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Urge mantener el TPS mientras se definen alternativas de regularización migratoria permanente. La eventual cancelación de esta medida de protección temporal constituiría una nueva evidencia de las acciones antiinmigrantes de la administración Trump y los efectos en miles de familias y comunidades serían incalculables.
El TPS pende de un hilo. Cerca de 255 mil personas originarias de El Salvador, Nicaragua y Honduras que residen de manera documentada en Estados Unidos ven en peligro su permanencia en dicho país. La decisión que tomará en los próximos días el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos sobre la continuidad o no del Estatus de Protección Temporal, más conocido como TPS, plantea escenarios altamente preocupantes para miles de familias centroamericanas beneficiadas con este mecanismo de regularización migratoria provisional.
EL TPS es una medida temporal, otorgada a personas de determinados países que han enfrentado situaciones de crisis humanitarias, motivadas por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias excepcionales, con el propósito de evitar que los nacionales sean enviados de regreso a países donde la vida se ha vuelto peligrosa o insostenible. En el caso de los países centroamericanos, el TPS fue concedido después de los desastres causados por el huracán Mitch en 1998 y los terremotos de El Salvador en 2001, y ha sido renovado hasta la actualidad por períodos de 18 meses. El plazo de la última renovación vence en enero de 2018 para Honduras y Nicaragua, y en marzo para El Salvador.
En las últimas semanas, la administración del presidente Trump ha dado señales alarmantes sobre el futuro del TPS, que se decidirá en los próximos días, dando muestras de su intención de cancelarlo. Estas señales forman parte de la tónica antiinmigrante de la actual jefatura de gobierno estadounidense. La cancelación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (más conocida como DACA, por sus siglas en inglés), que ha dejado en situación de incertidumbre y alto riesgo de deportación a cerca de 60 mil jóvenes centroamericanos en Estados Unidos, es sin duda un cambio perjudicial que activa las alertas sobre lo que pueda acontecer con el TPS.
Los rostros del TPS nos hablan de integración. La mayoría de las personas beneficiadas con el TPS son hombres y mujeres que llevan más de 20 años en Estados Unidos y que han logrado alcanzar una integración social, cultural y económica en ese país; solo necesitan alcanzar la integral legal plena. El 80% está trabajando y el 61% tiene hijos o hijas ciudadanas estadounidenses. Son personas honorables que pagan anualmente sus impuestos, y cuyo aporte a la economía estadounidense está demostrado, así como sus contribuciones a sus familiares en los países centroamericanos mediante las remesas.
Los países de origen siguen en situación de crisis humanitaria. Altos funcionarios estadounidenses han alegado “el abuso” de la medida de protección temporal para argumentar su cese. Sin embargo, lo cierto es que la situación actual de los países centroamericanos podría describirse como de crisis humanitarias crónicas y cada vez más complejas, lo que torna inviable que las personas amparadas en el TPS puedan rehacer su vida en sus países de origen, tal y como sucedió hace casi dos décadas. Estas crisis humanitarias actuales han sido reconocidas por varios organismos internacionales, especialmente al referirse a la realidad de desplazamiento forzado en la región.
Hambre y violencia azotan a las y los centroamericanos. Las violencias que sufren los habitantes en los países del norte de Centroamérica han generado que más de medio millón de solicitudes de asilo estén pendientes en Estados Unidos y México, lo que representa un aumento estrepitoso de 27 veces con respecto a 2012. La asfixia económica en la que vive la mayoría de las personas nicaragüenses, salvadoreñas y hondureñas no se diferencia de los tiempos de los desastres. En Honduras, la pobreza extrema alcanzó el 42% de la población en 2016, solamente un punto y medio menos que en el año 2000, cuando el impacto del huracán Mitch aún era devastador. Las tasas de desempleo son insostenibles, como en el caso de El Salvador, donde el 57% de las mujeres en edad de trabajar están desempleadas, o en Nicaragua, donde el 36.7% de la población se declara desempleada.
