¿Cuál es la diferencia?

En el discurso del otrora candidato presidencial y ahora mandatario de El Salvador siempre ha estado un otro yo, un alter ego dictatorial, del que él es su negación, su opuesto. En su relato, ese “otro yo” ha tomado cuerpo en los presidentes de Honduras y de Nicaragua, Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega, respectivamente. Sin embargo, ahora podemos preguntarle al presidente ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué difiere su mandato con respecto a sus otros pares?

La pregunta cobra mayor sentido en estos días porque, lamentablemente, la débil institucionalidad creada a partir de los Acuerdos de Paz está siendo atacada, como nunca lo había sido, por los diputados de su partido, al destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Si bien no ha sido el presidente quien lo ha hecho, él se ha cuidado estratégicamente para actuar a través de la bancada oficialista, mientras se aparenta el funcionamiento independiente de los poderes del Estado. La destitución, sin los debidos procesos, de los magistrados y del fiscal general por parte de la bancada oficialista atenta contra la separación de poderes y su independencia, tal como está consignado en nuestra Constitución. Además, nos sitúa en un escenario extremadamente peligroso donde no solo el Ejecutivo se arroga poderes especiales emanados por un “pueblo” abstracto para hacer y deshacer cuanto quiera, sino que también nos sitúa en un escenario en el que podríamos experimentar reiteradamente el absolutismo de una Asamblea Legislativa que satisfaga las conveniencias personales del mandatario o los planes diseñados desde la Casa Presidencial.

El presidente debería recordar que el absolutismo al que se opusieron los líderes republicanos y muchos pueblos de estas tierras hace doscientos años no solo fue hacia el monarca, figura política que pareciera ser de su agrado, sino también en contra del absolutismo de un congreso español que no respondía a sus demandas y aspiraciones debido a su obstinación por escuchar a sus “colonias”. El presidente también debería recordar que, desde hace dos siglos, nuestros países se construyeron bajo un sistema representativo donde se concebía al Parlamento con mayor poder que el Ejecutivo, justamente para evitar los excesos de este último. Sin embargo, a través de nuestra vida republicana, el Parlamento también mostró excesos o desvaríos absolutistas en connivencia con los grupos económicos más poderosos, con la “clase política” o con el caudillo de turno.

Si las razones detrás de lo ocurrido el 1 de mayo en la Asamblea han sido para desmontar un sistema injusto, corrupto y anquilosado en nuestras instituciones políticas, los procedimientos para realizardo han fallado, son igualmente viciados y ponen en peligro la convivencia social, el respeto y las garantías de los derechos de la población, la pluralidad de pensamiento, la cooperación internacional y la fiscalización ciudadana del poder. El oficialismo está en lo correcto: a la derecha de este país le importó poco la inversión social y la izquierda mostró su incapacidad o su acomodamiento al sistema como para realizar los cambios que abanderaba doctrinalmente. Ambos tienen una importante cuota de responsabilidad del país que hemos heredado. Justamente, por ello, son responsables de haber preparado las condiciones para que el presidencialismo degenerase en autoritarismo, tal como ahora está ocurriendo ante nuestros ojos. De ahí que el desgarramiento de las vestiduras que ahora exhiben en contra del autoritarismo sea tan hipócrita y cínico como sofista es defender la existencia, a partir de este 1 de mayo, de una independencia de poderes.

¿Cuál es la diferencia entre los regímenes de Honduras y de Nicaragua con la gestión del presidente salvadoreño? Ortega se ha perpetuado en el poder gracias a importantes alianzas con el empresariado, a viejas clientelas y con el favor del Ejército. Hernández llegó a su segundo período presidencial por medio del fraude electoral y violando la Constitución, mientras que Bukele asumió la presidencia con un gran apoyo popular por la vía electoral. Por otro lado, Hernández es acusado de tener estrechos lazos con el narcotráfico. Ortega mantiene fraternales relaciones con regímenes como el venezolano y Bukele presumió durante mucho tiempo su amistad con el gobierno estadounidense.

Con todo, los tres mandatarios se caracterizan por haber acumulado un importante poder a su favor, por aplicar las leyes según su discrecionalidad y por contar con el respaldo de las fuerzas armadas. Nadie cuestiona la legitimidad popular de la que goza el presidente salvadoreño y su bancada legislativa, pero ello no valida cambiar a su favor, y bajo medios viciados, la conformación del poder judicial. Creemos que todavía es tiempo de rectificar, de marcar la diferencia con respecto al pasado, para solucionar los históricos problemas de las mayorías del país, a través de formas innovadoras, pero siempre respetando la Constitución.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 43.