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Las medidas extraordinarias contra las pandillas están siendo aprovechadas por el Gobierno y, en particular, por la Fiscalía, para propalar especies que llaman poderosamente la atención por escandalosas. Esas especies sirven de materia prima para que la prensa eche al vuelo su imaginación y urda tenebrosas tramas. Aparentemente, la información es muy valiosa. En realidad, es muy fragmentada y de fuentes poco confiables, que la prensa no verifica, ni contrasta, pero que igual sirve para que los reporteros ejerciten sus dotes para el “periodismo negro”, una mala imitación de la novela negra.
Una de esas especies es la de los 25 millones de dólares que la administración de Mauricio Funes le habría entregado a las pandillas a raíz de la tregua. Más allá de la cantidad, ningún funcionario del Gobierno actual sabe a ciencia cierta si efectivamente se entregó dinero. Una jueza, basada en informes fiscales, asegura que sí. La Fiscalía dice que los millones son un pretexto para llevar a cabo una purga en las filas de las pandillas; la Policía, que hay que esperar para ver; el Ministro de Seguridad, que puede que sí se hayan entregado los 25 millones, pero puede que no, que la cantidad entregada puede que sea menos o más; el Presidente, el último en aportar al tema, que no puede asegurar nada.
Algo parecido ocurrió respecto al dinero que supuestamente circuló por las tiendas de los centros penales. Ningún funcionario supo dar una explicación coherente, aun cuando la cantidad era presuntamente muy abultada. Ahora ese hecho ya está olvidado. Idéntica imprecisión se observa en el caso de unas armas del Ejército, que puede que hayan desaparecido o puede que no, puede que hayan sido más de mil o puede que menos, o puede que hayan intercambiado armamento inservible por uno nuevo. La identificación arbitraria y calumniosa de un homónimo con un pandillero es otro caso más de irresponsabilidad policial y fiscal.
Policías y fiscales, ministros y procuradores, puede que por inexperiencia o puede que por malicia, o puede que por ambas cosas, construyen casos a partir de los decires de fuentes protegidas de ninguna confianza, los cuales no son confirmados con hechos. A veces implican a personas inocentes, víctimas de suposiciones, imaginaciones y especulaciones de una Policía y una Fiscalía desesperadas por demostrar cómo combaten a las pandillas. Así, esos ciudadanos, inopinadamente, se encuentran perdidos en el laberinto construido por las autoridades y reforzado por las acríticas notas periodísticas. Lamentablemente, este ya es un patrón establecido, observable en varias de las investigaciones oficiales recientes más sonadas y aparentemente más brillantes, como la llamada Operación Jaque.
En esto, se sigue el patrón de los Gobiernos militares, cuando se perseguía a los disidentes por delincuentes terroristas. En ese entonces, los militares dirigían sus huestes contra el bulto, sin investigar, sin diferenciar. El Gobierno actual también ataca a bulto, a atarrayazo —en buen salvadoreño—. Pero se engaña y engaña a la sociedad sobre su eficacia. La publicidad favorable que consigue también es engañosa. Mientras el Gobierno se pierde en sus burdas fantasías, los verdaderos criminales se escapan por los resquicios de la investigación policial y fiscal sin fundamento fáctico.
Sorprende que la comisión no hace mucho designada para supervisar la aplicación de las medidas extraordinarias permanezca en silencio. Todavía no ha dicho esta boca es mía desde su integración. Un Gobierno serio no se puede permitirse imprecisiones —en realidad, falta de información— sobre cuestiones tan importantes como el destino de 25 millones de dólares y de armamento del Ejército. Los voceros gubernamentales ya debieran haber aclarado con documentación confiable si esos millones salieron del presupuesto general, o de las autónomas, o de las cuentas secretas; y tendrían que haber hecho lo mismo con el paradero del armamento de guerra. Lo demás es hacerle el juego al crimen, debilitar la institucionalidad y alimentar con fantasías a las mentes calenturientas.
O quizás sea verdad que esos millones fueron entregados y que las armas fueron comercializadas. Pero claro, eso no lo pueden reconocer, ni los responsables pueden ser cuestionados. En estos niveles prevalecen las órdenes superiores. Ahí no hay fiscal ni policía que valga. Por eso, la táctica es confundir para entretener a la prensa y a la opinión pública hasta que el interés desaparezca por aburrimiento y otro tema ocupe la atención. Si este fuera el caso, no está mal pensado confundir hasta el cansancio para garantizar la impunidad.
