Agenda LGBTI, ausente y presente al mismo tiempo

El movimiento LGBTI en El Salvador es una realidad. Hoy nadie puede ignorar la existencia de un movimiento social que vela por los Derechos Humanos de las personas LGBT. En 25 años de estructuración se han organizado hombres gays, mujeres trans, lesbianas y hasta hace pocos años hombres trans y jóvenes LGBT a nivel de la capital. El cuestionamiento de los patrones binarios de la sexualidad y los esencialismos de género, por parte de las personas LGBT organizadas, ha promovido diferentes estrategias de visibilidad y acciones políticas.

En julio de 2012 la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California, Berkeley, presentó un reporte denominado Diversidad sexual en El Salvador. Informe sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBT Entre las recomendaciones resaltan algunas que competen al Órgano Legislativo y por ello las cito:

1-Modificar el artículo 3 de la Constitución para incluir a las personas LGBT como una clase protegida por orientación sexual e identidad de género para garantizar el pleno goce de todos los derechos constitucionales
2-Aprobar leyes expresamente para proteger a las personas LGBT contra la discriminación de todas las formas de discriminación, incluida la educación y el empleo, tanto en el sector público y privado
3-Aprobar la legislación sobre el reconocimiento jurídico del derecho a la identidad y permitir que las personas cambien su nombre y género en los documentos oficiales de identidad (DUI), sin ningún requisito previo de cirugía de reasignación sexual u otras intervenciones médicas. Mientras tanto, permitir que las personas transgénero utilicen la opción respecto al “conocido también como” para incluir el nombre con el que se identifican en el DUI
4-Enmendar el Código Penal a través de una legislación que proteja específicamente a la comunidad LGBT frente a las amenazas y la violencia y que reconoce los crímenes de odio LGBT (pág.2).

Debido a las anteriores recomendaciones la siguiente legislatura tendría por lo menos dos grandes desafíos, el primero, será modificar la Constitución, tal como dice la recomendación acerca del Art. 3., el segundo, crear una Ley de Identidad que incluya y sea acorde a esta realidad poblacional. Ambas son tareas legislativas que requieren buscar consenso de todas las fracciones de los partidos políticos, voluntad de cambiar estructuralmente una realidad de marginación que vive y sufre el emergente grupo al que identificamos con las siglas LGBTI. No quería dejar de mencionar que un verdadero reto es legislar el matrimonio igualitario, pero eso sería demasiado pedir en nuestro mundillo político permeado de una doble moral, pero sobre todo, presa de prejuicios religiosos defendidos por un amplio movimiento conservador que va más allá del debate de izquierda y derecha. Pero no nos desviemos. Hay que señalar que incluso desde antes de la fecha de presentación del estudio, hubo avances mínimos en beneficio del sector LGBTI. Iré mencionando los avances que se han hecho y las deudas que la siguiente legislatura podría asumir y subsanar. Con el Decreto Ejecutivo N.º 56 de 2010 sancionado por Mauricio Funes se prohíbe la discriminación en base a la orientación sexual e identidad de género en el sector público, además se creó una Dirección de la Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social. Todavía queda la interrogante ¿qué normativa hay para evitar esa discriminación en el sector privado? Es una deuda. También el estudio sugería que se reconociera en el Código Penal los delitos de odio, a la fecha esto ya se hizo pero conviene dejarlo claramente explicitado. Otra deuda. Un avance constituye el hecho que el 14 de diciembre de 2016 se aprobó la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, se supone que esta ley garantiza el acceso a la salud de la población LGBTI y además repercute en el ámbito de trabajo dado que prohíbe que el empleador exija pruebas de VIH a los candidatos a un empleo, ello implicó la modificación del Código Laboral. Sin embargo cualquiera puede evidenciar que sigue habiendo discriminación laboral para este sector de la población salvadoreña. Otra deuda. En términos de inclusión al sistema político del actor LGBTI, es interesante comparar nuestro país con Honduras, donde los partidos políticos han mostrado su apertura a los LGBTI, reconociéndoles el peso político, incluso hay una agenda de los partidos para este grupo que incluye temas de ciudadanía plena, reivindicar derechos humanos, crear mecanismos de participación política, seguridad y acceso a la justicia, etc. De acuerdo al informe Reflexiones sobre la participación política de las personas LGBTI en Honduras sostiene que ese país pasa por un momento de gran relevancia en materia de inclusión, ya que las organizaciones partidistas están reconociendo la importancia de los liderazgos LGBTI y las personas LGBTI han comprendido la importancia de trabajar de la mano con los partidos políticos para lograr un Estado incluyente y respetuoso de la diversidad.

 Al explica la gráfica el autor resalta que la ciudadanía LGBTI tiende a apoyar al Partido Anticorrupción (31%), al Partido Libertad y Refundación (24%) y al Partido Nacional (22%). Estas referencias por parte de la población LGBTI podrían obedecer a que el Partido Anticorrupción y el Partido LIBRE se han caracterizado por ser partidos abiertos a las diferentes opciones sexuales, y por tener un discurso muy cercano a las juventudes; de igual forma, los partidos tradicionales (Partido Liberal y Partido Nacional) tienen una acogida importante entre las personas LGBTI debido a su arraigo en la sociedad hondureña y a su discurso sobre la defensa de los derechos humanos A diferencia de los partidos políticos hondureños, es una lástima que aquí la agenda LGBTI al menos en el trabajo legislativo, no esté en la mente de ningún partido ni de sus precandidatos, todo lo contrario, las posturas de algunos partidos y de sus militantes suelen ser homofóbicas, de intolerancia y discriminatorias de las personas LGBTI. Siendo que la comunidad LGBTI no solo en el país, sino que en todo el mundo, va adquiriendo mayor presencia pública y que poco a poco van ganando el reconocimiento de sus derechos humanos, la democracia salvadoreña y los partidos políticos no pueden darles la espalda, ellos son cada vez más un sujeto político en ascenso y no deberían ser invisibilizados ni cualitativa ni cuantitativamente.

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¹ Amaral Gómez Arévalo “El derecho humano de amar” El Faro 13 de junio 2017. Sección Académico. Disponible en línea http://bit.ly/2sBq0ER.

² Disponible en línea aquí: http://bit.ly/2tRnpe9.

³ Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales Reflexiones sobre la participación política de las personas LGBTI en Honduras 1a ed.Tegucigalpa. Comunica. 2017. disponible en línea en http://bit.ly/2szcJwP.

⁴ Ibid.