Nuevo llamado a la responsabilidad, al diálogo y al cumplimiento de la ley

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20/04/2020

En estos momentos cruciales que vive el país, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cumpliendo con su deber de iluminar la realidad y promover formas de comportamiento y de convivencia social fundamentadas en el pleno goce de los derechos humanos, la solidaridad y la justicia social, presenta a la opinión pública la siguiente reflexión.

La pandemia del covid-19 pone en riesgo la vida humana por ser una enfermedad con un alto nivel de contagio y que aún es desconocida en muchos aspectos, especialmente en lo relativo a su tratamiento. Ello ha llevado a los Gobiernos alrededor del planeta a tomar medidas, en la mayoría de los casos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las cuales buscan disminuir al máximo la transmisión de la enfermedad y tratar a los enfermos con las limitadas condiciones sanitarias que se tienen, disminuyendo así el número de fallecidos.

En ese marco, El Salvador ha tomado medidas que han sido oportunas y eficaces para contener la enfermedad: cierre de fronteras, implementación de centros de cuarentena, distanciamiento social, cese de las actividades económicas no esenciales y adopción de hábitos personales para la prevención. Medidas que exigen el compromiso de todos los ciudadanos y sectores sociales, acatando su cumplimiento, a fin de reducir los contagios y la pérdida de vidas humanas.

 

Decisiones contraproducentes y negativa al diálogo

Al Gobierno de la República le corresponde la delicada tarea de liderar la lucha contra la pandemia. Para ello se requiere conformar un equipo capaz, con un alto nivel de organización, conocimiento y experiencia en este tipo de eventos; buscar a los mejores asesores en las áreas de salud pública y epidemiología; tomar en cuenta todos los aspectos de la crisis, tanto sanitarios como económicos. Asimismo, debe tener en cuenta la realidad del país; en particular, la realidad de los hogares de la mayoría de salvadoreños, los cuales no siempre tienen las condiciones necesarias para cumplir con las medidas de distanciamiento social ni acatar el cese de la actividad económica que les garantiza su sobrevivencia.

La situación que vivimos exige madurez política y sabiduría para encontrar un sano equilibrio entre el cumplimiento de las medidas definidas y el respeto a la dignidad de las personas. Toda decisión de las autoridades, ya sea la Asamblea Legislativa, las municipalidades, el poder judicial o el Ejecutivo, debe respetar los derechos contemplados en la Constitución. El Gobierno debe actuar con celeridad, pero también con la lucidez y la sensatez que exigen los tiempos de emergencia, sin caer en la tentación de actuar al margen del Estado de derecho.

Sin embargo, a medida que han ido pasando los días, hemos observado que el Gobierno de Nayib Bukele, en nombre de defender la salud y la vida de la población, ha tomado decisiones contraproducentes o lesivas de los derechos humanos. Por ejemplo, la ayuda económica, buena en sí misma, se entregó de manera inapropiada, poniendo en peligro la vida de personas al favorecer el contagio. En algunos centros de contención se ha retenido a las personas más allá del tiempo establecido para la cuarentena y no se entregan los resultados de las pruebas. Se ha privado de libertad a más de dos mil personas acusadas de no respetar la cuarentena, sin darles opción de defensa alguna. Se ha abusado de la autoridad al confinar a una ciudad entera, el puerto de La Libertad.

Se ha desprotegido a los trabajadores de la salud al no entregarles los implementos de protección necesarios y al organizar deficientemente la atención a los sospechosos de haber contraído el virus. Se ignoran las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y se irrespeta la autoridad del fiscal general y del procurador de derechos humanos. Además, se ha promovido un discurso apocalíptico que genera pánico entre la población, en lugar de orientar y educar a la ciudadanía para que adopte las mejores prácticas para prevenir la transmisión del covid-19.

Como demuestra la historia, las crisis pueden ser utilizadas para socavar la democracia. Las emergencias les hacen por lo menos tres favores a los líderes con tentación autoritaria. Primero, les generan el apoyo de la población, sobre todo cuando se infunde pánico; segundo, silencian la oposición, pues la crítica puede ser condenada con facilidad y considerarse hasta antipatriótica; y tercero, flexibilizan los límites constitucionales normales. Por ello, las emergencias pueden brindar una justificación que parece legítima —y a veces popular— para concentrar el poder y suprimir derechos.

Acusar de estar en contra de la vida y querer la muerte de nuestros compatriotas a todos los que consideran que la crisis sanitaria debe enfrentarse respetando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución es una forma populista y autoritaria de desacreditar al que piensa distinto y querer imponer el pensamiento único. En este contexto, se requiere lo contrario: apertura al diálogo científico, social y político para buscar las soluciones más adecuadas a la pandemia. Lamentablemente, no se ve en el Gobierno ningún interés en propiciar algún tipo de diálogo; su voluntad está puesta en imponer una única visión del problema y de su solución.

 

Deberes institucionales

Ante las actuaciones que socavan los principios democráticos y el Estado de derecho, es fundamental recordar que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento; no acatarlas es violentar la legalidad vigente. Un gobernante que decide no acatar las resoluciones emanadas del poder judicial o irrespetar la Constitución se queda sin autoridad moral para exigirles a los ciudadanos el cumplimiento de leyes y decretos.

