A 34 años de la última Constitución militarista

El Salvador, desde su proceso de formación como Estado, ha tenido, entre sus tantas características, una constante conflictividad social derivada de la desigualdad estructural, racismo y exclusión. La mayoría de los estudios sobre ese proceso consideran que fue durante el siglo XIX que el país se consolidó como un Estado estructuralmente desigual bajo la configuración de una cultura de la violencia que servía para controlar la fuerza productiva y contener las demandas sociales de la población. Llegados al siglo XX, las dinámicas del poder político-militar se caracterizaron por la instauración de diferentes regímenes dictatoriales, basados en sistemas políticos autoritarios, los cuales agudizaron el conflicto ya violento entre el Estado y la población. Ese clima, paulatinamente, derivó en el desencadenamiento de una mayor violencia represiva del Estado, la cual, junto a otros factores del contexto nacional, regional e internacional, condujo a la guerra civil.

La Constitución número 14 de El Salvador se formuló y aprobó en un escenario de guerra civil y violencia, entre 1982 y 1983. Este año se celebra su 34.° aniversario. Para entender su verdadero espíritu, hay que recordar algunos aspectos del contexto que la propiciaron y los actores que protagonizaron su redacción, puesto que las instituciones y leyes responden a un determinado contexto histórico-social, y están influenciadas por la formación, ideología, religión, etnia, clase social, experiencias e intereses políticos y económicos de quienes las crean.

A finales de 1979, un grupo de militares dio un golpe de Estado que interrumpió 17 años de Gobiernos consecutivos del Partido de Conciliación Nacional (PCN). El golpe de Estado del 79 suponía, teóricamente, el fin de los militares en el Ejecutivo. No obstante, en ese nuevo escenario comenzó, mediante la vía constitucional, un período de supremacía militar con características devastadoras para la población.

Después del golpe de Estado de 1979 se instalaron tres Juntas Revolucionarias de Gobierno conformadas, en cada ocasión, por distintos representantes militares y civiles. Y fue el período en que se comenzó a hablar de la necesidad de crear una nueva Constitución. La tercera junta, en 1981, convocó a elecciones generales para conformar la Asamblea Constituyente que se encargaría de crear una nueva Constitución. En ese año había iniciado la guerra civil (enero 1981), y también fue el año de fundación del partido Arena (septiembre 1981). Pero no fue hasta el año siguiente, en pleno auge de la guerra civil, en marzo de 1982, que se celebraron las elecciones para la Asamblea. Los partidos protagonistas fueron de derecha (Arena, PCN, PDC), y con escasa influencia la socialdemocracia a través del partido Acción Democrática. Sesenta fueron los diputados elegidos. Se acordó que la Asamblea Constituyente fuera presidida por un militar, el mayor Roberto D\'Aubuisson Arrieta.

La Constituyente, como se le llamó, fue instalada en abril de 1982 y comenzó a trabajar ese mismo año. Sus funciones no solo fueron constituyentes, sino también legislativas. El 22 de julio de 1983 se realizó la sesión inaugural para discutir el proyecto de Constitución, el cual había sido trabajado por una comisión especial integrada por 21 personas. Según consta en las versiones taquigráficas del debate, uno de los temas más discutidos fue el papel de la Fuerza Armada, el derecho de asociación y la prohibición de grupos armados de carácter religioso, político o gremial.

La discusión radicaba en el hecho de que la Constitución debía prohibir los grupos armados de defensa civil. Sobre esto, el diputado constituyente Adolfo Reyes Prendes explicaba que se referían a prohibir a “las asociaciones armadas que se enfrentan precisamente a la Fuerza Armada. Y añadía: “La Fuerza Armada controla sus asociaciones y ya dijimos que la misma Defensa Civil mantiene a todas esas gentes bajo el control de la Fuerza Armada, esa no es una asociación paramilitar”. Esas aseveraciones eran posibles porque el proyecto de Constitución dotó de un gran poder a la Fuerza Armada. El capítulo VIII disponía que esta estuviera instituida para, entre otros, mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad pública, y defender las leyes vigentes. Además, señalaba que velaría por garantizar la libertad del sufragio y el respeto a los derechos humanos.

Durante el conflicto armado, los grupos paramilitares aliados a la Fuerza Armada y los escuadrones de la muerte cometieron atroces violaciones a los derechos humanos en contra de la población; aniquilaron comunidades enteras, religiosos, mujeres y niños. Según consta en el informe de la Comisión de la Verdad, el 85 % de los casos fueron responsabilidad de agentes del Estado, grupos paramilitares aliados de estos o escuadrones de la muerte.

Afortunadamente, los Acuerdos de Paz posibilitaron la reforma a esa Constitución, lo que permitió limitar el poder militar y crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil. En materia judicial, se crearon los mecanismos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, definiéndose sus tiempos de servicio. Esto entre otras reformas importantes que han permitido transformar la configuración jurídica del Estado y sus instituciones fundamentales, en aras de ajustarse a una nueva concepción de Estado y de ejercicio del poder. Por ello, la fecha de conmemoración más relevante de la Constitución no debería ser la de su aprobación, sino cuando se hicieron las reformas constitucionales vía influencia de los Acuerdos de Paz.

La inclusión de ese poder absoluto a la Fuerza Armada en 1983 no fue fortuito, sino el resultado del contexto histórico-social. El mayor D\'Aubuisson, en el discurso de la sesión inaugural de la Constituyente, dijo, entre otras cosas, que El Salvador era víctima de una agresión armada respaldada por Rusia y otros países, y que era necesario restablecer el Estado de derecho, roto por “militares insurgentes”. En sus reflexiones, lamentó que algunos círculos políticos y religiosos hubieran cerrado los ojos a la realidad, y expresó la necesidad de crear una nueva Carta Magna que recogiese en su texto las garantías de un sistema político representativo y de un sistema económico que respondería a los principios de la libre empresa. Un discurso, pues, claramente ideologizado, alejado de los hechos.

Si bien la guerra civil terminó formalmente en 1992, el conflicto social sigue, y cada vez más complejo, puesto que las causas que la desataron continúan presentes, a pesar de que la historia nos recuerda que se deben superar la desigualdad estructural, la exclusión, el autoritarismo y la impunidad para resolver fenómenos sociales complejos. En la cotidianidad, el autoritarismo y el militarismo siguen actuando en el país.