Caminando hacia la justicia

Entre 1979 y 1991, cerca de 75 mil salvadoreños, en su mayoría civiles, fueron asesinados durante el conflicto armado que enfrentó al país. En esos años, Chalatenango fue uno de los departamentos más golpeados por los choques entre la guerrilla y el Ejército, principalmente el municipio de Arcatao, donde se calcula fueron masacradas por los militares unas 1,200 personas. Los caseríos El Sitio y Los Dubones, y el cantón Cerro Grande fueron convertidos en cementerios clandestinos donde se enterró a las víctimas de esas masacres.

Antes estos hechos y en la lucha por hacer justicia, en 2005 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Comité de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el Conflicto Armado, el IDHUCA y un grupo de familiares iniciaron un proceso para conocer la verdad y dar digna sepultura al menos a una pequeña parte de los asesinados.

Dos años después, se empezó a tomar declaraciones juradas a los parientes que aceptaron formar parte del proceso (por los traumas, siguen siendo pocos los que deciden escarbar en la historia para dar con sus familiares desaparecidos y exigir justicia) y se procedió a recabar pruebas, con el fin de conseguir la orden de exhumación de los cuerpos. Pedro Martínez, abogado del IDHUCA, explica que los datos se presentaron a la Fiscalía General de la República en abril del año 2009. No obstante, fue hasta enero de 2010 que la Fiscalía y el Juzgado de Paz de Arcatao acordaron exhumar los restos de Israel Flores Ortega, Óscar Ortega, José Sabas Monge, Rafael Rivera Castillo, Dionisia Serrano Martínez, Manuel de Jesús Serrano, María Juana Martínez, José Adrián Ábrego y Juana Rivera Serrano.

Concluido el proceso de identificación legal, el 28 de septiembre, el Instituto de Medicina Legal entregó los cuerpos a sus familiares. Para María Rivera Castillo, hermana de Rafael Rivera Castillo, ese momento puso punto final a una larga y dolorosa espera. "Tenemos mucho tiempo de estar tratando de sacar a nuestros seres queridos de esos cerros, que estaban en el olvido, en la impunidad", dice.

Los restos fueron trasladados a la capilla de la UCA, donde se ofició una misa de cuerpo presente. Durante la homilía, Andreu Oliva, vicerrector de Proyección Social, retribuyó a los familiares por su búsqueda de justicia: "Felices aquellos que no callarán su voz para denunciar la maldad... Ustedes no han callado toda la injusticia, ni la que se vivió en aquellos años, ni la que se ha vivido en la actualidad de El Salvador. Ustedes siempre han tenido presente a sus víctimas, han reclamado los derechos de ellos y han buscado también abrir caminos para la justicia (...) para poderse reconciliar con esta historia. Ustedes han llorado cuando supieron la muerte de sus familiares, han sido pacientes tantos años hasta lograr el propósito que tenían".

En la eucaristía, el sacerdote también agradeció a los familiares y a los pobladores de Arcatao por compartir ese acto con una universidad que "ha estado y quiere estar siempre al lado de los pobres, al lado de la lucha por la justicia, al lado de la transformación de El Salvador".

Posteriormente, los cuerpos fueron transportados a Arcatao, donde se inhumaron en un mausoleo diseñado para recordar a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos del conflicto armado y donado por la Iglesia católica local.

Con la exhumación de los cuerpos ha concluido la primera etapa del proceso de reparación moral y dignificación de estas víctimas. Silvia Cuéllar, abogada del IDHUCA, advierte que aún falta "determinar cómo sucedieron los hechos y juzgar a los autores materiales e intelectuales de dichos delitos, que han estado en la impunidad". Por ello, Medicina Legal tendrá que remitir al Juzgado de Paz de Arcatao un informe que detalle las causas y fechas de las muertes, para poder así seguir con la investigación.