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La organización no gubernamental Acción Ciudadana presentó, el pasado viernes 1 de diciembre, un informe sobre el “sistema de financiamiento de la política”, en el marco de su campaña para transparentar la relación entre dinero y política en El Salvador. Destacamos esta publicación en este comentario porque da pie para abordar uno de los temas menos discutido en el debate político nacional actual: la corrupción a partir del financiamiento electoral de partidos y candidatos.
El uso del dinero es un mal necesario en la actividad política. Se puede usar tanto para fines lícitos, como por ejemplo para pagar las campañas, hacer funcionar el aparato partidario; o también se puede usar para fines ilícitos, como para comprar votos o enriquecer a los responsables partidarios. Los casos recientes de judicialización del manejo de dinero en la política en América Latina, específicamente en Centroamérica y en El Salvador, muestran que son abundantes los ejemplos del segundo tipo.
La corrupción que se genera a través del financiamiento de la actividad política es, por un lado condenable porque, como cualquier acto de corrupción, carcome a las personas y las instituciones. Más importante aún, cuando se generaliza este tipo de comportamientos, se observan efectos directos en la calidad de la representación. Aquellos que facilitan dinero a los partidos y candidatos y que saben que éste sirve para enriquecer a terceros o para comprar voluntades, obtienen casi de manera automática un poder mayor sobre dichos políticos del que de por sí le otorgaría el solo hecho de ser sus amigos y auspiciadores. El temor de los corruptos a ser delatados o a perder la fuente de enriquecimiento personal, otorga a sus financistas mayor de capacidad de presión sobre dichos políticos. Esto, en consecuencia, pervierte el proceso democrático cuya premisa fundamental es que los políticos rinden cuenta ante los ciudadanos. En este esquema viciado, los partidos y políticos se convierten en mediadores entre sus financiadores y sus bolsillos y las instituciones públicas. Los ciudadanos pasan a ser una variable de ajuste, que se activa través de prebendas y/o compras de votos para seguir alimentando la máquina corrupta.
El esfuerzo de la organización Acción Ciudadana por fiscalizar la relación entre política y dinero en El Salvador pretende precisamente evitar esta perversión de la democracia a la que nos referíamos en el párrafo anterior. El informe encontró que, entre 2014 y 2015, producto de contribuciones pública y privada, los partidos recibieron cerca de 60 millones de dólares. Los autores del informe no consiguieron suficiente información para detallar la identidad de las personas que aportaron al financiamiento de los partidos, ni tampoco éstos quisieron proporcionar la información detallada de sus gastos. Sin embargo, a pesar de las lagunas que se observa en el informe por la falta de cooperación de los partidos, ofrece algunas pistas que pueden abonar a la discusión sobre la transparencia en el manejo del dinero en la política en el país.
Estos datos muestran, en primer lugar, que los partidos manejan importantes recursos económicos durante las campañas electorales. En segundo lugar, las cifras arrojadas en la investigación de Acción Ciudadana indican que buena parte de lo que ingresaron a los partidos provino de fuentes privadas. Las donaciones de terceros a los partidos representaron más de la mitad del total de sus ingresos. En el caso del partido ARENA este elemento es aún más importante, el 63% de su financiamiento para el período analizado provino de fuentes privadas. En cambio, en el caso del FMLN de los casi 22 millones de dólares que oficialmente manejó durante el período menos de la mitad constituyó aporte directo de financistas privados.
De allí la necesidad de fiscalizar el origen y destino de los recursos, tanto públicos como privados, que reciben los actores políticos. Pero, como se destaca a lo largo del informe de Acción Ciudadana, se ha observado una fuerte resistencia de los partidos a facilitar información para que se realice esta fiscalización. La investigación detalla todos los esfuerzos que se ha tenido que hacer para lograr el mínimo de información que se ha conseguido levantar. El primer reflejo de los responsables de todos los partidos, independientemente del grado de cooperación que mostraron después, fue evitar que se conociera qué habían hecho de los recursos recibidos. Acción ciudadana tuvo que llevarlos ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral para accedieran a presentar información incompleta y, a veces inconsistente, sobre los fondos que manejan.
Este primer esfuerzo por analizar sistemáticamente el origen y destino de los fondos que reciben los partidos políticos invita a seguir profundizando en el tema. Para ello, hay al menos cuatro elementos que hay que considerar. El primero, a través de la sinergia y cooperación de varias organizaciones, hay que trabajar para romper la cultura de la opacidad que prevalece en los partidos y el desconocimiento sobre la importancia del tema en algunos organismos públicos, como son la misma Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, el Tribunal Suprema Electoral o la misma Fiscalía General de la República. El segundo elemento consiste en promover reformas legales para, por un lado, precisar mejor la responsabilidad de proveer información sobre su financiamiento y, por otro, aclarar y aumentar las sanciones para quienes se niegan o proporcionan información falsa sobre sus finanzas. La repetición de elecciones, la cancelación de los partidos y la responsabilidad personal penal de los culpables deberían de considerarse. El tercer punto a tomar en cuenta es que la discusión sobre financiamiento tiene que considerar tanto a los partidos como a los candidatos individualmente. Además, debe tomarse en cuenta, más que todo en un contexto de primarias, las campañas electorales empiezan mucho antes del tiempo legal estipulado.
Finalmente, hay que considerar que la lucha en contra de la corrupción a partir del financiamiento de la política es una tarea estructuralmente complicada en contextos de sistemas judiciales débiles. El sistema salvadoreño ha mostrado de manera flagrante su incapacidad para combatir delitos relativamente más fáciles de perseguir, porque el cuerpo del delito suele estar a la vista de todos. Aun así, sin embargo, los datos revelan que en el mejor de los casos, más del 80% de los homicidios no se resuelven. En este contexto, tomando en cuenta que la corrupción es un delito menos visible y con resultados menos obvios, es fácil suponer que será más difícil aún para un sistema judicial tan débil para combatirlo. Estas dificultades deberían de servir para animar a los activistas y otros grupos interesados en visibilizar el tema a redoblar el esfuerzo. Un factor clave para ello será el compromiso del electorado para sancionar a los culpables de mal uso del dinero en la política.
