Crímenes del pasado y reconciliación

Aunque no es el único factor ni quizás el más importante a estas alturas, la dificultad de reconciliarse con el pasado feroz que dominó El Salvador continúa siendo una causa de la falta de cohesión social. Y ello porque la reconciliación tiene una fuerza simbólica muy importante para lograr con mayor facilidad niveles de consenso para la solución de otros problemas. Decir la verdad sobre el pasado, saber valorarla en toda su dimensión, ofrece una enorme posibilidad de desarrollar confianza mutua. Un analista de peso de la realidad nacional, y no precisamente de izquierdas, me decía recientemente que si el Caso Jesuitas hubiera quedado en la impunidad absoluta y no se hubiera resuelto culpando a algunos militares, a él no le hubiera extrañado que miembros de la cúpula del Ejército de aquel entonces hubieran atentado contra la vida del propio expresidente Cristiani, pues el odio al diálogo iba demasiado lejos entre algunos de ellos. Más allá de la posibilidad de que eso hubiera podido ocurrir, hablar con esa libertad sobre el pasado ayuda no solo a entenderlo mejor, sino también a desarrollar esa condición básica e indispensable que es la confianza.

En este terreno, queda todavía mucho por hacer. La Fuerza Armada no ha sabido pedir perdón institucionalmente ni asumir su responsabilidad en una serie gravísima de atentados contra la vida humana. Es cierto que el presidente Funes ha pedido perdón por los crímenes del pasado. Pero el Ejército ha permanecido mudo. E incluso en algunos aspectos, como en la permanencia del nombre de Domingo Monterrosa en la brigada de infantería de San Miguel, hay una actitud de franca rebeldía. La mayor presencia militar en la vida pública, el crecimiento del número de soldados y del mismo presupuesto que se les asigna, hacen indispensable un reconocimiento del pasado. No hay que olvidar que tras su publicación, la Fuerza Armada se negó a reconocer el Informe de la Comisión de la Verdad y trató por todos los medios de desprestigiarlo. Asumir finalmente este documento y pedir públicamente perdón son actos que contribuirían decisivamente a la reconciliación. Porque esta solo puede ser sólida sobre la base de la verdad, y no a base de amnistías por decreto e interés particular.

Por otra parte, está pendiente en varios casos, en cuenta los de monseñor Romero y los jesuitas, la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien es cierto que en este Gobierno, e incluso en el anterior, ha habido más apertura para conversar sobre el tema, las recomendaciones siguen sin ser cumplidas. La administración Funes incluso ha tratado de presentar como una petición de perdón la distinción dada a los jesuitas al entregarles póstumamente la Orden Matías Delgado. Pero ahí no hubo petición de perdón; a lo sumo, un acto de compensación moral. Las peticiones de perdón, además, deben dialogarse previamente con las víctimas. Y deben aceptarse las condiciones básicas que las víctimas soliciten. En el Caso Jesuitas, es imposible un perdón en la esfera de lo público mientras no se reconozca la participación institucional de la Fuerza Armada en el asesinato. Y aun pidiendo perdón, los elementos principales de las recomendaciones de la Comisión Interamericana quedarían, como hasta ahora, clara y paladinamente sin cumplir, violando de ese modo tratados internacionales de protección de derechos humanos.

Si algo debería hacer el Gobierno en el orden de la reconciliación, es promover la devolución al país de ese archivo de la Comisión de la Verdad que duerme sepultado en unos sótanos de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí permanecen las investigaciones realizadas por los más de sesenta expertos que durante más de seis meses trabajaron tratando de llevar verdad a más de veinte mil casos, entre ellos los más significativos y luctuosos del país. Este archivo es propiedad del pueblo salvadoreño, patrimonio que debe ser legado a las futuras generaciones y fuente importante para cualquier investigación histórica sobre nuestro pasado de guerra. Tener este archivo en El Salvador, administrado por algún tipo de fundación en la que las víctimas y el Estado tengan representación, no solo es necesario para el conocimiento de la verdad, sino para tener un verdadero acceso a la memoria que impida la repetición de cualquier tipo de barbarie semejante.

Al celebrar en esta semana el recuerdo de los jesuitas de la UCA, cuyo asesinato se dio dentro de esa oleada de violencia que puso bombas al grupo de Comadres (heroicas madres que velaban por los derechos de sus hijos asesinados, desaparecidos o torturados) y a la sede de Fenastras (donde segó 9 vidas e hirió a cuarenta personas), no podemos menos que insistir en la recuperación de la verdad. No para levantar o remover heridas, sino para asumir con seriedad nuestro pasado y construir un futuro donde la indiferencia ante las víctimas esté desterrada y la solidaridad sea la fuente de la construcción de un nuevo El Salvador. Solo sobre la verdad se construye país y reconciliación, y para eso hay que empezar por reconocer esa misma verdad.