Derechos humanos, prevención de violencia y reforma fiscal

En una reciente entrevista de un periódico digital, Alejandro Gutman ha señalado que los actuales programas de prevención de violencia en El Salvador no son ni serán eficientes para modificar la problemática actual de inseguridad.

La misma concepción de estos programas refleja la exclusión que muchas personas viven a diario en El Salvador. Gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONG’s), organismos internacionales, empresas privadas y la academia se ha llenado de discursos y propuestas para la “prevención de violencia” entendida como programas que fomentan la educación, la construcción de espacios públicos, la generación de oportunidades de trabajo, etcétera.

¿No son acaso estos derechos humanos básicos? Desde esta idea de “prevención de violencia”, no lo son; la educación, la recreación y el empleo son herramientas utilizadas para evitar que las personas realicen actividades delictivas. Parafraseando a George Orwell, todos somos iguales pero unos somos más iguales que otros. Algunas personas son sujetas de derechos por su calidad de ser humano, mientras que otras únicamente lo son para prevenir su violencia en potencia.

De ahí tantas ONG’s que se empeñan en alcanzar metas de capacitaciones de jóvenes en diversos “oficios” que no garantizan ni siquiera el subempleo. De ahí la construcción de espacios públicos en medio de asentamiento precarios para que los jóvenes “utilicen su tiempo en otras actividades diferentes a la delincuencia”. De ahí tantas empresas privadas que les encanta hacer campaña de su responsabilidad social empresarial (RSE), pero se rehúsan a siquiera considerar contratar a personas que viven en asentamientos precarios y que muchas veces las mismas empresas han capacitado con su “RSE”; y es que en el fondo esas capacitaciones no eran para que las personas pudieran conseguir un empleo, era para “evitar que se hicieran violentas”.

Si realmente deseamos realizar un cambio en la problemática actual de El Salvador tenemos que empezar a construir las bases para garantizar la universalización de los derechos humanos más básicos.

¿Pero cómo lograrlo? Sin desprestigiar el trabajo y dedicación de muchas ONG’s- de las que incluso he sido parte- las personas no pueden depender de la aprobación de fondos de cooperación internacional o de la buena voluntad de empresarios benevolentes que compran propuestas para realizar su RSE como si fuera cualquier otra mercancía. Por tanto, quien debe de garantizar la universalización de los derechos humanos es el Estado, la misma constitución en el artículo uno establece: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”.

Para lograr lo anterior es necesario una reforma tributaria que incremente los ingresos públicos, pues la carga tributaria actual es muy baja para hacer frente a los rezagos en desarrollo humano que el país enfrenta. ¿De dónde deberían de provenir estos recursos? Evidentemente de los sectores de mayores ingresos en El Salvador, para eso es necesario considerar el impuesto al patrimonio, corregir distorsiones en el impuesto a la renta, combatir la evasión y replantearse las exoneraciones fiscales.

No faltará quien señale que estos fondos terminarán siendo malversados por los funcionarios públicos, por supuesto que esto debe de venir acompañado de un incremento en la transparencia pública, pero a estas personas también es necesario recordarles que en términos prácticos la corrupción es tan eficiente para mejorar el cumplimiento de los derechos humanos como las compras millonarias en bienes suntuarios o depósitos en paraísos fiscales.