Ausencia de justicia

Hace poco se publicó un resumen de las 228 observaciones que el Estado salvadoreño recibió a finales de 2024 en el examen de derechos humanos que la ONU realiza periódicamente en todos los países. Las recomendaciones giran en torno a cuatro temas. El primero lo titulan “Fortalecer el sistema de justicia”; los otros tres son “Garantizar el derecho a la igualdad”, “Mejorar los mecanismos nacionales de derechos humanos” y “Ampliar el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la seguridad social”. Si bien los tres últimos responden a problemas que en el país vienen de lejos y que siguen sin resolverse, el fortalecimiento del sistema de justicia, también un tema de vieja data, tiene hoy connotaciones nuevas que justifican su posición destacada en el resumen.

En efecto, los 40 meses de vigencia del régimen de excepción han mostrado de modo evidente la incapacidad del sistema de justicia, el irrespeto a la Constitución y la falta de apego al derecho convencional. A la lentitud, corrupción y desigualdad en el trato judicial se suman las numerosas detenciones ilegales, la incapacidad de investigar y enjuiciar desde parámetros y estándares internacionales, y la despreocupación sistemática en el ámbito de los derechos humanos. Según la publicación de las Naciones Unidas, el Estado salvadoreño “acepta plenamente” la necesidad de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, el acceso a un abogado y la posibilidad de recurrir la detención. Se compromete, además, a investigar la violación de derechos humanos durante el tiempo de privación de libertad y a aplicar políticas que reduzcan el hacinamiento en las cárceles. Y toma nota de la petición de un buen número de países de permitir la visita familiar a los detenidos.

Seis meses después de estas respuestas estatales, ninguna de ellas se ha cumplido; más bien, la situación de irrespeto generalizado al debido proceso y a los derechos humanos se ha agudizado. Si en el ámbito internacional se declaran buenos propósitos, en el interior del país permanece el discurso contra los derechos humanos y el empecinamiento en mantener detenidos y aislados, sin posibilidad de defensa, a un buen número de salvadoreños. Que una persona privada de libertad durante casi tres años carezca de defensa legal efectiva es equivalente a un secuestro, por mucho que ello se pretenda justificar con excusas de seguridad ciudadana. Un sistema judicial que no tutela efectivamente los procesos legales vulnera claramente el debido proceso. En un país en verdad democrático y obediente a la Constitución, mantener personas detenidas y encarceladas por largo tiempo sin que puedan entrevistarse con un abogado defensor y sin que se realice juicio llevaría a la nulidad del proceso.

En la medida en que este tipo de hechos se prolongan, es cada día más fácil que cualquier poder establecido —ya sea formal o informal— abuse de las personas. Las recientes detenciones de defensores de derechos humanos empeoran una situación que hace poco más de medio año generó críticas por parte de la ONU. Si no se escucha a la sociedad civil ni se revierte un régimen de excepción que con regularidad muestra nuevas formas de crueldad, no habrá futuro decente ni sana convivencia.