En 2000, el entonces presidente Francisco Flores privatizó los servicios de alimentación para el sistema penitenciario. Ese mismo año, Alimentos Prácticos se inscribió en el Centro Nacional de Registros y ganó la licitación. Desde entonces, dicha empresa es el único y exclusivo proveedor de alimentos para reos, acaparando así un negocio millonario: solo en diez años, el Estado ha pagado más de $270 millones por el servicio.