“Sepulcros blanqueados” es una expresión que encontramos en la Biblia, una metáfora utilizada en el Evangelio para reprender la hipocresía, la mentira y el doble discurso. De nada sirve una resolución o sentencia dictada en imponentes recintos judiciales y adornada con florituras legales cuando en su interior se alberga injusticia y podredumbre; los centros judiciales se convierten en “sepulcros blanqueados”, pulcros y lustrosos por fuera, pero llenos de descomposición y hedor en el interior de sus salones.
“Sepulcros blanqueados” es en lo que podrían convertirse los centros judiciales salvadoreños en la medida que, con leyes injustas, inconstitucionales y violatorias de derechos humanos, sirvan como centros para la condena de cientos de personas inocentes, cuyo único delito es haber sido objeto de denuncias anónimas, fichas inventadas y detenciones arbitrarias para cumplir cuotas.
En El Salvador de nuestros días, están dadas las condiciones para que los centros judiciales se conviertan en auténticos centros de barbarie e injusticia. Las reformas al Código Procesal Penal, a la Ley Contra el Crimen Organizado y al Código Penal son tantas, tan desequilibradas y negatorias de los más elementales derechos fundamentales que fácilmente el juez puede convertirse en un instrumento de injusticia.
Los ejemplos se acumulan por montones, pero, sin ir muy lejos, podemos citar la adición del artículo 6-A de la Ley Contra el Crimen Organizado, aplicable para todos los casos del régimen de excepción. Un artículo que básicamente permite condenar a un ciudadano sin producir mayor prueba durante su juicio. Digámoslo en buen salvadoreño: la declaración que redactó un agente policial en un rincón de su oficina, sin presencia del juzgador, sin el fiscal, sin el defensor y sin ninguna otra persona que un testigo anónimo desconocido, basta con ser leída durante un juicio para condenar a una persona.
No estamos hablando de cualquier condena, sino de una pena de prisión que podría durar hasta cuarenta años de encierro en un centro penal, e incluso cadena perpetua con las nuevas modificaciones legales incorporadas en marzo de 2026. Cuando un interés colectivo se erige teniendo como mortero sangre inocente, la seguridad no es tal, los centros judiciales se convierten en trituradoras judiciales, los jueces en verdugos. Así, sobre la justicia cae una maldición, como aquella dictada sobre la higuera estéril, pues es incapaz de producir fruto verdadero, solo miedo, silencio, recelo y sufrimiento.
* Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.