Crímenes graves y perdón

A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y con la detención y posterior liberación de algunos de los autores materiales de la masacre en la UCA, algunas personas han hablado de la necesidad de perdonar. Lo triste es que varias de ellas, incluidos algunos representantes del partido en el Gobierno, han mencionado el tema de un modo, cuando menos, confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se mezcla indebidamente el perdón cristiano de los pecados y el perdón legal de los delitos. Dos cosas diferentes que merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia abre heridas y que, por tanto, es mejor perdonar y olvidar. Y no faltan quienes creen que el perdón de las víctimas se consigue dándoles regalos o donaciones económicas.

Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle —ilegal o legalmente donde haya pena de muerte—. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.

Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.

Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.

Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porque saben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.

Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompido, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”.