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El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, su esposa y su secretario privado fueron acusados de tener nexos con el narcotráfico y el crimen organizado. Rodrigo Rosenberg, abogado del empresario Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa, no solo señaló a estos altos funcionarios, también los responsabilizó de su asesinato. Rosenberg recibió cuatro balazos el domingo 10 de mayo y dos días después el video donde hacía estas imputaciones apareció en los principales medios de ese país.
¿Hasta dónde llegan las redes del crimen organizado y del narcotráfico?, es una pregunta que se hacen ahora los guatemaltecos. El asesinato de los parlamentarios salvadoreños y el involucramiento del ex diputado Manuel Castillo en el caso, el desaparecimiento de más de dos mil armas del arsenal de la Policía Nacional Civil guatemalteca, las acusaciones de Rosenberg, entre otros hechos, hacen creer que estos males han invadido toda la estructura pública del vecino país.
Tan serio se ha vuelto el problema que las mismas Naciones Unidas han intervenido. Carlos Castresana, abogado español que fue fiscal anticorrupción y recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en su país, dirige ahora la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta es un órgano auxiliar del ministerio público que tiene la intención de fortalecer y ayudar al Gobierno de ese país a enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Los ojos están puestos en Guatemala, como lo han estado en México, porque la institucionalidad está amenazada.
¿Hasta dónde llegan las redes del crimen organizado y del narcotráfico?, es una pregunta que debe hacerse toda la región. La instalación en El Salvador de una base regional de monitoreo de drogas por parte del Gobierno estadounidense desde el año 2000 no es casual. Tampoco lo es que en Honduras hayan aparecido diputados involucrados con el narcotráfico, ni que en Nicaragua se tenga detenido a un parlamentario centroamericano, el hondureño César Díaz, bajo los mismos cargos, o que se afirme que en las islas de San Andrés, Nicaragua, y en la Ceiba, Honduras, operan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la llamada narcoguerrilla.
Se dice que el involucramiento de políticos puede significar también financiamiento para partidos. La factura la pagan al llegar al poder facilitándoles su funcionamiento, el traslado de drogas, armas o mercancía, y la impunidad. La región está amenazada.
¿Hasta dónde llegan las redes del crimen organizado y del narcotráfico?, es una pregunta que debemos hacernos los salvadoreños. No se puede suponer que el país está liberado de este mal solo por albergar la base regional de monitoreo de drogas. Basta con recordar a los ex diputados Eliú Martínez y Roberto Carlos Silva. A Silva incluso se le relaciona con Manuel Castillo y con el asesinato de los parlamentarios salvadoreños en Guatemala. La Policía Nacional Civil salvadoreña también está cuestionada por sus nexos con la banda Los Perrones y con el crimen organizado en el oriente del país.
Lo ocurrido en Guatemala no solo es lamentable, sino también preocupante. Hay suficientes elementos para deducir que el crimen organizado y el narcotráfico están inmersos en la región, en las instituciones investigadoras del crimen, en los cuerpos de seguridad, en todo el aparato público. Lo ocurrido en Guatemala obliga a tomar las previsiones en El Salvador, porque, como bien afirma la gente, "cuando veas a tu vecino las barbas recortar, pon las tuyas a remojar". Y nada hay para a suponer que estamos libres del crimen organizado y del narcotráfico.
