Ante el manejo de la situación de violencia e inseguridad, la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), desde la inspiración cristiana que la compromete con la transformación estructural de la realidad del pueblo salvadoreño, expresa las siguientes consideraciones.
- La UCA celebra el cumplimiento inmediato de la sentencia de la Sala de lo Constitucional 4-2012, que declaró inconstitucionales los nombramientos de militares al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de la Policía Nacional Civil (PNC). Y considera que esa sentencia constituye, más que una decisión política o jurídica, una oportunidad para revisar la política de seguridad y reforzar la institucionalidad del país. Sin embargo, los nuevos nombramientos al frente de la seguridad pública indican que no habrá cambios de fondo en la política que se implementó con los titulares anteriores.
- La violencia e inseguridad que hoy padece la sociedad salvadoreña tienen causas profundas y estructurales; por ende, toda medida que pretenda combatirlas ha de ser también estructural. La raíz de la violencia en sus diversas manifestaciones está en la desigualdad económica y social producida por un sistema estructuralmente violento, que empuja a su gente fuera del país o hacia las sendas torcidas del crimen, y que se resiste a reformas de equidad básica, incluso en el sistema tributario. Un sistema que considera como un dios al dinero y cuya dinámica hace crecer desmesuradamente los beneficios de una pequeña minoría, mientras disminuyen dramáticamente las posibilidades de bienestar de la mayoría.
- Los Acuerdos de Paz de 1992 representaron una oportunidad para cambiar la concepción de la seguridad pública y diseñar una política criminal con enfoque de derechos humanos, esencial para el proceso de pacificación basado en la democratización, el irrestricto respeto a los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña, según quedó establecido en el acuerdo de Ginebra. Lamentablemente, esta oportunidad ha sido desaprovechada por todos los Gobiernos de turno. Se han mantenido en la impunidad las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra. En todos estos años, no se ha invertido lo suficiente en la PNC, se le ha manipulado políticamente y no se le ha dotado de la capacitación ni de los recursos tecnológicos y humanos para la investigación criminal. Después de una esperanzadora reorientación de la Policía al inicio del actual Gobierno, el nombramiento de militares al frente de la seguridad pública supuso un grave retroceso en la depuración y concepción de la institución; retroceso del cual la corporación no se recuperará en el corto plazo ni solo con el hecho de nombrar nuevos titulares.
- Desde 1993, se ha usado a la Fuerza Armada en labores de seguridad pública, lo que se ha acentuado en el actual Gobierno al asignarle tareas que no le corresponden y para las cuales sus efectivos no han sido formados. La excepcionalidad del uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, considerada en el artículo 168, ordinal 12, de la Constitución, se ha convertido en una norma práctica permanente. Esta militarización de la seguridad pública es producto de la escasa reflexión acerca de sus efectos reales en la reducción del crimen y la violencia. Se ha asumido erróneamente que con manos y leyes duras podemos resolver el problema de la violencia, sin tocar a fondo el de la exclusión y la desigualdad. Es necesario reconocer que el Estado salvadoreño, históricamente, no ha adoptado medidas de prevención o políticas sociales que busquen enfrentar las causas y factores que condicionan el incremento de la violencia y la delincuencia.
- En los últimos años, las autoridades públicas han querido entender el problema de la violencia y la inseguridad de forma restringida, vinculándolo casi exclusivamente a las pandillas. A fuerza de repetición, se ha querido hacer creer que estas son la principal causa de la violencia en el país al atribuírseles, sin ninguna evidencia que lo compruebe, el 90% de los homicidios. Así, se ha dejado al margen de la discusión a otros grupos que, amparados en el anonimato y en la impunidad, protegidos por funcionarios del Estado, también están delinquiendo y causando zozobra en la sociedad. El accionar del crimen organizado, el de los grandes delincuentes del país, los que comercian con seres humanos, drogas y armas, ha sido prácticamente invisibilizado. Es a ellos a quienes les beneficia especialmente que se crea que los monstruos son las pandillas y que de ese modo se borren del imaginario colectivo sus responsabilidades. En esta línea, lamentablemente, la mayoría de reacciones a la sentencia 4-2012 han girado en torno a la continuidad o no de la tregua entre las pandillas, reforzando el supuesto de que estas son el principal actor que violenta a nuestro país.
