Guerra jurídica

Desde hace algún tiempo se habla, tanto en el mundo legal como en el de la política, de guerra jurídica (lawfare); es decir, del uso de la justicia como arma para perseguir y desacreditar a adversarios. La etapa primera del procedimiento suele ser la misma: se vierte una acusación escandalosa contra el oponente, la cual se difunde en los medios de comunicación, y en especial a través de redes sociales, para aumentar el escándalo y preparar el terreno para el procesamiento judicial. Aunque el acusado sea inocente y así se reconozca después, se crea una sombra de sospecha que lo daña y desprestigia. El modelo de proceso penal que existe en muchos países facilita esa estrategia. En el caso de El Salvador, además, el régimen de excepción posibilita la detención arbitraria y elimina todas las garantías constitucionales referidas a la pronta y debida justicia.

Desde la destitución de la Sala de lo Constitucional hace cuatro años y la jubilación forzosa de jueces en base a discriminación por edad, el oficialismo ha hecho de la guerra jurídica una de sus principales estrategias para desacreditar y encarcelar a quienes percibe como adversarios. Debido a los repetidos escándalos de corrupción que se han dado en el país, acusar a alguien de ello es vía fácil para anular prestigios y silenciar voces incómodas. Por ejemplo, el asunto de los complementos salariales que no se declaraban al fisco, que pudo haberse solucionado por la vía administrativa, pasó a ser materia de persecución penal en el caso de algunos políticos; otros, marcados por la fama de corruptos pero que oportunamente se alinearon con el oficialismo, no han tenido el menor problema.

Luego de que esta guerra jurídica alcanzó a figuras clave de la oposición, el exilio de políticos críticos con el actual Gobierno se generalizó. Algunos de los que no huyeron y mantuvieron una posición pública discordante están hoy encarcelados. Después también fueron blanco los periodistas, que han enfrentado diversas formas de amenaza; un grupo de ellos ha tenido que dejar el país por precaución. Y en estos días, la guerra jurídica ha iniciado una nueva etapa; hoy los defensores de derechos humanos sufren sus efectos. A tal grado que la Conferencia Episcopal de El Salvador le ha pedido al Gobierno “que no persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esa función”. En los casos de Alejandro Henríquez (graduado de esta casa de estudios) y José Ángel Pérez, la Fiscalía les imputa delitos sin base objetiva, la Policía ve resistencia a la autoridad en lo que era un diálogo con agentes y los jueces se dan el lujo de olvidar los artículos 11, 12 y 13 de la Constitución, los cuales garantizan la protección de los derechos de las personas, especialmente en relación a la detención y el proceso judicial.

La guerra jurídica conduce a la debilitación de la justicia y crea una sensación de inseguridad y de indefensión legal generalizada. Incluso algunos abogados penalistas han decidido dedicarse al derecho privado al no ver perspectivas de independencia judicial en el derecho público. Precisamente, varias de las peticiones de la Conferencia Episcopal al Gobierno se refieren a situaciones jurídicas irregulares. Las peticiones de que se suspenda el régimen de excepción, que se evite la persecución y el encarcelamiento de ambientalistas, que no se colabore con políticas agresivas contra los emigrantes y que se respete la diferencia de opinión son muestras de la preocupación de los obispos por la situación social del país. Dialogar con quienes trabajan por la justicia y los derechos humanos sería un buen primer paso para salvar al país de la arbitrariedad y el descrédito.