Desigualdad judicial

Las publicaciones y debates en torno a la detención del expresidente Saca nos muestran con claridad los defectos de los grandes medios en el manejo de la información. Interesa lo sensacional. Se cultiva la apariencia de justicia más que la justicia. Se lleva a cabo un proceso mediático previo en el que se elimina la presunción de inocencia. En el caso del expresidente Flores, partidarios y miembros connotados de su partido hablaban de un linchamiento mediático contra él. Tuvo al menos algunos defensores. Una gran mayoría de acusados e imputados son linchados sistemáticamente y no tienen a nadie que los defienda, al menos en los grandes medios.

Los 58 detenidos en San Miguel Tepezontes no salen en las noticias. Los cientos de capturados en grandes redadas son exhibidos como culpables y muchas veces de formas vergonzosas y humillantes. Ni hablar de los operativos en los que se entra a punta de mazo y ruptura de puertas, con policías blandiendo armas largas y con periodistas fotografiando al sospechoso tirado en el suelo en calzoncillos. Hay muchos más condenados en los medios de comunicación que en el sistema legal. Eso es un signo de que este no funciona bien, pero también de que los medios se dejan llevar por un sensacionalismo enfermizo y una especie de ansia de venganza contra cualquiera que, según la Policía o la Fiscalía, sea sospechoso de un delito.

Este modo de actuar refleja, además, que todavía existen clases sociales en El Salvador, lo que impide que, como afirma la Constitución, seamos iguales ante la ley. Como en tantos otros aspectos económicos y sociales, la justicia se manifiesta como una estructura clasista, vengativa contra los pobres y respetuosa con los poderosos. Al pobre se le hostiga, acusa o persigue, en ocasiones incluso antes de cometer un delito. Basta que esté cerca o viva en zonas “peligrosas”. En contraste, por lo general, al poderoso, sobre todo si es o fue gobernante, solo se le puede juzgar cuando ha perdido poder o cuando su abuso y delito perjudica a otros más poderosos que él.

Cuando uno habla de clases sociales, en seguida le acusan de marxista desde la hueca estupidez de algunos comentaristas mediáticos. Bolívar, ideológicamente liberal, constataba ya en su época lo siguiente: “En Colombia hay una aristocracia de rango, de empleos y de riqueza equivalente, por su influjo, pretensiones y peso sobre el pueblo, a la aristocracia de los títulos y de nacimiento, aun la más despótica de Europa; aunque hablan de libertad y de garantías, es para ellos solos que las quieren y no para el pueblo, que, según ellos, debe continuar bajo su opresión; quieren también la igualdad, para elevarse y aparearse con los más caracterizados, pero no para nivelarse ellos con los individuos de las clases inferiores de la sociedad: a estos los quieren considerar siempre como sus siervos a pesar de todo su liberalismo”. En El Salvador parece que no hubiera pasado el tiempo. La detención de un poderoso puede parecer un avance. Pero no puede utilizarse para justificar un modo de hacer justicia que es profundamente desigual y miserable. Al poderoso lo tratan bien, aunque lo detengan durante una boda, y al pobre a patadas, aunque esté en un velorio.

Para crear un modelo de justicia diferente, se debe comenzar por un cambio en los grandes medios de comunicación. Salir de su modo elitista de ver la realidad y defender un poco más los derechos de los pobres es un primer paso indispensable. La conciencia nacional está convencida de que el poder político se ha utilizado con demasiada frecuencia para enriquecerse. Es necesario juzgar primero un sistema que produce desorden y corrupción antes que alegrarse porque al fin se detiene a alguno de sus operadores. Por poner un ejemplo, el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) nunca ha aparecido en el presupuesto nacional. Como estructura estatal creada por una ley de la República, tiene que aparecer en el presupuesto. Pero desde el tiempo del presidente Cristiani, esa oficina depende de unos gastos confidenciales que son arbitrarios y que proceden de la llamada partida secreta. Organizar la administración del poder de un modo informal, contrario a las leyes, secretista, no conduce a nada bueno. El mismo modo de organizar la partida secreta, alimentándola del presupuesto mensual no ejecutado de cada uno de los ministerios, era un abuso. Abuso que se cortó en el período presidencial de Mauricio Funes, aunque continuaron otros procedimientos oscuros.

Los bancos locales, que pueden dar una alerta temprana ante el abuso del poder, fueron en su momento cómplices del dispendio y la ilegalidad al no advertir que fondos públicos pasaban impunemente por manos privadas. Porque si hay lavado de dinero ahora, es porque lo había entonces. La Fiscalía no tiene, por lo visto, mecanismos adecuados para perseguir este tipo de delito si proviene de gobernantes en funciones. Solo después actúa. Y por supuesto, a los bancos nadie les reclama. En Estados Unidos le pusieron una multa de varios miles de millones al Banco HSBC por permitir el lavado de dinero. Si lo que hizo Antonio Saca fue lavado a través de cuentas bancarias, ¿se multará a nuestros bancos?

La ley de Acceso a la Información Pública ayuda a esclarecer cosas. Pero la transparencia y la rendición de cuentas tienen que seguir avanzando. Un proyecto sobre transparencia y anticorrupción que se estaba trabajando con la mediación del PNUD ha caído en el abandono. La falta de transparencia en contratos y las trampas empresariales en impuestos o al realizar obras públicas tienen que investigarse mejor. Lo mismo que el favoritismo en las contrataciones y empleos del Estado. Pero sobre todo en el campo de la justicia es necesario tener unos parámetros iguales para todos y coherentes con los derechos humanos. La tendencia de la Fiscalía a pedir cárcel durante el período de instrucción viola claramente la presunción de inocencia. Y no vale decir que el Estado no puede garantizar que los acusados no huyan. Si así fuera, no quedaría de otra que diseñar un sistema de control del individuo en libertad, pero sin violar la presunción de inocencia. Presunción que muchas veces se transforma en inocencia a secas cuando se logra el sobreseimiento o la absolución del delito.

Los problemas actuales provienen de la hipocresía estatal de los casi últimos 30 años, que establece normas avanzadas para luego incumplirlas, mientras deja huecos oscuros en su modo de proceder. Parte de ello es la impunidad de quienes se enriquecieron en el pasado y se aprovechan de la larga permanencia en el poder de su partido para lograr la prescripción de sus tropelías. La tarea ahora, aparte de juzgar a quienes estén imputados en casos de corrupción, no es echar culpas y buscar chivos expiatorios, sino dialogar a fondo sobre esta realidad miserable en la que vivimos para que la corrupción estatal pueda detectarse pronto y juzgarse de inmediato. Que el pasado no se repita.