Los Gobiernos de los países de origen continúan defraudando. Por su parte, los mandatarios de la región centroamericana se han mostrado orgullosos de sus hazañas diplomáticas en Estados Unidos para lograr la ampliación del TPS, como si este fuera una gran política de Estado a favor de los derechos de las personas migrantes, cuando son estos mismos Gobiernos y los grupos a los que representan los responsables de la situación catastrófica en la que se encuentra su población. La impunidad y corrupción de los actores en el poder son dos de las razones principales por las que más de 200 mil compatriotas centroamericanos siguen saliendo cada año en busca de una oportunidad para salir de la miseria o en un intento desesperado por salvaguardar sus vidas.
El escenario de la posible cancelación del TPS tendría efectos devastadores. Si el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos decide en los próximos días cancelar el estatuto de protección temporal, el impacto de esta decisión sería grave en muchos niveles, a continuación se presentan cuatro.
1. Después de dos décadas, las vidas de 250 mil personas y sus familias cambiarán de la noche a la mañana, al engrosar el número de centroamericanos y centroamericanas indocumentadas en Estados Unidos, perder sus permisos de trabajo y ser susceptibles a la deportación. Los afectados sufrirán el miedo y la incertidumbre que supone vivir las consecuencias de políticas migratorias que consideran prioridad para la deportación a toda persona que no tenga documentos, y que han incrementado en un 40% los arrestos en el interior de Estados Unidos.
2. Las familias y los tejidos sociales y económicos comunitarios se verán afectados por estas medidas. Especialmente preocupante es el hecho de que la mitad de las personas beneficiadas por el TPS tienen hijos nacidos en Estados Unidos, quienes pueden verse separados a la fuerza de algunos de sus progenitores, o incluso de los dos. En el caso de deportación, los países de origen no tienen la capacidad de recibir e integrar a estas personas migrantes ni de aprovechar las habilidades adquiridas en Estados Unidos, con las que podrían aportar a un desarrollo sostenible en sus países de origen. Aunque muchas de ellas siguen teniendo vínculos con Honduras, El Salvador o Nicaragua, han llevado a cabo su proyecto de vida en otro país, por lo que las posibilidades de reintegración se vuelven poco viables, con el peligro de que este se convierta en un factor más de conflictividad social.
3. El impacto macroeconómico en los países de origen que podría suponer la deportación de personas migrantes beneficiarias de TPS es también motivo de alarma. Es importante recordar que las personas migrantes son las que más invierten en sus países, superando incluso la inversión del sector privado. En Honduras, las remesas representaron el 17.3% de PIB en 2016, y en El Salvador han llegado a representar el 19%. Nicaragua recibió 1,019.6 millones de dólares en concepto de remesas familiares entre enero y septiembre de 2017, registrando un crecimiento de 10.6%, El 55.7% de estas remesas provienen de Estados Unidos. El flujo de remesas es estratégico tanto para la estabilidad macroeconómica, por la significativa entrada de capitales, como para el alivio de la pobreza en las familias.
4. En definitiva, si el Departamento de Seguridad Interior decide cancelar el TPS, tanto Centroamérica como Estados Unidos se verán afectados de manera negativa. Igualmente preocupante sería que la decisión fuera similar a la que se adoptó respecto al TPS de personas haitianas, es decir, ampliar por seis meses el estatuto con un mensaje claro de su próxima cancelación.
De continuarse con la supresión de las pocas protecciones que existen para las personas migrantes en Estados Unidos, el país enfrentará un grave retroceso generalizado, en el que respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas importarán cada vez menos.
En este contexto, la Red Jesuita con Migrantes exige:
En tiempos de muros, nos sentimos llamados y llamadas a levantar nuestras voces y trabajar para que los Estados respeten los derechos humanos y el principio de la dignidad humana, y promover una cultura que fomente la hospitalidad y la fraternidad, sumándonos a las palabras del papa Francisco: "Unámonos para acoger, proteger, promover e integrar a las personas obligadas a abandonar su hogar y buscar uno nuevo entre nosotros."
Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
7 de noviembre de 2017
