"Las víctimas tienen las heridas abiertas"

Más de una década de conflicto armado e innumerables violaciones a los derechos humanos dañaron el tejido social en El Salvador. Estas fisuras se acentuaron cuando, en 1993, el Gobierno de turno declaró la amnistía general sin antes haber esclarecido las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas cometidos entre 1980 y 1992 por el Ejército y por la guerrilla. Así, desde el Estado se protegió a los victimarios y se ignoró el dolor de las víctimas.

Frente a realidades políticas como la salvadoreña, a finales de los ochenta y principios de los noventa surgen dos corrientes jurídicas que buscan responder a las demandas insatisfechas en casos de violaciones a derechos humanos en América Latina y Europa oriental.

Por un lado, la justicia transicional, cuyo objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia, consiste en una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los derechos humanos. El énfasis está en la búsqueda de mecanismos que posibiliten dar el paso de un estado de guerra a un estado de paz.

Por otro, la justicia restaurativa es una respuesta sistemática frente al delito, que enfatiza en la sanación de las heridas causadas o reveladas por el mismo en víctimas, delincuentes y comunidades. Es decir, insiste en que la justicia sirva para reparar los daños causados y que las partes se involucren en el proceso, y no necesariamente en castigar con dureza a los victimarios.

Casos exitosos a nivel mundial dejan clara la eficacia de estas nuevas formas de concebir y, sobre todo, aplicar la justicia. Luego del genocidio de Ruanda (1994), en el que murieron más de un millón de personas, se realizó un esfuerzo de justicia doméstica sin dejar de lado las leyes y convenios internacionales. La comunidad tenía el poder de elegir a los jueces, quienes a su vez podían considerar imponer penas reducidas de servicios comunitarios si el agresor se declaraba culpable y pedía perdón.

Otro ejemplo es el de Timor Oriental, donde se creó la Comisión para la Respuesta, la Verdad y la Reconciliación, encargada de investigar y esclarecer los crímenes cometidos durante la represión, entre 1974 y 1999. Los responsables de transgresiones menores pudieron participar de un proceso de reconciliación comunitaria.

Con ese espíritu de auténtica sanación y pacificación social nace el Tribunal de Justicia Restaurativa en El Salvador, promovido por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). El primer ejercicio se realizó del 25 al 27 de marzo de 2009, en la capilla de la Universidad. Durante esos tres días, juristas internacionales y testigos de hechos de violencia en el país conformaron el tribunal, el cual, el 24 de abril, dictó una sentencia que hizo constar el nulo papel del Estado salvadoreño en la dignificación de las víctimas de la guerra civil.

Según Benjamín Cuéllar, director del Instituto, el Tribunal de Justicia Restaurativa pretende retomar el espíritu del informe de la Comisión de la Verdad, que ha sido enterrado bajo una política gubernamental de olvido. "Las víctimas tienen las heridas abiertas, aún no han podido sanar porque no han sido escuchadas. Los victimarios se curan los raspones rápidamente con amnistías, enriqueciéndose, y con puestos en el Gobierno", declara Cuéllar.

Y es que en este punto reside la importancia de las prácticas socio-jurídicas antes mencionadas. Pues si bien sus sentencias no son vinculantes, sí permiten identificar responsables; generar propuestas de políticas y garantías de protección de los derechos humanos; desvelar y conocer la verdad sobre crímenes del pasado; y pujar por el buen funcionamiento de las instancias oficiales.

Próximamente, del 8 al 10 de abril, se llevará a cabo el segundo ejercicio de justicia restaurativa, nuevamente en el marco del Festival Verdad. En esta ocasión, el escenario será Suchitoto, pues "es una tierra de mártires, de víctimas que sufrieron los embates de la guerra", explica Cuéllar. Afirma, además, que es tiempo de acercar este tipo de esfuerzos a la gente que más lo necesita, la que está en los caseríos, en los cantones. Aquella que aún no ha sido atendida, aquella que ha sido marginada de la justicia y la verdad.

Junto al IDHUCA, en el esfuerzo del Tribunal de Justicia Restaurativa participan el Departamento de Psicología, Radio YSUCA y Audiovisuales, entre otras unidades de la Universidad; también la Coordinación de los Comités de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y el Comité de Presos Políticos de El Salvador (COPRES).