La necesidad de camuflar y encubrir

Para nadie es un secreto la inclinación del gobierno por la imagen y la publicidad. Es su sello. Sin ninguna duda, lo mediático es el elemento fundamental de su estrategia política y su principal cimiento para ejercer poder. Se refleja no sólo en el profesionalismo con el que lo hacen, sino por la cantidad de recursos técnicos y financieros destinados a ello. A esa estrategia oficial no se le puede separar de sus apéndices: los “creadores de contenido”, ambiguo término para referirse a cajas de resonancia (en su mayoría capaces de generar opinión sin ningún sustento, pero, a fin de cuentas, opinión que se convierte en ruido o viceversa). De igual manera ocurre con las cuentas fantasmas que existen en las redes sociales que, según algunos expertos y sectores populares, están vinculadas a personajes e instancias públicas y que funcionan como hordas para atacar a opositores políticos o cualquier voz lúcida que señale los errores o abusos de las autoridades. No se pueden soslayar. Mucho se ha escrito sobre esa estrategia, sobre sus métodos y sobre los vacíos de información acerca de lo que destina el gobierno, u otras dependencias del Estado, diariamente para ese rubro. No es algo novedoso, a pesar de la falta de transparencia. No obstante, sí puede ser conveniente pensar y preguntarse por otro tipo de gastos que puedan tener los adalides de la publicidad: los imprevistos. Los desembolsos súbitos destinados a limpiar la cara autoritaria y sospechosa del oficialismo. 

Y es que por mucho que se cuente con un diseño propagandístico para situar al gobierno a funcionarios y a políticos como los ungidos para dirigir las riendas del país, hay hechos que no se pueden ocultar. Hechos (acciones y vejaciones) que exponen todos los trapos sucios que se han ido acumulando en los últimos años. Gracias a la labor del periodismo crítico que existe en el país, los indicios de corrupción y abusos dentro de toda la estructura del Estado se han ido difundiendo. Sin embargo, pese a conocer muchas de esas situaciones irregulares e, incluso, inconstitucionales, quizás con uno de los picos más altos en el contexto del confinamiento por la pandemia COVID-19 o del régimen de excepción, actualmente casi a diario se ventila un nuevo escándalo. Sólo entre abril y lo que va de mayo la prensa seria da cuenta de nuevos casos de abusos de poder (compadrazgos, tráfico de influencia, contratos amañados), violaciones a los derechos humanos, negligencias, recortes presupuestarios, extranjeros con tratos preferenciales sin mayor justificación, chivos expiatorios, entre otros. 

Que no resulte extraño que en el país se siga conociendo nueva información o se siga profundizando en estas noticias. Ahora bien, esto plantea dos problemas o aspectos a considerar, ambos igual de importantes. Se debe reparar que se está en un año preelectoral, un periodo ya de por sí manchado por cómo está siendo el manejo de los comicios. En esa línea, el oficialismo buscará librar una batalla para limpiar su imagen. La publicidad ya no será destinada únicamente a informar a medias o a conveniencia, sino que la hipocresía y el propósito de encubrir o camuflar puede ser mucho más agresivo e insolente. Esto implica prestar atención a los mensajes y a la manipulación burda. Supone estar alerta para desenmascarar. Significa, para los sectores críticos de la población, investigar, documentarse sobre la situación financiera y económica del país, sobre los aspectos políticos y los abusos hacia la Constitución, sobre las violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción.

En relación con lo anterior, el otro aspecto a considerar va más allá del propio evento electoral. Es algo más estructural o cultural y tiene que ver con el derroche de fondos públicos como un acto no sólo nefasto, sino también injusto. La sociedad salvadoreña corre el riesgo de normalizar lo absurdo y quizás lo impensable. Ciertamente, en términos sociales y políticos muy pocas cosas sorprenden, el país viene tocando fondo desde hace un tiempo. Sin embargo, esa lamentable realidad no es sinónimo de indiferencia. Los reprochables actos del oficialismo siguen ocasionando vergüenza e indignación. De igual manera ocurre cuando se sabe que los recursos del Estado sirven para limpiar el rostro de las figuras públicas. Se trata de un círculo vicioso, a mayor concentración de poder, mayor corrupción y a mayor corrupción más fuerte es la necesidad de apagar todos los incendios y disfrazar la realidad. Contrario al papel esencial de un Estado, es decir, procurar justicia y convivencia, garantizar empleos, sanidad, invertir más en la educación superior, entre otros; con estos gastos superfluos el país veta un real desarrollo. Parafraseando a Adela Cortina, respetada profesora de ética, hay que invertir en todo aquello que vale la pena, lo cual implica priorizar en todo lo que humanice y evite sufrimientos. Para El Salvador significa no destinar ni un centavo en eludir todo el fango y el trabajo mal hecho.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 121.