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Dentro de tres meses, en el estado de Arizona será prohibido dar empleo a inmigrantes, y los funcionarios públicos tendrán que informar cuando cualquier persona indocumentada solicite algún beneficio. Ello porque la gobernadora de ese estado aprobó una ley que penalizará a quienes residan sin papeles en Arizona.
Estas restricciones tendrán consecuencias sumamente negativas para las personas indocumentadas y sus hijos e hijas. No denunciarán cuando se les atropellen sus derechos ni pedirán servicios educativos ante el temor de que el funcionario al que se avoquen pueda denunciarlos. También les será más difícil emplearse y subsistir.
Digámoslo sin ambages: es esta una legislación discriminatoria. Arizona ha sido en los Estados Unidos de América uno de los lugares donde más iniciativas de este tipo han surgido; ha existido una clara intención de perseguir y abusar de la población migrante.
La gobernadora Jan Brewer se ha unido a esta tendencia y lo ha hecho porque le conviene. A las puertas de la lucha interna para reelegirse representando al Partido Republicano, aprobó esta ley, que aumentó su popularidad en dieciséis puntos porcentuales. Así, ha utilizado a los inmigrantes como escalera sin importarle sus derechos ni su dignidad.
Desde hace varios años se ha venido postergando una anunciada reforma a las leyes migratorias que tendría efecto en todo el país norteamericano. Cuando buscaba la presidencia, Barack Obama prometió que ese sería uno de los primeros pasos que daría al llegar a la Casa Blanca. Hasta ahora, no ha impulsado esa discusión.
Centroamérica (en especial, la zona norte de la región) y México tampoco han mostrado suficiente capacidad para cabildear en beneficio de la población que a diario sale hacia Estados Unidos. Quizás no sea posible quitar todas las trabas a la migración regular, pero tampoco hay propuestas audaces para conseguir beneficios para los connacionales.
Dado que la mayor parte de la gente que parte hacia otros países lo hace buscando trabajo, habría que apuntarle a conseguir programas de trabajo temporal. Esto resultaría beneficioso para todas las partes. De existir esos programas, los migrantes desempleados en Estados Unidos podrían conseguir un salario que les permitiría regresar a sus países de origen e iniciar proyectos productivos; se evitarían, además, todos los riesgos humanos a los que la emigración actual los somete.
Los países de origen lograrían ubicar a los suyos en un mercado laboral con mejores salarios y que les devolvería mano de obra calificada o proyectos de desarrollo. Y los países de destino contarían con las y los trabajadores que necesitan para los puestos que sus ciudadanos ya no quieren, pero que son fundamentales para el funcionamiento de la economía y la reproducción de la vida.
Leyes como la aprobada en Arizona no tendrían sentido si las personas que toman decisiones allá y aquí tuvieran un poco de sensibilidad, creatividad y valentía para impulsar medidas como los programas de trabajo temporal. Por el momento, esas tres virtudes han faltado y ha sobrado irracionalidad.
