Las elecciones de segundo grado

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La nueva legislatura tendrá que comenzar pronto a pensar en nuevo Fiscal, nuevos miembros de la Corte Suprema, Procurador General, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Presidente de la Corte de Cuentas. Sobre el Fiscal se oyen algunas voces recomendando calma y procesos lentos. Más allá de las discusiones sobre la constitucionalidad de lo actuado por la Fiscalía, lo cierto es que el cargo de Fiscal cubre un período corto de tres años. Atrasar el nombramiento recorta todavía más su tiempo de trabajo. A una institución que tiene el monopolio de la acción penal no conviene dejarla mucho tiempo sin una cabeza que planifique acciones, que tome decisiones duraderas, que forme equipo. Máxime cuando la criminalidad en el país tiene rasgos de epidemia y las amenazas contra la estabilidad del Estado, a pesar de algunas detenciones recientes, siguen siendo fuertes. Tener criterios claros y públicos de elección ayudaría a un proceso donde la rapidez y la satisfacción ciudadana se podrían conjugar felizmente. Dialogar con la sociedad civil, escucharla, mantener el debate sobre personas y criterios con apertura y transparencia ante la ciudadanía proporcionaría mucha más confianza a las decisiones de la Asamblea. Este tipo de proceso vale también para el debate previo a la elección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema.

En el caso de la Corte Suprema el asunto se torna de interés nacional. Se trata de un poder del Estado. Y dejar la elección para última hora es una grave irresponsabilidad. Que la Corte, lenta, burocrática, muchas veces arbitraria y con poco criterio jurídico, esté retrasando la posibilidad de elegir magistrados, ni es justo ni es decente. Aducir el amparo de una persona que insiste en que no la dejaron participar en el proceso de candidaturas no es suficiente. Porque los magistrados ante un caso así deben proceder con celeridad y responder a ese amparo cuanto antes, sin interferir en un proceso en el que el tiempo se le debe dar a la Asamblea y no al sistema judicial. En un país como el nuestro, con institucionalidad débil, con poca credibilidad de las instituciones, este tipo de juego no es más que un nuevo acto de irresponsabilidad de la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría General de la República ha sido generalmente la fea del grupo. Con poca dotación económica, en general sus titulares han desempeñado un papel suficientemente bueno para los recursos con los que cuentan. Tanto la Asamblea como el Ejecutivo deben pensar en reforzar presupuestariamente a esta institución. Y seguir contando en ella con personas competentes. La institución atiende en general a víctimas y a gente sin recursos. Dar un mejor servicio a este tipo de personas es indispensable para un Estado de derecho. Y todavía hay ejemplos de gente demasiado deficiente dentro de la institución, aunque la dirección haya sido básicamente decente. Mejor dotación de recursos y mayor exigencia en el cumplimiento de funciones es un imperativo ético.

Del Tribunal Supremo Electoral sólo hay que decir que los diputados de la Asamblea recién pasada perdieron intencionalmente la oportunidad de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales. La falta de ética de los señores diputados es notable, dado que incluso el Presidente de dicho Tribunal estaba pidiendo públicamente esa separación. Prefieren enzarzarse en lo coyuntural que pensar con seriedad en las necesidades del Estado y de la ciudadanía. O, tal vez con mayor exactitud, prefieren no pensar más que en sus propias conveniencias.

Y finalmente la perla negra de las instituciones del Estado, la Corte de Cuentas. Con el perfecto diseño de la mayoría simple para poder manipular bien la elección del magistrado presidente, esta institución concentra la mayor debilidad del Estado salvadoreño. La negociación y la corrupción política andan de la mano en esta elección desde 1983. Si el color azul se dice que es el color de la esperanza, en el caso de la presidencia de la Corte de Cuentas es el color de la esperanza frustrada. No habrá transparencia ni confianza mientras el azul siga controlando monopólicamente la institución. Una institución que debía tener como presupuesto básico que quien la presidiera no fuera miembro de ningún partido político, sino un profesional con un currículo donde el conocimiento y la honradez estuvieran de la mano, no de las manitas.

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