¿Hay movimiento popular en El Salvador?

En El Salvador nos podemos quejar de muchas cosas, menos de aburrimiento por la coyuntura política. No hemos terminado de asimilar una situación cuando aparece otra que la desplaza o que le da un nuevo matiz a la realidad. La supuesta negociación entre las maras o entre estas y el Gobierno todavía no ha sido satisfactoriamente esclarecida cuando la pretensión del FMLN (y de sus allegados) de elegir a funcionarios de segundo grado en esta legislatura pasa a llenar las páginas y espacios de la agenda pública. El repliegue del Ejército de los centros penales pone de nuevo en el centro de la mesa la posibilidad de una negociación entre las pandillas y el Gobierno, pero la expectativa de ver si el FMLN fraguará su descrédito político al manosear la composición de la Sala de lo Constitucional ocupa de nuevo la atención.

Estas dos dinámicas atraen por ahora los ojos de la opinión pública. Pero desde la llegada del Gobierno del presidente Funes, el país ha vivido varias coyunturas importantes para la consolidación o el debilitamiento de la democracia. El cambio tan anhelado por la sociedad salvadoreña no se propició desde donde se esperaba, sino que fue promovido por un actor inesperado: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justica. Sus sentencias generaron lo que algunos analistas llamaron crisis de institucionalidad, precisamente porque removieron las bases donde se asienta el manejo de la cosa pública a favor de intereses particulares y no del interés de la nación.

A raíz de estas sentencias se dieron dinámicas que pusieron en juego la democracia, como la crisis generada por el tristemente célebre decreto 743, que pretendía truncar el trabajo independiente e imparcial de la Sala de lo Constitucional. Afortunadamente, el decreto, que contó con la complicidad de todos los partidos y la sanción acelerada del Presidente, fue derogado. Y ello en gran medida gracias a la presión de la sociedad, que en un hecho sin precedentes unió a un variopinto abanico de actores. En estos días, ante la anunciada intención del FMLN de unirse con otros partidos para elegir al Fiscal General y a cinco magistrados de la Corte, y trastocar la composición de la Sala de lo Constitucional, de nuevo la sociedad civil, ahora aglutinada en Aliados por la Democracia, alza su voz contra la pretensión del partido de gobierno, esperando tener el mismo efecto del año pasado con el decreto 743.

Pero en todos estos importantes momentos de cambio para el avance de la democracia en el país hay una constante: la ausencia del pueblo organizado, de la gente de los barrios y colonias, de los municipios y comunidades rurales que antes se aglutinaban en lo que se denominaba movimiento popular. ¿Dónde está su voz? ¿Está representada en lo que atrevidamente podríamos llamar sociedad civil oenegizada? Sin pretender desdeñar la labor de las organizaciones no gubernamentales que se han vuelto oportunamente protagonistas de la presión social, simplemente constatamos la ausencia de las organizaciones populares, que aparentemente se han desmovilizado y han dejado la labor contestataria y propositiva a otros actores sociales.

Los entendidos en la problemática de la crisis de violencia generalizada que vivimos aseguran que mientras las soluciones no integren a la mayoría de sectores sociales y haya participación popular, el país difícilmente podrá encontrar salidas duraderas y definitivas a este flagelo. La disminución de los homicidios por acuerdo de las pandillas —con o sin la participación del Gobierno— es una medicina que —aunque esperamos que no— puede resultar peor que la enfermedad. No solo porque no parece tocar las causas últimas de la violencia, sino porque es otro acuerdo entre cúpulas que no toma en cuenta la participación de la población y no parece ofrecer una salida integral a la problemática. ¿Dónde está, entonces, el pueblo organizado? ¿Podemos hablar todavía de un movimiento popular salvadoreño?