Abogados de la impunidad

La inconstitucionalidad de la ley de amnistía ha provocado muchas reacciones contrarias, o al menos las empresas mediáticas solo a ellas les han concedido grandes espacios. Esas opiniones contrarias a la verdad y a la justicia son opiniones a favor de la impunidad, que justifican con los argumentos más singulares. Esas voces, aumentadas por los espacios mediáticos, buscan inducir el miedo a la justicia y la aceptación resignada de la impunidad por un bien mayor abstracto.

El argumento más común de los contrarios a la sentencia no es constitucional, sino un supuesto temor a las consecuencias, que anuncian temibles. En realidad, esas voces solo expresan sus propios temores a un pasado que con toda seguridad las condena. El voto del magistrado disidente esgrime ese argumento para justificar su rechazado a la sentencia. El primer criterio que aduce es de orden social y político, no de justicia constitucional. Según esa lógica, los grandes deudores de la hacienda pública no deberían ser coaccionados, porque ello perturbaría su tranquilidad empresarial. Así, pues, las posibles consecuencias sociales y políticas derivadas de la persecución del poderoso que ha cometido delito aconsejan garantizarle la impunidad.

A esos profetas de calamidades se les ocurre que sería catastrófico que un alto cargo gubernamental pudiera ser acusado de un crimen de lesa humanidad. La lógica de su argumento es que el funcionario goza de impunidad, al igual que el conductor del vehículo oficial que atropelló a un motociclista. En cualquier país democrático, ningún miembro del Gobierno se encuentra por encima de la justicia, todos están sometidos a ella, aun cuando se encuentren en ejercicio de sus funciones. Y si alguno resulta culpable, es destituido y reemplazado. Otra temible consecuencia es el caos social que podría desatarse a raíz de los procesos judiciales, pero para contener y reprimir a los extremistas está la Policía, a menos que estos tengan licencia para provocar la anarquía y así evadir la justicia.

Otro argumento contrario es la motivación política de la sentencia. Sin duda, la inconstitucionalidad de la ley de amnistía tiene derivaciones políticas, pero eso no es argumento válido para desautorizarla. Las consecuencias políticas se enfrentan políticamente, para lo cual existen alternativas. De hecho, la sentencia pide una justicia transicional, según los parámetros establecidos por el sistema interamericano. Por lo tanto, el alcance de la sentencia es mucho menos arbitrario de lo que los temerosos imaginan. El miedo no les permite pensar con claridad.

El temor a abrir heridas es una mala falacia, porque esas heridas nunca se han cerrado, excepto en la imaginación de los voceros de la impunidad. Piensan que se cerraron por el decreto que acordaron los responsables de causarlas, sin contar con el parecer de las víctimas. Argüir con las heridas es una falta de respeto inaceptable de quienes se autoproclaman hacedores de la paz. No hay paz sin justicia; una justicia que hasta ahora ha permanecido oprimida por la mentira institucional.

Ciertamente, el informe de la Comisión de la verdad no contiene toda la verdad, pero señala mucha. La suficiente para sacar a la luz el régimen de terror brutal impuesto a la población, que con tanto celo han ocultado los promotores de la impunidad con falsos argumentos de paz. No habrá, pues, cacería de brujas, sino solo la de aquellos que aparecen señalados en dicho informe y la de aquellos otros cuya responsabilidad criminal pueda demostrarse judicialmente. Si esto es cacería de brujas, también lo es, quizás con mucha mayor razón, la persecución desatada contra las pandillas con la colaboración de grupos de extermino, protegidos institucionalmente.

Otro argumento muy repetido es que la sentencia no sirve a los intereses del país. Según esto, el interés nacional se identifica con el de unos cuantos exmilitares y exfuncionarios responsables de graves crímenes contra la humanidad. De esta manera, el interés nacional es la impunidad. Más aún, hay quien invoca la crisis económica y fiscal como excusa para mantener la impunidad.

La sentencia suprime el pretexto para no investigar el terrorismo del régimen militar y esa es la fuente de todos los temores. La simple posibilidad de conocer la verdad y de hacer justicia ha hecho que los abogados de la impunidad entren en pánico. Temen lo que de verdad hay en la justicia. Un poco de esa verdad es suficiente para desautorizar las mentiras sobre las que se asienta la democracia salvadoreña.