El combate contra la corrupción, la FGR y el pueblo salvadoreño

En la medida en que se acerca la contienda electoral, parece que la Fiscalía General de la República (FGR) también avanza en un combate decidido contra la corrupción. El presunto corrupto –servidor público– está en la mira de las investigaciones fiscales; sin embargo, éstas aún no alcanzan al corruptor.

En el artículo “Los nuevos actores electorales”, publicado en la edición número uno de Brújula Electoral 2017-2019, se reflexionó sobre la posibilidad de que la FGR asumiera un papel relevante en el proceso electoral. Actualmente parece estarlo asumiendo, pero no por incidir directamente en el régimen electoral sino porque estaría afectando, entre otras cosas, a ciertos aspectos conexos entre sí y con las elecciones: la moralidad notoria del funcionariado público y, con ello, la percepción ciudadana sobre los partidos políticos de los que forman parte. Ahora bien, no es que el hartazgo o desencanto hacia la clase política sea algo novedoso, surgido en esta coyuntura específica, más bien se trata de un fenómeno con raíces profundas, desde el pasado, que ahora se estaría aumentando y consolidando aún más.

En la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA), publicada en junio del presente año, se observa que el pueblo salvadoreño desea que se le prohíba el derecho a optar a cargos públicos, a aquellas personas vinculadas a hechos de corrupción –y al crimen organizado– (81.7% de acuerdo); asimismo, el pueblo cree que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería asumir un mayor protagonismo en la investigación de los patrimonios de los candidatos, en las etapas iniciales a la inscripción de la candidatura (94.8% de acuerdo), y que también debería exigirle a los partidos políticos que declaren el origen de los fondos utilizados para sus campañas (96.8% de acuerdo). Incluso, a pesar de respaldar la labor de la actual FGR (66.3%), prácticamente la totalidad de los salvadoreños está de acuerdo en que se cree una comisión internacional que investigue la corrupción –y el crimen organizado– (96.6%). Resulta consistente con lo dicho antes, en suma, la percepción de la corrupción dentro de la Asamblea Legislativa (82.5%, algo o mucha) y del aumento de la misma dentro del Estado (54.2%). Por todo lo anterior, parece lógico que la ciudadanía crea conveniente que ninguno de los partidos políticos mayoritarios deba gobernar otra vez (63.4% no quiere al FMLN; y, 68.1% a Arena) y, por el contrario, que deba existir al menos un nuevo partido de derecha (64.7%) y otro de izquierda (59.2%).

En fin, la sociedad salvadoreña está harta de vivir entre corrupción y la FGR parece estar respondiendo a ese clamor popular. Si se llegara a juzgar y sancionar a los corruptos se contribuiría a la depuración política, siempre que existan reglas que impidan nuevamente su participación. Sin embargo, si el combate contra la corrupción se dirige solo contra personas, sin buscar un cambio sustancial en la cultura política de las instituciones públicas y partidarias, se corre el riesgo de solo cambiar de corruptos sin superar la corrupción. El cambio de personas es importante y necesario, pero no es suficiente. Ahora bien, la FGR y la ciudadanía salvadoreña pueden hacer mucho por sacar a los corruptos/corruptores: la FGR desde su función de control penal, ganando casos en los tribunales, y la ciudadanía decidiendo quiénes representarían al pueblo salvadoreño y qué partidos políticos tendrían mayor incidencia parlamentaria.

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¹ Iudop-UCA. Los salvadoreños evalúan el tercer año de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Boletín de Prensa No. 3, Año XXXI. Disponible en http://www.uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/BOLETIN-2017-3.pdf