Desafíos de la libertad

De nuevo hemos entrado en el mes cívico, dedicado a la libertad. Esta vez, se conmemorarán 193 años de independencia. En este marco, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, planteó la necesidad de redefinir el concepto de patria, considerándola como el lugar donde “se respeten los derechos de todos y todas. Un lugar en donde se garanticen los derechos humanos básicos a la seguridad, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vestimenta, a la vivienda”. Sin duda, los derechos humanos son condición de posibilidad para que haya patria libre. Y qué bueno que el Presidente lo haya recordado con vehemencia, porque nos pone ante la necesidad de pensar en los desafíos que tiene la libertad ahora.

En los informes del PNUD sobre desarrollo humano, se ha reiterado que este y los derechos humanos tienen una visión y un propósito comunes: velar por la libertad de todos en todas partes. Por eso se habla de la libertad frente a la discriminación, ya sea en razón del género, la raza, el origen nacional o étnico, o la religión. Se habla de la libertad frente a la necesidad, para disfrutar de un nivel de vida decente. De la libertad para desarrollarse y hacer realidad la potencialidad humana de cada uno. De la libertad ante el temor, las amenazas contra la seguridad personal, la tortura, la detención arbitraria y otros actos violentos. De la libertad ante injusticia y las violaciones al Estado de derecho. De la libertad para participar en la toma de decisiones, expresar opiniones y formar asociaciones. De la libertad, en fin, para tener un trabajo decente que posibilite la vida. La libertad, por ende, es promesa y tarea, cuya consecución implica lucha continua frente a las realidades que la impiden. En El Salvador, eso tiene, entre otras, las siguientes connotaciones.

Liberarse de la pobreza y la inequidad. Si bien los informes del PNUD nos consideran un país de desarrollo humano medio —posición 115 entre 187 naciones—, no dejan de ser preocupantes las cifras que se reportan: alrededor de 4 de cada 10 hogares salvadoreños son pobres; la escolaridad promedio apenas alcanza los 6 años; y la tasa de analfabetismo de las personas de 10 años en adelante es del 14%. Del total de la población que se enferma, el 40% no recibe servicios de salud, y aproximadamente solo el 20% de la población tiene algún seguro de salud. Del total de la población económicamente activa, solamente el 18% es cotizante del sistema de pensiones. Estos datos, entre otros, exigen un compromiso ineludible: la lucha contra la pobreza que no solo impide el desarrollo de la gente, sino que causa una muerte lenta a un buen número de salvadoreños, al privarlos de una adecuada alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo. La conquista de esta libertad comienza poniendo en el centro del proceso de desarrollo a las mayorías empobrecidas, liberándolas del desempleo, el subempleo, los bajos salarios y la exclusión social.

Liberarse de la violencia y la inseguridad. El Salvador es el tercer país más violento de Centroamérica, después de Honduras y Guatemala, con un promedio diario de 12 homicidios. La conclusión es grave: la violencia y el delito están dañando directamente el núcleo básico de los derechos humanos: la vida y la integridad física y material de las personas. Asimismo, el incremento de la violencia está asociado a factores estructurales que niegan la libertad: la falta de empleo, una insuficiente movilidad social, la deserción escolar, el crecimiento urbano acelerado y la falta de capacidades del Estado para hacer frente a los altos niveles de inseguridad. Hay aquí dos retos ineludibles, principalmente para el Estado: crear políticas de seguridad que sean integrales y eficaces para frenar la violencia y el delito, y garantizar la atención, protección y reparación a las víctimas de la violencia criminal.

Liberarse de la injusticia y la impunidad. En el informe de 2013, Amnistía Internacional hizo los siguientes señalamientos al Estado salvadoreño: (1) Ha persistido la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1980-1992); (2) sigue vigente la ley de amnistía de 1993, a pesar de los reiterados llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su anulación; (3) se elude el derecho internacional que reclama verdad y justicia en torno a crímenes contra la humanidad; (4) sigue suscitando preocupación la violencia contra mujeres y niñas; y (5) preocupa la situación de impunidad para la violencia de género en el país. Una vez más hay que recordar que sin Estado de derecho y administración de justicia eficaz, la vida ciudadana se torna vulnerable.

Libertad para poner a producir todo el potencial humano. Esto implica que las personas deben tener acceso a la igualdad de oportunidades para desplegar su potencial y participar equitativamente en todas las esferas de la sociedad. En este punto, hay que recordar que la Constitución salvadoreña identifica a la persona humana como el origen y fin del Estado; en consecuencia, hay un compromiso político de garantizar, al menos, salud, nutrición y educación por sus efectos positivos, directos o indirectos, en cada ciudadano. Ignacio Ellacuría, con una visión ética-política de más largo plazo, hablaba de una civilización de la pobreza, donde lo cotidiano no sería la privación de lo necesario y fundamental para las mayorías, sino “un estado universal de cosas en donde está garantizada la satisfacción de las necesidades fundamentales, la libertad de opciones personales y un ámbito de creatividad personal y comunitaria que permita la aparición de nuevas formas de vida y cultura, nuevas relaciones con la naturaleza, con los demás, consigo mismo y con Dios”.

Liberarse para ser ciudadanos responsables y activos. En el más reciente informe global del PNUD, se sostiene que el bienestar de las personas se ve influenciado en gran medida por las libertades que disfrutan y por su capacidad para hacer frente a los acontecimientos adversos, sean de origen natural o social. En este sentido, se habla de la necesidad de construir resiliencia: garantizar que el Estado, la comunidad y las instituciones mundiales trabajen para empoderar y proteger a las personas. En otras palabras, permitir que los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus derechos, expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche y que pasen a ser agentes activos que puedan definir su propio destino. Se trata de tener la libertar de vivir la vida y de enfrentar sus circunstancias de manera adecuada. La existencia de una ciudadanía libre y activa supone reforzar las oportunidades, ampliar la acción humana y promover las competencias sociales.

Ignacio Ellacuría planteaba que “la independencia de las naciones, como la libertad de las personas, se hace día a día, se conquista hora a hora y se puede perder en cualquier momento”. De ahí la importancia de tomar en serio los desafíos que nos presenta la construcción de la libertad en nuestro mundo local y global.