- Son frecuentes las contradicciones entre los diferentes operadores de justicia. La falta de coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario mina severamente la eficiencia de la administración de justicia e imposibilita prevenir la violencia con un enfoque integral de seguridad pública. Concentrados en sus propios roles y funciones, no logran trabajar de la mano, lo que a la larga solo beneficia a quienes violentan las leyes.
- Cuando tienen éxito, las medidas represivas solo logran encarcelar masivamente a los delincuentes pobres, contribuyendo al hacinamiento de los centros penitenciarios, que se distinguen por sus condiciones inhumanas y degradantes. Las políticas represivas no tocan las causas de fondo, lo que propicia el surgimiento de nuevas y más sofisticadas formas de delinquir y de ejercer la violencia.
Por lo expuesto, la UCA hace un llamado al Gobierno, a las nuevas autoridades de seguridad pública, a las instituciones del sistema de justicia, a los candidatos a la presidencia de la República, a los partidos políticos y a toda la ciudadanía para que tomen en cuenta que:
- Combatir las causas de la violencia estructural trasciende las medidas cortoplacistas y no es tarea solo de un Gobierno, sino del Estado en su conjunto y de los diferentes actores sociales, participando con base en el diálogo y el mutuo respeto. Para que sea integral, toda política de seguridad pública debe tener elementos preventivos y punitivos, y articularse con políticas estratégicas de desarrollo humano: atención integral a la niñez, seguridad alimentaria y nutricional, educación con calidad, universalización del bachillerato y de la seguridad social, empleo digno, equidad de género y oportunidades para la juventud, entre otras.
- La base de una política integral de seguridad pública es la activa promoción de la inversión y del empleo decente, así como una política fiscal progresiva y centrada en la distribución de la riqueza que entre todos producimos. Sin estas políticas, no se logrará romper el círculo vicioso de la desigualdad social. Se debe comenzar ya a trabajar en el diseño e implementación de un sistema incluyente, tanto económica como socialmente, que permita aspirar a un desarrollo humano digno para la población; y en un aparato de justicia que garantice que todo ilícito sea castigado en proporción a la falta. Medidas concretas en esta línea son el financiamiento de un plan nacional de prevención de la violencia y uno de inclusión social para los pandilleros.
- Es necesario tratar de forma pública los asuntos que son de interés nacional. La llamada "tregua" entre pandillas es un asunto público que debe manejarse con total transparencia y de acuerdo a los principios propios de una democracia y un Estado de derecho. Bajo esta óptica, la tregua debe ser parte de un verdadero plan de pacificación social, en el que las pandillas renuncien a seguir captando miembros, a extorsionar y a controlar territorios. Aceptar la tregua entre las pandillas solo en función de reducir la tasa de homicidios deja por fuera las otras actividades ilícitas en las que estas organizaciones están involucradas y que pueden generar o generan más violencia. Este debería ser el fundamento de la iniciativa de los municipios libres de violencia. La disminución de la violencia juvenil y de pandillas no se logrará si no se trasciende en esta dirección. Pese al innegable beneficio que significa la reducción de homicidios, la tregua, por sí sola, no es una oportunidad para la solución permanente de la violencia. Pero lo será cuando forme parte de una política criminal con enfoque de derechos humanos que incluya la lucha contra el crimen organizado, que utiliza y se escuda en las pandillas y en la institucionalidad del Estado para delinquir.
- El Salvador necesita levantar un verdadero muro de contención ante la criminalidad, con una PNC cada vez más depurada y profesional, con capacidad de investigación científica y criminal, apoyada por la Fiscalía General de la República; una justicia real, pronta y cumplida; y un sistema penitenciario radicalmente distinto al actual: con autoridades civiles, centros de detención seguros y humanamente dignos que permitan la rehabilitación, y un cuerpo de custodios profesional, bien remunerado, con prestaciones sociales y condiciones de alojamiento decentes que hagan menos probable la corrupción.
La UCA exhorta al Gobierno y a los demás actores del Estado vinculados a la seguridad pública y al combate de la delincuencia a asumir plenamente su responsabilidad en la construcción de un país que añora la paz en libertad, respetando el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz; e invita a la ciudadanía en general a exigir que se garantice la institucionalidad democrática y a demandar transparencia y participación en los asuntos públicos de interés nacional.
San Salvador, 4 de junio de 2013
