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Las organizaciones y personas que conformamos la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica nos hemos reunido en Tijuana para analizar el contexto de la migración forzada en la región y renovar nuestro compromiso con las personas migrantes y refugiadas, y con las comunidades de acogida.
Hemos decidido celebrar nuestra reunión anual en Tijuana no de una manera casual. Esta ciudad es tierra de acogida, durante generaciones ha sido y permanece siendo un lugar de paso, pero también un lugar de partida y de llegada. Este es un espacio de frontera emblemático, que ha crecido como ciudad abierta al cambio por la riqueza de las personas diferentes que aquí se han ido encontrando. Sin embargo, hoy, Tijuana como frontera, es también la expresión total de la paradoja de las personas desplazadas, migrantes y con necesidad de protección internacional, la paradoja de la migración forzada en América: mientras las políticas de nuestros Estados les expulsan, las políticas de nuestros mismos Estados les impiden avanzar a territorios de acogida y esperanza. Nuestro modelo social y de convivencia está atravesado por políticas de muerte.
Políticas que expulsan
Podría ser un joven de Honduras que sabe que en su barrio tiene más posibilidades de ser tiroteado que de conseguir un empleo. Podría ser una familia campesina de Guatemala que sufre amenazas por defender el río y oponerse a una empresa minera que lo contamina. Podría ser una estudiante nicaragüense que se opone al régimen autoritario y huye de la persecución política. Que más de 400 mil personas de la región centroamericana abandonen sus países cada año es el cruel reflejo de las crisis cotidianas y las violaciones generalizadas a los derechos humanos que sufren; es consecuencia de políticas públicas autoritarias, que imponen modelos de desarrollo excluyentes y productores de desigualdades y violencias, es consecuencia de la depredación medioambiental de los mega proyectos extractivos que afectan la vida y las propias decisiones de comunidades en estos territorios explotados.
Se registran 386,580 personas refugiadas y solicitantes de asilo de Norte de Centroamérica, mientras que los gobiernos de estos países alardean de ser países seguros y negocian acuerdos bilaterales que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Constatamos que se ha utilizado a las personas migrantes como moneda de cambio ante intereses económicos o particulares de las propias elites políticas y económicas.
A poco más de un año de la crisis política de Nicaragua, más de 60 mil personas se han visto forzadas a huir de su país, la mayoría de ellas a Costa Rica. Como consecuencia de las políticas de contención, detención y deportación de los gobiernos de la región, en lo que llevamos de 2019 más de 200 mil niños, niñas, jóvenes y personas adultas han sido obligadas a volver a estos contextos de muerte.
Políticas que contienen
La militarización de las fronteras. Hace 25 años, solo a unos kilómetros de dónde nos encontramos reunidos, el gobierno de EEUU inició una nueva etapa de militarización en la frontera con el Operativo Gatekeeper. Desde entonces, la muerte se ha convertido en parte de la estrategia de control de las fronteras, y han fallecido más de 8 mil personas en el intento de cruzar la frontera norte de México. Estas mismas políticas disuasorias y represivas se han externalizado ahora en toda la región. Denunciamos políticas de control fronterizo basadas en la muerte. La expansión de la Guardia Nacional y otros controles en el sur de México han expuesto a migrantes a rutas más inseguras, a algunos los ha llevado a la muerte, como el ahogamiento de 2 personas de Camerún en las costas de Chiapas el pasado 11 de octubre.
La detención es otra política de muerte. En EEUU, hoy mismo, se encuentran aproximadamente 50,000 personas en detención, y desde enero de 2019 han fallecido 21 personas bajo la custodia de autoridades de migración (CBP o ICE). En México, hasta agosto se habían detenido a 144,591 personas, un 43% más que en el mismo período del año anterior. La detención como política de muerte también ha cobrado vidas en medio de la tortura que representan los centros de privación de libertad para migrantes en México. Esas vidas representan a personas huyendo de situaciones de muerte en su país y personas deportadas que lo único que buscan es reunirse con sus familiares en EEUU.
El quiebre de la protección internacional. Mientras aumentan los esfuerzos de detención y control, los países de la región disminuyen cada vez más las oportunidades para solicitar protección. La colaboración entre EEUU y México para implementar el programa conocido como “Quédate en México” ya ha expuesto a más de 50,000 personas a situaciones de precariedad en ciudades fronterizas como Tijuana, e inclusive devueltas bajo engaños a la frontera sur de México. Se han documentado 340 casos de asalto, secuestro y violencia sufridos por personas regresadas bajo este programa, y el 25% del total de personas regresadas a Tijuana reporta haber recibido amenazas o haber sufrido violencia.
En Panamá encontramos uno de los pasos más críticos de los flujos fronterizos, migrantes haitianos y cubanos, grupos extracontinentales y con otros flujos sudamericanos, atraviesan el Darién con una exposición absoluta de su vida. Son muchos los testimonios sobre personas muertas y desaparecidas.
Políticas de vida
Podría ser que ese joven, esa estudiante, esa familia, tomaran decisiones distintas sobre emprender su marcha, recorrieran otros caminos o llegaran hacia horizontes distintos. Podría ser, si los Estados apostaran por políticas de vida.
Políticas de vida son aquellas que enfrentan la desigualdad, la pobreza y las violencias estructurales que generan las huidas. Son aquellas que proponen transformación social, justicia, inclusión. Son aquellas sostenibles y respetuosas con nuestra casa común y todas las formas de vida, las que aceptan la diversidad cultural y que propician el diálogo y el aprendizaje con las minorías.
Políticas de vida son las que allanan los obstáculos del camino, las que promueven protección en el viaje, las que proveen lo necesario, especialmente para aquellas personas más vulneradas. Políticas de vida son las que dan un significado radical a las fronteras, como espacios de intercambio, de conocimiento y reconocimiento, de diversidad, de encuentro, de enorme riqueza.
Políticas de vida son las que facilitan las llegadas, reaniman del cansancio, se expresan en oportunidad de integración y acogida, políticas de vida son Hospitalidad. Políticas de vida son las que entienden que los derechos humanos no son una ambición sino una premisa, decidamos permanecer, decidamos partir, decidamos instalarnos.
Como personas y organizaciones de la Red Jesuita con Migrantes, consideramos el derecho a Migrar como un Derecho Humano, que debe ser garantizado por los Estados, avalado por las organizaciones internacionales y expresado por políticas efectivas y centradas en las personas. Consideramos también que los Estados deben garantizar las condiciones para que la migración sea una opción y no una huida.
Nos reconocemos en el lema propuesto desde la Iglesia y el liderazgo del Papa Francisco en este año 2019, y como parte de ella afirmamos “Que no se trata solo de migrantes, sino de la humanidad entera”.
Porque en el centro nos situamos con las personas, las que sienten amenazada su vida, las que se les imposibilita desarrollarla en condiciones dignas y justas en sus países de origen, caminamos en el tránsito con aquellas que huyen, y abrazamos en el destino a las que trabajan por su integración en espacios de convivencia y hospitalidad.
Por ello, como Red Jesuita con Migrantes:
Tijuana, Baja California, México, 31 de octubre de 2019
