción con los servicios municipales y con la información disponible sobre las obras locales, y una persistente sensación de abandono en ciertos territorios. Al consultar a la población sobre la calificación que otorga a la DOM tras cuatro años de funcionamiento, el resultado revela una aprobación modesta, con una nota promedio de apenas 6.21. Esta cifra sugiere una percepción crítica y una expectativa insatisfecha respecto al impacto de la institución en la vida cotidiana de las comunidades.

La transformación del modelo municipal tiene implicaciones importantes para el desarrollo territorial. En primer lugar, la reducción del número de municipios ha generado desafíos administrativos, especialmente en las áreas rurales, donde la distancia entre comunidades y cabeceras municipales ha aumentado. Esto puede afectar el acceso a servicios básicos, la representación política y la articulación comunitaria, debilitando los vínculos entre ciudadanía e instituciones locales. En segundo lugar, la eliminación del Fodes y —más recientemente— del Fondo de Apoyo Municipal ha limitado la capacidad financiera de las alcaldías, dificultando la ejecución de proyectos propios y la atención a demandas locales. Aunque la DOM ha asumido parte de estas funciones, su enfoque centralizado puede no responder de manera adecuada a las particularidades de cada territorio.

Según la encuesta del Iudop realizada en 2025, el 46.6 % de la población considera que la reducción de estos fondos ha afectado de forma significativa el trabajo de las comunas, especialmente en áreas relacionadas con servicios básicos, becas y ayudas familiares. El mismo estudio señala que el 78?% de las personas encuestadas considera que su alcalde, alcaldesa o concejo municipal no ha cumplido las promesas de campaña en este primer año de gestión. Finalmente, la percepción ciudadana de insatisfacción hacia las municipalidades puede debilitar el tejido democrático local. La participación en cabildos abiertos, consultas comunitarias y procesos electorales municipales podría verse afectada si la población no percibe a sus gobiernos locales como espacios legítimos de interlocución.

Es claro que la situación actual de las municipalidades refleja una etapa de transición institucional; las reformas recientes han modificado el mapa territorial y la forma en que se ejecutan las políticas públicas locales. Sin embargo, la persistente reprobación ciudadana indica que el retroceso del desarrollo territorial es grande y hay mucho por hacer para fortalecer la gobernanza local, recuperar la confianza de la población y garantizar un desarrollo territorial equitativo y sostenible. Reconocer estos desafíos es el primer paso para construir un país donde lo local vuelva a ser sinónimo de cercanía y participación.