La trampa del descontento político

En 2027, la población elegirá al presidente, los diputados y los alcaldes municipales que gobernarán los próximos años. A menos de un año de los comicios, los datos de opinión pública revelan una marcada preferencia por la continuidad del actual Gobierno, pero también muestran señales de desgaste político en el partido oficial.

La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), realizada en mayo de 2026, muestra que el 63.3% de los encuestados votaría en la elección presidencial por el partido Nuevas Ideas. Este porcentaje es mayor al registrado en mayo de 2023 para este mismo instituto, cuando el 53.7% afirmó que votaría por el partido oficial.

Tal como lo muestran sondeos anteriores, este apoyo al oficialismo está vinculado a la alta popularidad de Nayib Bukele y a los logros que se perciben como resultado de su gestión. Tras siete años de gobierno, la población califica el trabajo presidencial con una nota de 8.24 y el 69.8% indica tener mucha o alguna confianza en el mandatario. A esto se suma que el 96.6% de la ciudadanía percibe una disminución de la delincuencia y el 91.2% se siente seguro en el lugar que vive.

No obstante, esa popularidad no se traduce en similar simpatía por Nuevas Ideas: la población tiene una opinión menos favorable sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa y las municipalidades, cuyos integrantes fueron electos mayoritariamente bajo la bandera del partido oficial. En mayo de este año, la Asamblea obtuvo una calificación ciudadana de 6.34 y las alcaldías, una nota reprobatoria de 5.1. En ese contexto, al consultarle a la población por su partido de preferencia, solo 34.2% mencionó a Nuevas Ideas, lo que representa una caída considerable frente al 40.6% registrado en mayo de 2023. A esto se une una percepción de falta de alternativas políticas confiables: para el 22.7% de los encuestados, lo mejor es que surja un nuevo partido político, diferente a todos los demás, y solo el 4% considera que algún partido de oposición debería gobernar.

Por otra parte, la encuesta evidencia insatisfacción con el trabajo de las alcaldías, los diputados y, en menor grado, el Gobierno. El 38.1% de los encuestados afirma que nadie ha ayudado a resolver los problemas del lugar donde vive; el 68.6% expresa estar poco o nada satisfecho con el trabajo de su alcaldía; el 52.4% considera que las leyes aprobadas por los diputados le benefician poco o nada; y el 37.8% dice que el Gobierno ha escuchado poco o nada las demandas de la población. Este panorama puede analizarse desde el concepto de “descontento vertical”, desarrollado por los académicos Gabriel Kessler y María Victoria Murillo, que alude a un rechazo a las élites políticas que tiende a traducirse en menores tasas de participación electoral.

Según la encuesta de mayo, el 16.5% no iría a votar, dejaría la papeleta en blanco o anularía su voto en las próximas elecciones. Esta intención es más común entre la población más descontenta: el 28.1% de quienes están insatisfechos con su alcaldía, el 33.7% de los que no perciben ningún beneficio en las leyes aprobadas por los diputados y el 44.6% de las personas que declaran que el Gobierno no escucha sus demandas.

Asimismo, la encuesta muestra una creciente preocupación por la corrupción en el Estado. El 43.3% de la población considera que hay mucha o alguna corrupción gubernamental, un porcentaje mayor al 32.7% registrado a finales de 2023 por el Iudop. Pero esta preocupación no se traduce, entre quienes la manifiestan, en un mayor apoyo a otras opciones políticas, sino que coincide con una mayor intención de no votar, dejar la papeleta en blanco o anular su voto. Entre quienes perciben mucha corrupción, solo el 27.1% votaría por Nuevas Ideas y el 42.2% decidiría no hacer efectivo su voto.

Este comportamiento resulta paradójico: en un contexto de baja participación, la insatisfacción con la gestión gubernamental podría contribuir a mantener la concentración del poder. El escenario no es nuevo. Por ejemplo, en marzo de 2024, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), solo tres de cada diez personas (30.1%) inscritas en el padrón electoral participaron en las elecciones municipales, lo que convirtió esos comicios en los de menor participación electoral registrados por el TSE. Por ello, la pregunta relevante para 2027 no es quién ganará, sino cuántas personas decidirán participar y qué harán el sistema político, las instituciones y las organizaciones con quienes creen que votar no cambia nada.