Ejecutados

El Gobierno al fin reaccionó a los señalamientos sobre el retorno de la ejecución sumaria para eliminar a los enemigos del orden social. En realidad, esos señalamientos, con alguna excepción, han sido más bien tímidos. Ante estas realidades, las empresas mediáticas tradicionales suelen vacilar y siempre acaban por inclinarse ante el discurso oficial. En cambio, la prensa digital, más libre, presionó al proporcionar datos incuestionables. La evidencia era tan abrumadora que la gran prensa, muy a su pesar, no pudo obviar la cuestión.

Pero no ha sido los periodistas los que han hecho reaccionar al Gobierno, sino el Procurador de los Derechos Humanos. Ante sus declaraciones y cuestionamientos, la administración de Sánchez Cerén no solo ha reconocido ejecuciones extrajudiciales, sino que ha capturado a varios sospechosos, incluidos algunos policías. Además, ha conformado una comisión para vigilar que las fuerzas dedicadas a aplicar las medidas extraordinarias respeten los derechos humanos.

El Procurador ha sido el primer funcionario gubernamental en atreverse a confirmar la existencia de las ejecuciones; la Policía y el Ejército han pretendido justificar las muertes como resultado fatal de enfrentamientos armados. Según sus voceros, esos enfrentamientos son constantes, dos o tres diarios. Pero sorprendentemente, a pesar de que siempre se habla de intenso intercambio de fuego, no hay bajas de policías ni de soldados, solo de pandilleros.

Las autopsias, los testimonios de los sobrevivientes y las inspecciones de sitio han llevado al Procurador a confirmar que los muertos en San Blas y Pajales no cayeron en combate, sino que fueron ejecutados. Pero eso no es todo. La Procuraduría también ha denunciado la contaminación deliberada de cuatro cuerpos, los cuales fueron movidos de su posición original, lo cual constituye delito. Más elocuente todavía es que algunos de los sobrevivientes han recibido amenazas anónimas que les exigen guardar silencio.

Los datos en los cuales la Procuraduría fundamenta sus señalamientos dejan poco lugar a dudas. El examen serológico no indica presencia de sangre en las armas de los fallecidos y los cargadores de estas estaban llenos, algo muy extraño dado que, según la Policía, el enfrentamiento habría durado tres cuartos de hora. Los cuerpos se encontraron expuestos, como si no hubieran buscado protección durante la balacera. Además, la evidencia forense indica que a uno de los caídos le dispararon cuando ya estaba herido.

La responsabilidad de estos asesinatos no recae solo en los autores materiales, sino también en las instituciones gubernamentales que los han encubierto. La Fiscalía, la Policía y el Ejército han dificultado la investigación de la Procuraduría, una práctica inveterada de la impunidad. El Ejército no entregó la documentación solicitada y la Fiscalía y la Policía colaboraron lo menos posible. El Ministro de Defensa intenta justificar las muertes afirmando que los soldados, ante un ataque, no sopesan la diferencia de poder de fuego. Una excusa absurda porque el Gobierno sabe bien que los militares no están entrenados para operaciones de seguridad ciudadana. Por su lado, el director de la Policía se escuda en que la investigación criminal corresponde a la Fiscalía y al organismo policial de control interno. Pero aquella no tiene capacidad y este nunca, al menos que se sepa, ha encontrado irregularidades en los procedimientos de los agentes.

Los diputados tampoco se quedan atrás en el encubrimiento del crimen y en justificarlo. Algunos, entre ellos los de la Comisión de Seguridad, se esfuerzan por convencerse a sí mismos de que la ejecución sumaria es imposible, dada la corrección de la acción policial y militar, y los mecanismos de control interno. Otros no tienen reparo en aprobar implícitamente la ejecución extrajudicial al disfrazarla de legítima defensa. Hay quien recomienda denunciar en la Fiscalía, desconociendo que esta no se caracteriza por la eficiencia y que los testigos no gozan de libertad para declarar.

Arduo trabajo tiene la Procuraduría para dar continuidad a la tarea emprendida, pues los casos denunciados no son los únicos. De momento, hay otros treinta expedientes abiertos, que implican un centenar de muertos. Más difícil lo tiene la nueva comisión, porque tiene que luchar contra una institucionalidad acostumbrada a la impunidad. No obstante las dificultades, es necesario detener la violación de los derechos humanos y romper la cultura de la impunidad. La injusticia no se enmienda con nuevas injusticias.