Tres años de excepción

El régimen de excepción, que comenzó con la justificación de un repunte brutal de homicidios, cumplió tres años de vigencia el 27 de marzo. Como legalmente no puede durar más de un mes, la medida se ha renovado 36 veces. El número de privados de libertad ha aumentado exponencialmente; se sabe que han sido detenidas en torno a 85 mil personas. La cantidad de homicidios, que venía reduciéndose notablemente desde que inició el primer gobierno de Nuevas Ideas, se mantiene a nivel de primer mundo y se ha convertido en el principal recurso propagandístico de Nayib Bukele.

Tres años es mucho tiempo. Al cabo de un año se había conseguido un efecto que le habría permitido a la PNC mantener lo alcanzado sin necesidad de régimen de excepción, sin los abusos que se estaban produciendo de un modo sistemático. Sin embargo, la medida continuó sin que se mejorara el número, la formación, la especialización y los recursos de la Policía. Se comenzó a usar el régimen como amenaza, especialmente en el mundo laboral y en el periodístico; y la enorme cantidad de detenidos paralizó de facto el sistema judicial, obligado constitucionalmente a proveer pronta y debida justicia. Algunas instituciones especializadas en derechos humanos calculan que hay unas treinta mil personas privadas de libertad que no tienen ningún vínculo pandilleril, a pesar de haber sido detenidas por la PNC bajo ese argumento. De ellas, una buena cantidad lleva más de dos años de cárcel sin juicio, sin acceso real a defensa legal, con prohibición de visita familiar y con frecuente maltrato.

El incumplimiento de artículos constitucionales (en especial, el 11 y el12) que consagran derechos básicos y el abandono en la práctica de tratados internacionales de derechos humanos agravan la situación. Y a ello se suma el inhumano encarcelamiento de venezolanos sin causa ni condena pendiente en El Salvador. Por más que se quiera defender lo indefendible, el respeto a los derechos fundamentales y un sentimiento básico de humanidad exigen la pronta revisión de la situación de los privados de libertad en el contexto del régimen de excepción y de los venezolanos presos en el Cecot. Los migrantes expulsados de Estados Unidos solamente por ser migrantes deben ser liberados de inmediato. Y los que tengan deudas pendientes con la ley deben ser juzgados, con todas las garantías legales, en el país en el que cometieron la falta.

El régimen de excepción ya no tiene razón de ser. Es absurdo seguirlo prolongando cuando ya se han conseguido los fines que se pretendían en un inicio. Hacer permanente un régimen de excepción solo lleva a la opresión y al irrespeto impune de los derechos de las personas. Suprimir el régimen de excepción no significaría regresar a la anterior dinámica de criminalidad. Las organizaciones delincuenciales que sembraban miedo y dolor están desarticuladas. La Policía Nacional puede y debe mantener la actual situación de seguridad pública sin recurrir a arbitrariedades y abusos. El cese del régimen daría pie a procesos judiciales creíbles y con garantías, y a la pronta liberación de miles de inocentes que sufren privación de libertad.