Por su lado, la Fiscalía General de la República tiene la misión de velar por el cumplimiento de la ley y actuar de oficio ante aquellos que la violenten, actuando en todo momento en defensa de los legítimos derechos de los ciudadanos, sin importar quién sea el que incumple la ley. En esta coyuntura, el fiscal general debe hacer valer su autoridad y cumplir con su misión.

Es claro que el decreto 19 del ramo de salud le otorga al Gobierno atribuciones que no le corresponden. Se puede sancionar a los que incumplen la cuarentena domiciliar, pero ello debe hacerse de acuerdo a la ley, manteniendo un equilibrio entre el derecho a la libertad y el derecho a la salud, y siguiendo el debido proceso. Así como la preservación de la salud es prioritaria, también el respeto a los derechos humanos. Ello en ningún momento es contradictorio o excluyente.

Las libertades de prensa, expresión y opinión son fundamentales para una vida en democracia y para la convivencia armónica de una sociedad. Conseguir el respeto a estos derechos costó la vida de muchos salvadoreños. Sin embargo, el Gobierno excluye y desprestigia al que piensa distinto y en Internet las redes de troles afines al discurso oficial insultan sistemáticamente a los ciudadanos (especialmente si son mujeres) y sectores críticos. Esto es intolerable y debe ser denunciado. En la misma línea, es inaceptable la política de descalificar a los medios de comunicación que no se casan con la narrativa gubernamental.

El Gobierno tiene el deber de garantizar estas libertades. No puede seguir ocupando el aparato estatal de inteligencia para perseguir a los que difieren de sus políticas y puntos de vista. Más bien su obligación es controlar a aquellos que atentan contra estos derechos denigrando, insultando, incitando a la violencia, incluso amenazando de muerte. Las advertencias y aprehensiones hacia aquellos que manifiestan ideas contrarias al discurso oficial se han convertido en una de las denuncias más frecuentes por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En este crítico momento, es amoral aprovechar la emergencia para generar mayor división social y obtener beneficios partidarios. La complejidad de la crisis sanitaria, y de la crisis económica que va unida a ella, debería hacer caer en la cuenta al presidente que este es el momento oportuno para sumar esfuerzos con todos los poderes y sectores de la sociedad. La actitud confrontativa del mandatario, su agresividad contra todo grupo u organización que cuestiona sus opiniones y decisiones, contradice su discurso de ser un gobernante que se preocupa por sacar al país adelante.

 

Tarea de todos

Para que no se sigan cometiendo actos indebidos y proteger a fondo la vida, salud y derechos fundamentales de los salvadoreños, debe sancionarse la Ley Especial para Proteger los Derechos de las Personas durante el Estado de Emergencia Decretado por la Pandemia Covid-19, aprobada por la Asamblea Legislativa. En términos generales, dicha ley responde a lo exigido por la Sala de lo Constitucional en sus últimas resoluciones.

El Gobierno ha dicho que esta normativa busca limitar su margen de actuación y no le permitirá tomar las medidas necesarias para combatir la pandemia. Sin embargo, lo que la ley pretende es dotar de seguridad jurídica a la sociedad salvadoreña, impidiendo que se abuse de la autoridad y vulneren los derechos humanos. Además, establece la obligatoriedad de que las decisiones y acciones gubernamentales tengan una base médico-científica comprobable. Los pesos y contrapesos inherentes a la democracia no son una camisa de fuerza ni deben ser vistos como un estorbo a la voluntad del gobernante, sino como el camino para encontrar soluciones con mayor probabilidad de éxito.

Por otra parte, insistir en un horizonte apocalíptico no resolverá la crisis. Lo adecuado es proporcionar información y educación sanitaria siguiendo lo aconsejado por los organismos internacionales. Y para ello hay que apoyarse en los medios de comunicación, desarrollando una campaña educativa inteligente que fomente la colaboración responsable de la ciudadanía y anime a mantener la esperanza y la unidad en la lucha contra la pandemia.

Tampoco se puede dejar a un lado la situación económica de miles de familias salvadoreñas que comen de lo que ganan al día, han perdido su empleo y que ya están pasando hambre y grandes necesidades. Ellas deben ser el centro de la política pública, a fin de que puedan garantizar su sustento y cumplir con rigurosidad las medidas sanitarias necesarias para preservar la vida. Se debe ayudar a quien lo necesite, sin distingo de colores partidarios ni de ninguna otra clase.

En estas circunstancias, todas las salvadoreñas y salvadoreños deben también actuar con responsabilidad y sabiduría, velando por la salud propia y ajena, buscando en todo momento el bien común, y de ser necesario sacrificando el propio bienestar en beneficio de los demás. Todo adulto tiene el deber de informarse sobre la magnitud de la crisis y el peligro real de esta enfermedad, sin caer en la desesperanza ni en el alarmismo. Y todos debemos estar alertas para que la crisis no se aproveche para conculcar derechos fundamentales y desconocer la institucionalidad política nacional. Solo juntos, actuando responsable y solidariamente, y respetando la ley, podremos salir adelante.

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