Brecha entre propósitos y realizaciones

En la propaganda política importan mucho las palabras y las intenciones, pero en la realidad lo que importa son las acciones y la profundidad de las obras. Por supuesto que la propaganda no es solo palabrerío, si así fuera, no engañaría ni impresionaría a nadie; algo de realidad tiene que llevar para sustentar su pretensión de convencimiento. Vistos con detenimiento, los contenidos de los informes de gestión presidencial suelen ser más propagandísticos que una verdadera rendición de cuentas sobre lo que realmente se ha hecho o dejado de hacer. Más que informes, son discursos oficiosos en los que el presidente de turno habla en tono grandilocuente, enfatizando las supuestas conquistas inéditas y sin precedentes alcanzadas. El discurso del cuarto año de gobierno de Mauricio Funes no fue la excepción, siguió la misma pauta de las grandes peroratas que cansan y aburren a la audiencia promedio; y peor todavía si se encadena a los medios para que la gente se quede sin opciones. En realidad, este tipo de discursos no está pensado para la ciudadanía, sino para las élites política, económica y militar. Ellos son los verdaderos interlocutores, no la población, que por lo general no los escucha.

No obstante, es necesario dejar registro de las brechas que suele haber entre los logros proclamados y la realidad imperante; no solo por un afán de crítica, sino, sobre todo, para no perder de vista la dinámica que más configura la vida de la mayor parte de salvadoreños y que requiere, sin duda, de políticas que toquen las raíces estructurales de sus principales problemas. Veamos, al menos, tres de los supuestos logros consignados en el discurso: la transformación del modelo oligárquico, la democratización del país y la seguridad ciudadana. Enunciaremos lo que se dijo en el discurso y luego lo compararemos con la percepción ciudadana reflejada en la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), y con algunos datos que sobre estos temas vienen reiterando instancias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El presidente Funes habló de una profunda transformación cultural que se vive en el país. Y en este sentido, señaló "el paso de un modelo de gestión de corte oligárquico, entendido como el gobierno de unos pocos para unos pocos, a un gobierno democrático y popular". Y como ejemplo de estas transformaciones citó la entrega de títulos de propiedad a decenas de miles de familias campesinas y las políticas públicas que dieron nacimiento al Sistema de Protección Social Universal. A su juicio, de esa manera, "se ha dejado atrás, definitivamente, el modelo oligárquico que asfixió al país durante décadas".

Ahora bien, ¿cómo percibe la ciudadanía los cambios en la política social y en los mecanismos de distribución de la riqueza? Desde la percepción ciudadana, según la encuesta del Iudop, el único acierto señalado con un porcentaje importante de opiniones son los paquetes y ayudas escolares (36.7%); la entrega de dinero a familias pobres, el apoyo a la agricultura y Ciudad Mujer son mencionados en menores proporciones. Por otra parte, al consultar sobre el estado de la economía con el actual Gobierno, más del 45% dice que ha empeorado, el 28.5% que sigue igual y solo el 25.6% dice que ha mejorado. Más llamativo todavía: el 61.1% asegura que el presidente no ha cumplido su promesa de generar 100 mil nuevos empleos.

Es difícil aceptar que el modelo oligárquico ha cambiado cuando persisten, muy arraigados, aspectos estructurales de esa forma de gobernar. Por ejemplo, para el PNUD, en el país prevalece un modelo de desarrollo que ha hecho de los bajos salarios de los trabajadores la principal ventaja para insertarse en los mercados internacionales, y del subempleo, la forma predominante de sobrevivencia para la mayoría de la población. Las consecuencias pueden verificarse en las cifras económicas: altas tasas de subutilización laboral: solamente el 47% de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral; de cada 100 personas que forman parte de la población económicamente activa, seis están desempleadas y 44 subempleadas. Afirmar, entonces, que el modelo de gestión de corte oligárquico pertenece al pasado es, en el mejor de los casos, una exageración, y en el peor, una mentira.

En lo que respecta a la democratización política, el presidente se atribuye haber promovido el respeto pleno a la independencia de los tres poderes del Estado. El mandatario parece olvidar sus actitudes renuentes y hostiles hacia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando esta se ha mostrado independiente ante los poderes legislativo y ejecutivo. Todavía recordamos, entre otros, sus ataques virulentos contra la Sala cuando esta declaró inconstitucional un artículo de la Ley General de Presupuesto por medio del cual se autorizaba al Presidente de la República a trasladar dineros de un ministerio a otro, sin autorización de la Asamblea Legislativa. También se declararon ilegales las llamadas "partidas secretas" de las que dispone la Presidencia. Una y otra vez, Funes se mostró intolerante ante el establecimiento de controles al manejo de los fondos públicos.

Frente a las resoluciones de la Sala que los afectaban directamente, los partidos políticos y el Ejecutivo buscaron frenar la independencia de los magistrados. Primero, con el nefasto decreto 743, que establecía que los fallos o resoluciones de la Sala debían alcanzarse por decisión unánime de los cinco magistrados, no por mayoría (4-1). Aunque el decreto se derogó después de una fuerte presión de la sociedad civil, las amenazas contra la Sala se mantienen bajo otras formas hasta el día de hoy. Por tanto, si hemos de ser honrados con la realidad, debemos decir que el fortalecimiento de la independencia de los tres poderes del Estado ha sido posible gracias al ejercicio jurídico de una Sala (especialmente, de cuatro de sus magistrados) que se ha tomado en serio esta exigencia de la democracia.

Finalmente, en lo que se refiere al ámbito de la seguridad pública, el presidente Funes expresó que "El Salvador tiene una estrategia integral en materia de seguridad, que se ha visto potenciada y facilitada por la llamada tregua entre pandillas". En su opinión, hay un nuevo panorama: "Los homicidios han caído en un 52 por ciento; pasamos de 12 a 14 homicidios diarios a una media de casi 5; ha disminuido el número de muertes violentas por cada 100 mil habitantes de 68 a 30; las extorsiones disminuyeron un 11 por ciento en 12 meses y un 8 por ciento los robos, y las desapariciones cayeron un 25 por ciento".

Sin embargo, la ciudadanía ve las cosas de un modo totalmente distinto. Según la encuesta del Iudop, para el 41.3% de la gente, con el actual Gobierno la delincuencia ha aumentado. Más aún, al consultar sobre el cumplimiento de la promesa del presidente de combatir la delincuencia, casi el 52% de los encuestados opina que no ha sido cumplida. A esta insatisfacción se suma la desconfianza de la gran mayoría de la población hacia la tregua entre las pandillas. Al respecto, la encuesta revela que el 83.1% de la población confía poco o nada en esta medida. Por otra parte, la Conferencia Episcopal de El Salvador se pronunció en contra de la tregua, argumentando que no ha producido los beneficios que la población honrada y trabajadora esperaba. Hay consenso entre diversas fuerzas sociales en que el actual Gobierno no ha tenido una política de seguridad clara y estratégica que enfrente el problema en sus diferentes expresiones: pandillas, crimen organizado y violencia social. En suma, hay una brecha considerable entre lo que dice el presidente Funes y lo que dicen la población y los datos de la realidad. Un acto de honradez exige que los gobernantes respondan a las necesidades que son impostergables en el país: la seguridad y la economía son dos de las prioritarias.