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La producción científica y tecnológica de un país se desarrolla satisfactoriamente cuando existe un sistema de innovación dinámico que favorece la interacción de sus principales elementos: universidades, Gobierno, empresas y organizaciones de enlace (fundaciones, ONG, etc.). Cada uno de estos pone a disposición del sistema de innovación sus capacidades, necesidades y recursos, fortaleciendo así los resultados del conjunto, es decir, los productos científicos y tecnológicos. Así, por ejemplo, las universidades ponen en el sistema sus conocimientos (desarrollados por docentes, investigadores y estudiantes) de formas diversas, como programas de formación y entrenamiento en ciencia y tecnología, servicios tecnológicos (ensayos y pruebas de laboratorio, y acceso a bibliotecas virtuales y centros de documentación) y conocimientos intangibles derivados de la actividad de investigación y desarrollo (I+D). De esta manera, las universidades reciben del sistema demandas de formación y de resolución de problemas, y entregan publicaciones y patentes (en otras palabras, productos científicos y tecnológicos del sector universitario). Obviamente, para que las universidades generen estos productos necesitan dos recursos fundamentales: personal adecuado y recursos financieros oportunos.
De acuerdo al informe de Conacyt "Indicadores de actividades en ciencia y tecnología en el sector de educación superior" (2012), El Salvador tiene el número más bajo de publicaciones en Centroamérica registradas en las bases de datos digitales CAB (ciencias agrícolas), SCI (multidisciplinaria), Biosis (biología), Oascal (multidisciplinaria), Medline (salud), Compendex (ingeniería), Inspec (física) y Chemical Abstracts (química). Esto se muestra en la tabla que aparece abajo, la cual se elaboró con base en los datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt) de 2009. Además, en el gráfico que le sigue no solo queda claro que nuestro país es deficiente en el número de publicaciones, sino que tiene la menor cantidad con respecto a otros países de la región que tienen un número similar o inferior de investigadores. La pregunta obligada es qué factores explican este pobre desempeño de El Salvador.
El primer factor tiene que ver con la poca interacción entre los actores del sistema de innovación del país, lo que ocasiona que no haya movilidad de recursos humanos ni financieros para producir publicaciones. Esto se comprueba cuando se observa que de los 7.2 millones de dólares dedicados a I+D por parte de las 38 instituciones de educación superior del país, el 51.84% provienen de recursos propios de estas, 24.81% del Gobierno, 1.62% de las empresas, 19.18% del extranjero y 2.55% de otras fuentes. Además, según datos de Conacyt para 2012, los fondos se destinan a proyectos de poca intensidad y de bajo impacto en I+D: de los 440 proyectos ejecutados en 2011, el 66% requirieron de un financiamiento por debajo de los 10 mil dólares y el 75% duraron menos de 12 meses.
El segundo factor: el sistema de educación superior está más dedicado a la enseñanza y la formación que a la I+D. De los 224.5 millones de dólares del presupuesto ejecutado por las instituciones de educación superior en 2011, el 96% va a enseñanza y formación, 3% a I+D y 1% a servicios tecnológicos. Esta situación implica no solo poca inversión en investigación y desarrollo, sino que el personal dedicado a esta actividad es también poco: para ese mismo año, el estudio de Conacyt registra 449 docentes-investigadores y 60 investigadores en el sector de educación superior. Por su parte, los datos del Ministerio de Educación indican que en el sector se registran 9,291 docentes, de los cuales el 33.1% (3,075) están contratados a tiempo completo. Es decir, todo el peso de la actividad científica del país recae en un reducido personal a tiempo completo (en su mayoría, dedicado a la docencia) y muy pocos de ellos (solo 515) hacen alguna labor de investigación.
Así las cosas, la escasa producción científica y tecnológica de El Salvador a nivel de publicaciones se explica por su débil sistema de innovación, la baja asignación de recursos dedicados a I+D y el mínimo personal dedicado a la actividad científica. Para revertir esta situación se requiere que las instituciones de educación superior dediquen sus exiguos fondos de I+D a la formación doctoral de su personal. Esto, a la larga, propiciará la consolidación de grupos de investigación y, en consecuencia, el aumento de las publicaciones científicas. Por otro lado, las instituciones de educación superior deben fortalecer sus unidades de vinculación con sectores externos, de tal forma que se logre dinamizar el sistema de innovación del país.
