La problemática de la tercera edad

El tema de los ancianos casi no ha sido tocado en el debate político preelectoral. Solamente el FMLN ha dicho algunas cosas sobre elevar la pensión mínima y tratar de generalizar una pensión compensatoria. Sin embargo, la cuestión es crucial para el futuro de El Salvador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) editó recientemente un libro que estudia la problemática de la tercera edad en nuestro subcontinente. Los datos, cálculos y proyecciones en este aspecto para el país son impresionantes, y ciertamente parecen ser ignorados por los políticos. Ya sabíamos todos, por otros estudios de la misma fuente, que solamente el 20% de los salvadoreños mayores de sesenta años tienen pensión y que además es inequitativa en lo que respecta al trabajo de las mujeres (“la pensión promedio de los hombres es un 39% mayor que la de las mujeres”). Por si esto fuera poco, “entre las personas mayores de 65 años, el 19.7% de los hombres reciben pensión, mientras que solo el 13.8% de la mujeres de la misma edad reciben ese beneficio”. Ahora, el nuevo estudio de Cepal nos ofrece unos datos que son indispensables para cualquier proyección de futuro.

En 2015 teníamos 703 mil personas mayores de sesenta años. La proyección para el año 2060, o sea, para dentro de 40 años, es que tendremos un millón 921 mil personas mayores de 60 años. Hoy podemos decir que somos cinco millones y medio de habitantes manteniendo, además de a los jóvenes, a 700 mil ancianos. Pero dentro de cuarenta años, habrá una población aproximada de 8 millones de habitantes manteniendo a casi dos millones de ancianos. ¿Es esto posible con el sistema actual de pensiones? ¿Lograremos cubrir a toda la población de esa edad con el ridículo y fracasado sistema de pensiones que funciona hoy? Como faltan 40 años, ¿podemos darnos el lujo de no hablar del tema y dejar la discusión para dentro de unos cuantos años?

Es cierto que muchos no estaremos en ese momento. Pero los problemas graves o se visualizan, analizan y responden pronto, o cada vez serán más agudos. Si nuestro sistema actual de pensiones es injusto, diseñado para minorías y, en ese sentido, un verdadero fracaso social, ¿podremos enfrentar el problema que se nos viene? Hoy día, un alto porcentaje de los ancianos (mínimo un 30%) no tiene agua potable ni para saneamiento dentro de la casa. El chorro o el manantial no están cerca. Y para un anciano, tanto caminar como cargar agua supone un esfuerzo considerable, incluso imposible. Si ni siquiera garantizamos el agua adecuada para ellos, ¿garantizaremos la pensión?

Los problemas sociales tienen solución si se saben enfrentar con inteligencia. Pero con una tasa de crecimiento del 2% anual que beneficia mucho más a las minorías pudientes que a los pobres, no hay manera de arreglar el problema de las pensiones. Como tampoco llegaremos a tener un sistema de salud pública único, de igual trato para todos y de calidad. Mucho menos un sistema educativo que nos permita salir del subdesarrollo. La despreocupación por los cambios poblacionales que experimentará El Salvador en los próximos años es escandalosa. El hecho de que no entren en los cálculos políticos ni en los discursos electorales es una señal más de la irresponsabilidad política imperante. Pasar en cincuenta años, aproximadamente, de contar con un 10% de personas en tercera edad a tener un 25% es un cambio radical que exige reflexión, estudio y preparación con nuevas normativas y con transformaciones políticas. Eso si no queremos que los problemas actuales pervivan y se multipliquen en el futuro.

El Estado salvadoreño ratificó el 18 de abril del año recién pasado, en la sede de la OEA, en Washington, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En ella, El Salvador se obliga a garantizar medicinas a los ancianos y a asegurarles un ingreso que posibilite llevar una vida digna (artículos 16 y 17). Bien por el Estado salvadoreño. Pero ahora es necesario poner los medios para cumplir el compromiso. Y hablar del tema.

* José María Tojeira, director del Idhuca.