Desvalijados

Un nuevo escándalo sacude al modelo de Bukele. Esta vez, uno financiero de grandes proporciones. La indiferencia o la complicidad de las entidades controladoras de las finanzas facilitaron el saqueo de varios centenares de millones de dólares de una cooperativa y la fuga de sus directivos. La Fiscalía entró en escena cuando ya era imposible desconocer la desaparición del dinero de los ahorrantes, buena parte de la tercera edad. La corrupción, desconocida o escondida, acaba por salir a la luz pública; sobre todo, la desbocada, como en el modelo de Bukele.

Este ha procedido según el patrón ya establecido. Informó del asalto de forma tardía, incompleta y tergiversada. Expuso a la humillación pública a los empleados de rango intermedio. Los directivos no formaron parte del espectáculo. Aparentemente, para no comprometer una investigación en curso durante varios años. No se atrevió a informar la cantidad robada, al menos diez veces superior a la admitida públicamente. Pasó por alto que algunos de los responsables huyeron y que otros gozan de protección presidencial. Tampoco ha tenido valor para aceptar que el dinero se encuentra a salvo en paraísos fiscales. Simultáneamente, anunció la confiscación de varios inmuebles de propietario desconocido para intentar calmar a los desvalijados. Una guerra contra la corrupción de esta naturaleza tiene el fracaso asegurado.

Todo apunta a que entre los salteadores hay figuras cercanas a los hermanos Bukele. Solo así se explica la timorata actuación de las entidades fiscalizadoras, el encubrimiento de los delincuentes y la información retorcida e incompleta. La otra posibilidad es que esas instituciones son totalmente inservibles. Mientras tanto, la X presidencial se refugia en evocaciones familiares y en afirmaciones favorables sobre la guerra contra las pandillas sacadas del contexto en el que aparecen en The Economist de esta semana. La X presidencial no se da por aludida, como si el robo hubiera ocurrido en otro país. Los testaferros se encargaron de dar la cara por ella.

El papel que les asignaron no es fácil. No pueden determinar la cantidad robada ni cuándo devolverán el total de los ahorros, el capital y los intereses. Tampoco identificar a los responsables últimos. Difícil será tranquilizar a quienes están en peligro de perder sus ahorros. De momento, no tienen acceso al capital invertido ni a los intereses. El modelo de Bukele ha creado así un nuevo foco de descontento que las promesas vagas no conseguirán acallar. Los afectados exigen su dinero, pero no se lo pueden devolver al instante, porque no lo tienen. Intentarán pagar con la liquidación de los activos y el cobro de algunas deudas millonarias, como la de las municipalidades del oficialismo.

Algunas voces excusan el robo y sus implicaciones económicas, políticas y penales alegando que sin pruebas no hay acusación válida. En teoría, están en lo correcto. En la práctica, el fiscalizador de Bukele no las encuentra, cuando no le conviene. Sin ellas, no hay acusación, sino impunidad. Hay también quien disculpa el asalto a la cooperativa con el conocido argumento de que si bien Bukele y los suyos roban, también hacen obra buena. Así como despojan, reparten. El beneficio más importante es la seguridad de los espacios públicos y poco más, porque reparten poco. Consolidada la seguridad, sigue la transformación de esos espacios en escenarios espectaculares.

El escándalo demuestra que la seguridad del modelo es muy limitada. Los ahorros y el dinero, en general, la propiedad, la dignidad y los derechos no están asegurados. Estos últimos no importan tanto, porque les han sido negados a las mayorías desde tiempos inmemoriales. El dinero robado, la propiedad confiscada, el comercio ambulante e informal desalojado, y los ranchos quemados para abrir el horizonte al turismo tienen un valor incalculable para quienes poco poseen. Los indicios de crisis financiera en otras dos cooperativas confirman la inseguridad de la propiedad de la población con menores ingresos.

La corrupción desvía millones de dólares a unas pocas manos privilegiadas con menoscabo de la inversión social, es decir, de las penurias de las mayorías. A eso debe agregarse la deuda creciente y asfixiante, que tendrán que pagar en su momento, ya que el peso recaerá sobre sus hombros. Los más pudientes quedarán liberados con el argumento de que son indispensables para la recuperación de la actividad económica. Los más perjudicados por el capitalismo neoliberal serán llamados a sacrificarse por el bien del país, esto es, la permanencia de un modelo decadente administrado por corruptos.

Una cosa es segura, el dinero desaparecido será reintegrado al ritmo de la reinvención del país, pasito a pasito. En la medida en que la liquidación de la cooperativa lo permita, porque lo robado, robado se queda.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.