Un marco jurídico roto

Hace más de tres meses, Estados Unidos deportó a 234 venezolanos y los envió al Cecot, gracias a un acuerdo con el Ejecutivo salvadoreño. Se dijo que los deportados eran criminales pertenecientes al Tren de Aragua. Desde su llegada a El Salvador, quedaron incomunicados, sin que nadie supiera cuál era su situación jurídica. No tardó en saberse que la mayoría no eran delincuentes, sino simplemente migrantes. Incluso algunos de ellos habían huido del régimen autoritario y represivo de Maduro, y estaban solicitando asilo cuando la policía migratoria estadounidense los capturó. Los esfuerzos de los familiares, que pusieron abogados para defenderlos y que llegaron al país para visitarlos y saber de ellos, fueron inútiles. Recientemente, doce expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas le escribieron a Nayib Bukele pidiéndole que aclare la situación jurídica y de salud de los venezolanos. Y advirtiéndole que se puede estar incurriendo en el delito de tortura y desaparición forzada.

La total falta de información sobre la situación de los venezolanos encarcelados en el Cecot y sobre los detalles del acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos permite hablar de detenciones ilegales y de una violación sistemática de la Constitución salvadoreña y de tratados internacionales ratificados por nuestro país. La situación se ha complicado todavía más debido a que la Sala de lo Constitucional, ante peticiones de habeas corpus en favor de los venezolanos, ha contestado con prevenciones dilatorias y absurdas; por ejemplo, preguntó a los abogados de los detenidos si habían consultado en Estados Unidos la situación jurídica de sus defendidos, a pesar de que el problema jurídico en cuestión está claramente acá.

La preocupación por el Estado de derecho aumenta ante el encarcelamiento de personas que defienden la necesidad de una mayor fidelidad a la Constitución y a los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Las irregularidades vividas por los venezolanos se han extendido hacia los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con poca sustancia en las acusaciones, los casos contra los defensores son declarados en reserva total, se les suspende en la práctica la presunción de inocencia, se les mantiene encarcelados y se dificulta la defensa técnica. El Estado salvadoreño parece no saber que la personalidad jurídica de los detenidos no puede suspenderse ni siquiera en tiempo de guerra o desastre, como bien dice la Convención Americana de Derechos Humanos. El régimen de excepción es utilizado de tal manera que debilita e incluso rompe en ocasiones el marco jurídico constitucional y convencional de El Salvador. Ante esta situación, ¿qué hacer? La Conferencia Episcopal de El Salvador pidió suspender el régimen de excepción, cesar la persecución de defensores de derechos humanos y evitar que el país se convierta en una cárcel internacional.

No debe olvidarse que la tortura es un delito de persecución internacional y que la desaparición forzada, aunque sea temporal, no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. La alta popularidad en las encuestas y la habilidad de mantenerla no eliminan las consecuencias que ciertas medidas tienen en el Estado de derecho y en el futuro de quienes las promueven. Reflexionar, dialogar, respetar la seguridad jurídica de las personas y restaurar el orden constitucional son tareas tan pendientes como necesarias. Los marcos jurídicos rotos solo ofrecen desorden, abusos e incertidumbre.