Caso Catedral: corrupción que lastra la economía

De acuerdo con la encuesta de opinión pública más reciente del Iudop, el 43.8% de los salvadoreños considera que la economía es el principal problema que enfrenta el país. Lo anterior es coherente con los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2021, que señala que los hogares en pobreza extrema pasaron de representar el 4.5% en 2019 al 7.8% en 2021. La situación se agrava en la zona rural. En el mismo período, los hogares en pobreza extrema pasaron de 5.2% a 10.4%. Si bien la crisis inflacionaria global impacta directamente en los indicadores de pobreza (a través de los incrementos de los precios de la canasta básica alimentaria), los mayores niveles de inflación se han registrado en el año 2022, por lo que su efecto todavía está por observarse.

Aunque existen factores estructurales y externos que contribuyen a explicar la delicada situación económica de El Salvador, el manejo propagandístico y poco transparente de la pandemia cargan con una cuota importante de responsabilidad. En una reciente investigación periodística de El Faro se señalan indicios de corrupción en la adquisición de las canastas de alimentos entregadas por el Gobierno de Bukele. De acuerdo con la publicación, el extinto Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía investigaba irregularidades en la asignación de 10 contratos para la entrega de los artículos incluidos en los paquetes alimentarios. Lo anterior se suma a una previa investigación del periódico digital en el que se señala a Osiris Luna de vender 42 mil sacos de alimentos del programa de emergencia.

Lo anterior no es únicamente reprochable en términos legales y éticos, también es cuestionable por su impacto económico. Ante la caída de remesas y exportaciones que sufrió El Salvador durante los primeros meses de 2020, la economía salvadoreña se vio urgida del ingreso de dólares desde el exterior para contar con recursos que permitieran seguir operando internamente e importando bienes y servicios. Parte de estos recursos se obtuvieron a través de los $2,000 millones de deuda pública aprobada en 2020 para el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por Covid-19. El Fondo sirvió también para financiar las canastas alimentarias entregadas a la población. En ese momento, lo recomendable era —en la medida de lo posible— producir internamente los bienes entregados en la canasta alimentaria. De esta manera, se pudo haber disminuido la salida de dólares, dinamizado la economía interna y reducido la necesidad de endeudamiento externo. Sin embargo, como señala la investigación de El Faro, muchos de los bienes entregados en la canasta se importaron.

El valor de las importaciones de algunos de los bienes de la canasta se incrementó sustancialmente en 2020 (año de crisis) en contraste con 2019. Por ejemplo, la importación de pastas pasó de $11.4 millones en 2019 a $27 millones en 2020; la de harinas de cereales, de $8.2 millones a $19.8 millones; la de la partida SAC 1901 que incluye la leche en polvo, de $57.4 millones a $85.5 millones; la de la partida SAC 1604 que incluye el atún, de $10 millones a $26.2 millones.

En el agregado, el déficit comercial pasó del 16% del PIB en 2019 al 18% en 2020 y al 25% en  2021. Es importante señalar que algunas importaciones eran ineludibles entre 2020 y 2021. En 2021, por ejemplo, se importaron $158 millones en vacunas, de los cuales $43 millones provenían de Estados Unidos y $94 millones de China. En ese sentido, no se critica la entrega de la canasta alimentaria o la adquisición de vacunas, sino la falta de transparencia y planificación que, lejos de contribuir a dinamizar la economía interna, han agravado la dependencia de importaciones.

Un mayor déficit comercial implica un mayor deterioro de la producción interna y una mayor necesidad de entrada de dólares a través de remesas y de endeudamiento externo. Esto se da en un contexto en el que las remesas podrían desacelerase ante el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos y en el que el Gobierno de El Salvador ha encontrado dificultades para colocar nueva deuda pública. En ese sentido, en los próximos años la economía salvadoreña podría  enfrentar dificultades para cubrir su necesidad de flujo de dólares, lo que en la práctica se observaría como una reducción del consumo privado y público, que a su vez podría incrementar el desempleo o la informalidad. A pesar de este escenario poco alentador, la medida económica más publicitada del Gobierno sigue siendo la introducción del bitcóin (o colón-dólar), que de ninguna manera parece resolver los problemas descritos.

“El dinero alcanza cuando nadie roba”, repetía Bukele cuando era candidato. La afirmación es falsa. Como muestra nuestra delicada situación económica, sin modificaciones estructurales al funcionamiento del modelo económico, el dinero no alcanza para satisfacer las necesidades más básicas de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Por supuesto, la situación se agrava ante la corrupción, la falta de transparencia, el nepotismo y el manejo propagandístico en la toma de decisiones de política económica. La administración de Bukele no parece interesada ni en modificar el modelo ni en eliminar estas prácticas.

* Armando Álvarez, docente e investigador del Departamento de Economía.