Demandas con mayor aprobación

Hace poco se dio a conocer la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, en la que los salvadoreños evalúan el segundo año de gobierno de Salvador Sánchez Cerén. En las líneas que siguen, centramos la atención en los resultados que se obtuvieron de pedirle a la gente que expresara su acuerdo o desacuerdo con ciertas afirmaciones sobre lo que el Gobierno debería hacer en áreas fundamentales de la vida del país. A continuación, pues, enlistamos y valoramos los enunciados, siguiendo el criterio de la mayor aprobación obtenida.

“El Gobierno debería enfrentar la delincuencia no solo con el uso de la fuerza sino con una política de prevención de la violencia”. La mayoría, un 90.5%, está de acuerdo con esta afirmación. Esta opinión que favorece lo preventivo sobre lo punitivo es compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un informe sobre violencia, niñez y crimen organizado, la Comisión expresa su preocupación por las respuestas estatales basadas en el control coercitivo y la represión punitiva. Se critica el hecho de que las políticas de ese tipo buscan mostrar resultados a corto plazo, pero no logran abordar adecuadamente las causas de la violencia ni se enfocan lo suficiente en la prevención o en programas de inversión social y promoción de derechos. El principio guía que se propone es que la disminución de la pobreza, la desigualdad y la discriminación aumenta la integración social y contribuye a reducir las tensiones, la inseguridad y la violencia.

“El Gobierno debería apoyar la investigación de redes de crimen organizado y corrupción que funcionan en el país”. Con este enunciado está de acuerdo el 96.3% de los consultados. La exigencia implícita en esa afirmación es corregir uno de los principales errores de la política criminal de los últimos años y aplicar las políticas de mano dura no solo a las pandillas, sino también a la criminalidad no convencional. Existe una confusión interesada que termina encubriendo la falta de persecución de las verdaderas modalidades del crimen organizado (narcotráfico, contrabando de mercancía, tráfico ilícito de armas, trata de personas, corrupción, defraudación fiscal y lavado de dinero, entre otras). Distinguir entre la naturaleza, mecanismos y vínculos del crimen convencional y del no convencional es una condición necesaria para combatirlos.

“El Gobierno debería apoyar la creación de una comisión internacional que investigue casos graves de corrupción y crimen organizado en el país”. El 96.9% de los encuestados está de acuerdo con esta aseveración. Por la contundencia del resultado, puede inferirse que la ciudadanía es cada vez menos tolerante a la corrupción, más consciente de la necesidad de combatirla y de castigar ejemplarmente a los funcionarios corruptos. En el contexto de esta afirmación se encuentran, entre otros, los casos del expresidente Francisco Flores y los millones de Taiwán; del expresidente Mauricio Funes por supuesto enriquecimiento ilícito y uso de fondos públicos para favorecer a sus amigos; de Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, y las compras de lotes al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada a precio preferencial; de Luis Martínez, exfiscal General de la República, quien solicitó o aceptó favores de Enrique Rais a pesar de que el empresario estaba sometido a investigación. Para que estos casos no terminen solo en la difusión mediática, se requieren investigaciones serias, líderes políticos intolerantes a la corrupción, leyes que efectivamente se apliquen y alta participación ciudadana.

“El Gobierno y la empresa privada deberían pagar el salario mínimo de $300 dólares tanto en el campo como en la ciudad”. Esta afirmación cuenta con la anuencia del 93.7%. Como se sabe, uno de los principales problemas económicos del país es que los modelos de desarrollo implementados no han sido capaces de ofrecer suficientes trabajos decentes; trabajos con remuneración justa, protección social, condiciones de seguridad, posibilidades de desarrollo personal, reconocimiento social e igualdad en el trato para mujeres y hombres. El resultado es grave: el mercado laboral no le permite a la mayoría de salvadoreños desarrollar sus capacidades, desplegar su potencial y procurarse los medios para alcanzar bienestar. Revertir esta realidad supone la aplicación de políticas salariales que asuman que el salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores. El mensaje para el Gobierno en este plano es que la mejor política social debe ser la generación de trabajo decente.

Ojalá que la opinión mayoritaria reflejada en la encuesta mueva al poder político a priorizar el abordaje de estos temas.