Desafíos y esperanzas en América Latina

“Declaración política de Belén” se titula el documento final de la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada recientemente en Belén, Costa Rica. En el encuentro se planteó que la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible con inclusión social, económica y financiera son desafíos que exigen esfuerzos globales, regionales, nacionales y locales. Este enfoque asume la perspectiva de que no puede haber desarrollo sostenible sin la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad, como los indígenas, afro-descendientes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, niños y adolescentes. Se estima que la equidad, la inclusión social, económica y financiera y el acceso a un crédito justo son centrales para asegurar justicia, participación ciudadana, bienestar y vida digna a todos. Asimismo, se sostiene que la promoción de la cultura de paz y de no violencia es también un elemento fundamental para la consecución del desarrollo sostenible.

Si consideramos que Latinoamérica y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, los desafíos expuestos por los jefes de Estado son claramente ineludibles. Según un informe de la Cepal, mientras los más ricos captan en promedio casi el 50% de los ingresos totales de la región, los más pobres reciben solo el 5%. Aproximadamente un 40% de la población de América Latina, más de 200 millones de personas, son pobres, la mayoría miembros de familias monoparentales encabezadas por una mujer. De entre ellos, casi la mitad son extremadamente pobres o indigentes; esto es, no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos que logran obtener (menos de un dólar al día).

En Aparecida, los obispos latinoamericanos señalaron que la globalización del mercado es uno de los principales desencadenantes de esta escandalosa desigualdad. Según los prelados, este modelo económico, que privilegia el lucro y estimula la competencia, sigue una dinámica de concentración no solo de los recursos físicos y monetarios, sino sobre todo de la información y de los recursos humanos, lo que produce la exclusión de todos los no suficientemente capacitados e informados, aumentando las desigualdades que marcan a nuestro continente. Frente a esta situación, los mandatarios reiteraron en Costa Rica su compromiso con los principios del derecho internacional, la paz, el desarrollo sostenible, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la erradicación del hambre y de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y contra todas las formas de racismo, reafirmando una visión de América Latina y el Caribe como una región de oportunidades para todos.

Y entre los acuerdos para llevar a la práctica estos principios, están los siguientes: abordar la lucha contra la pobreza de manera integral y multidimensional, enfrentando sus causas mediante el fomento de políticas nacionales y regionales de inclusión social y financiera dirigidas en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad; garantizar el pleno respeto de la democracia y del Estado de derecho, en un modelo de desarrollo sostenible que coloque a la persona en el centro de las políticas públicas; fortalecer los mecanismos que permitan prevenir, detectar, sancionar y combatir la corrupción; mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública; promover la rendición de cuentas a todos los niveles, así como la participación ciudadana en la fiscalización de los asuntos públicos y el acceso a la información, conforme a las respectivas legislaciones nacionales y convenios internacionales suscritos por los Estados.

Ahora bien, hay tres compromisos relacionados con sendos problemas de carácter estructural que impactan sobremanera a la población latinoamericana y caribeña, y para los que se exigen medidas inmediatas y efectivas. Nos referimos a la violencia criminal, las migraciones forzadas y el deterioro ambiental. El documento de los presidentes afirma que la región debe hacer frente a las diferentes formas y manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional; al terrorismo; al problema mundial de las drogas; a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes; al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras; a toda forma de delincuencia cibernética; y a todo intento de acción criminal contra alguno de los países. El crimen organizado es entendido como una amenaza importante para la consolidación de la democracia y el desarrollo; por lo tanto, se exhorta a hacer todos los esfuerzos para controlar y erradicar este flagelo.

En lo que respecta a las migraciones indocumentadas, se reconoce el aporte de los migrantes al desarrollo de los países de destino, y se plantea la exigencia ética de colocar en el centro del tema al migrante y a su familia, no a su condición migratoria, entendiendo que es obligación de todos los Estados —de origen, tránsito y destino— garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus migratorio y edad. Por otra parte, se constata que nuestras sociedades son altamente vulnerables al cambio climático. Esto conlleva, según la declaración, compromisos nacionales e internacionales con la protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como la lucha contra el calentamiento global.

La declaración política de Belén expresa, pues, una responsabilidad ética al hacer central la realidad de las víctimas de la exclusión, y deja plasmada una esperanza histórica al anunciar acuerdos y compromisos que pueden posibilitar una estructuración de la sociedad con dinamismos diferentes a los del mercado; esto es, orientados a la solidaridad, la justicia y el respeto de los derechos humanos.