Una vez más somos víctimas en nuestro país de los efectos del cambio climático. Este año, el fenómeno nos ha afectado retrasando el inicio del período de lluvias. Y cuando estas entran, incrementan su intensidad, como es el caso de la depresión tropical que actualmente está afectando todo el territorio nacional. Estos efectos tienen siempre tristes consecuencias: la muerte de compatriotas soterrados por los derrumbes o arrastrados por las correntadas, y miles de damnificados que deben abandonar sus viviendas para refugiarse en lugares más seguros.
Estos desastres son causados por fenómenos naturales (un huracán, una depresión tropical o un terremoto) sobre los que el ser humano no tiene control alguno. Pero ello no significa que el desastre o el daño causado por los mismos sea también natural. Por esta razón, no debe hablarse de "desastres naturales", sino de "desastres socio-naturales"; desastres que generalmente afectan y causan mayor daño entre los sectores más pobres y vulnerables de la población. La tremenda desigualdad en nuestra sociedad ha llevado a que muchos de nuestros compatriotas vivan en zonas que no son aptas para ser habitadas. Así, cada lluvia pone en riesgo sus vidas, ya sea por estar al lado de ríos que se desbordan con facilidad, en laderas que se deslavan o porque sus viviendas son tan precarias que una lluvia de mediana intensidad las hace colapsar. La mayoría de las consecuencias negativas de los fenómenos climáticos pueden ser mitigadas si se dedican los recursos necesarios para disminuir la vulnerabilidad en las áreas más expuestas. Si el país fuera capaz de superar la pobreza y la exclusión, también superaría muchos de los efectos de estos fenómenos climáticos.
Aunque el ser humano no puede controlar los fenómenos naturales, sí puede trabajar para evitar los daños que estos causan. Por ello, la población de los territorios vulnerables, con el apoyo de la cooperación internacional y de un grupo de ONG, ha ido aprendiendo a enfrentar por sí misma los desastres y a tratar de minimizar los daños por medio de la gestión de riesgos y la debida organización. Sin estos esfuerzos a nivel local, sin la solidaridad entre unos y otros, hoy el país tendría que lamentar más daños y más víctimas por esta depresión tropical. Lastimosamente, esto no es noticia; quedarán en el anonimato muchos de los actores locales que gracias al trabajo constante han logrado organizar a los caseríos y cantones para enfrentar un desastre.
También las instituciones gubernamentales han ido aprendiendo a enfrentar este tipo de desastres. Es de felicitar el muy buen trabajo que está realizando Protección Civil y el empeño que ha puesto en tratar de atender a las víctimas con rapidez. También merece felicitación la coordinación y colaboración entre los diferentes entes gubernamentales, que ha permitido una mayor eficacia en la atención a los damnificados.
Desde hace varios años, nuestro país cuenta con una ley para la atención a los desastres que no se aplica debidamente. Aunque la ley no es perfecta —pone mucho más énfasis en la atención a las emergencias causadas por los desastres que a la prevención y mitigación de los riesgos—, es un instrumento legal que debe ser cumplido para evitar daños. Desde hace tiempo, varios grupos de la sociedad reclaman la modificación de dicha ley para que dé a la prevención y mitigación la debida importancia, y con ello se disminuya la vulnerabilidad de la población ante fenómenos que cada vez son más frecuentes. También se ha solicitado incrementar el fondo de atención a los desastres para contar con los recursos suficientes. Hasta la fecha, los políticos no han hecho caso a ninguna de estas demandas.
Los fallos más importantes en la atención y prevención de los desastres se dan en los municipios. Muchos de estos no le han dado al tema la importancia que merece. En muchos todavía no se ha trabajado conjuntamente con la población, tal como la ley lo exige, y no se han instalado las distintas comisiones que son necesarias para enfrentar con éxito un desastre. Para organizar a la población, para elaborar los mapas de riesgo a nivel de cada caserío, cantón y municipio, se necesita la colaboración entre los lugareños y los técnicos municipales. Esta tarea está pendiente en muchos de los municipios de nuestro país. La realidad nos enseña que nuestro territorio es cada vez más vulnerable ante el cambio climático y que es necesario poner todos los medios adecuados y a nuestro alcance para prevenir los efectos del mismo. Es necesario evaluar los riesgos, disminuir la vulnerabilidad y evitar los daños lo más que se pueda.
Desgraciadamente, en unas semanas finalizará el invierno y se olvidará mucho de lo que este nos ha enseñado. Los damnificados volverán a sus hogares y la vida continuará como si nada hubiera pasado. Ojalá que en esta ocasión aprendamos y durante el verano se trabaje para que en el próximo invierno nuestro país esté más preparado y sea menos vulnerable.