Unidad y acción

La historia muestra que las amenazas comunes unen a los diversos. Ejemplos sobran. Recientemente, en Israel se dio un pacto entre fuerzas tradicionalmente antagónicas (nacionalistas conservadores, centristas, pacifistas, partidos de derecha e izquierda) para formar un Gobierno de amplia coalición que permitiera sacar del poder a Benjamín Netanyahu, que ocupaba el cargo de primer ministro desde 2009. Para alcanzar el acuerdo, las partes involucradas en la coalición desarrollaron un proceso, no exento de complejidades y dificultades, que los llevó a supeditar sus diferencias al beneficio común.

En ese tipo de procesos es clave saber identificar el tiempo oportuno para lanzarse a la acción y evitar el fracaso. En Nicaragua, cuando los sectores tradicionalmente opuestos entre sí se dieron cuenta de que era necesario unirse ante el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya era demasiado tarde. El régimen ha perseguido y encarcelado, con acusaciones absurdas, a candidatos de izquierda, derecha y centro, a defensores de derechos humanos, ambientalistas, académicos, feministas y un largo etcétera. Hoy se piensa que una amplia colación nacional  hubiese sido más difícil de neutralizar.

En El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele ha demostrado que sigue, a pasos agigantados, la estela de su homólogo nicaragüense. Todo el que no avala su discurso y sus medidas es declarado enemigo y acosado. Ha cooptado toda la institucionalidad democrática de contrapeso. Con el voto de la gente, ha convertido a la Asamblea Legislativa en una sucursal de Casa Presidencial, y desde allí nombró a un fiscal general que no investiga la corrupción de los suyos y persigue a los opositores, y a magistrados de la Sala de lo Constitucional que avalan todos sus deseos y caprichos. Tarde o temprano caerá bajo su control la Corte de Cuentas de la República. Poco o nada queda ya  de los contrapesos propios de una democracia.

El último zarpazo del régimen va contra las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que trabajan promoviendo y defendiendo los derechos humanos, y velando por la transparencia y la democracia. Son las organizaciones e instituciones que el presidente incluye en lo que él llama “el enemigo interno”. El proyecto de ley “de agentes extranjeros” busca poner trabas legales y financieras a las voces que no corean el discurso oficial y exponen la realidad del país. Las multitudinarias marchas de septiembre y octubre mostraron que muchos ciudadanos y organizaciones perciben una amenaza común a sus derechos. El descontento crece. Sin embargo, a causa de las maniobras del Ejecutivo, muy pronto ninguna lucha ni reivindicación social será posible plantearla en un marco democrático. Es esto lo que está en juego. Y ello exige unidad y acción.