El Gobierno no sabe qué hacer con los subsidios

A la fecha, el nuevo Gobierno no sabe qué hacer con los subsidios. Sin duda, es un tema complicado de abordar por las implicaciones económicas, sociales y políticas que tiene cualquier decisión que se tome. En este artículo me voy a referir a dos de los subsidios: al del consumo de energía residencial por debajo de 99 KWh y al del transporte público.

Para el primer caso, diversos estudios demuestran que hay que focalizarlo. En mi opinión, debería de eliminarse y dedicar sus 55 millones de dólares anuales —que ahora se transfieren a las distribuidoras— a proyectos de electrificación rural, por mencionar un ejemplo. Es más lógico llevar energía al que nunca la ha tenido que subsidiar a un 50% de hogares que no lo necesitan.

En este tema, dos de las distribuidoras del país, AES El Salvador (empresa a la que pertenecen CAESS, EEO, CLESA y DEUSEM) y Cenérgica, operadora de la generadora térmica Nejapa Power, han propuesto al Gobierno subir el techo del subsidio a los 200 KWh. Esto, según sus cálculos, tendría un costo de $57.5 millones cada semestre y beneficiaría a más gente (al 81% de los usuarios actuales). Para un Gobierno populista, que esperamos no sea el actual, la medida suena bien al oído; sin embargo, no solo es inviable económicamente, sino que muy oscura.

Es obvio que en época de crisis económica, como la que tenemos actualmente, la población tenderá a consumir menos energía o a desconectarse de la red del sistema de distribución si la economía empeora. En ambas situaciones, las distribuidoras perderían. La propuesta de AES y Cenérgica es garantizar sus ingresos y ganancias con el subsidio de tal forma que para la población pueda ser viable mantenerse conectada a la red y seguir sus patrones normales de consumo energético. Con este tipo de propuestas, el beneficio sigue siendo para las empresas.

Lo mejor sería cambiar el actual sistema de tarifas a la energía; y si se quiere mantener el subsidio a los consumidores de 99 KWh, que ello se realice a través de un subsidio mixto (realizado dentro de las empresas), de tal forma que el KWh sea más caro para los consumidores arriba de 200 KWh (por mencionar un dato; esto requiere de más estudio) y que con el excedente se subsidie a los que consumen abajo de 99 KWh. Con esta última medida no solo se incentivaría el ahorro de energía en los grandes consumidores residenciales, sino que el subsidio se volvería más solidario. Esto permitiría al Gobierno liberarse del problema de financiación y dedicar los fondos del subsidio actual al fomento de programas de ahorro de energía, a la electrificación rural o a incentivar la creación de empresas dedicadas a energía renovable.

El segundo tipo de subsidio, el dedicado al transporte público, es más complicado (el problema del sector no se pudo resolver en 20 años) y vence este 31 de julio. El Gobierno de Saca, como una medida política para mantenerse en el poder, reinstaló un subsidio que se había eliminado en el Gobierno del presidente Flores. El actual subsidio se paga con lo que mayoritariamente la clase media consume de combustible (10 centavos de dólar por cada galón consumido) para trasladarse a sus empleos o para hacer funcionar sus pequeñas empresas. De manera similar al caso de las empresas distribuidoras, las gremiales de transportistas (CASIT, COSET, AEAS, ASTRAQ y AETMISAL) salen ahora con la propuesta de prorrogar por un año más el esquema vigente de subsidio. En éste, los propietarios de unidades de transporte público reciben 400 dólares mensuales por cada microbús y 800 dólares por cada bus que poseen. ¡Todos quisiéramos que se nos garantizaran esos ingresos mensuales por todo un año!

Según informaciones de los mismos transportistas, hay propietarios que tienen más de 100 buses. El lector de estas líneas puede hacer la multiplicación para hacerse una idea de lo que para esos propietarios implica el subsidio actual de 800 dólares mensuales por bus. Mientras esto ocurre, la clase media —que no está organizada— sigue soportando el "engorde" de las arcas de los empresarios del transporte, que de paso ofrecen un servicio pésimo a la población. Antes de que la Asamblea Legislativa apruebe esta nueva iniciativa (mantener el subsidio por un año más), es mejor hacer un alto de 3 meses sin pago de subsidios, y durante ese tiempo encontrar la mejor manera de abordar este problema y no dejarse presionar por las gremiales.

Un amigo que visita el país de manera regular es de la opinión que es mejor subsidiar el transporte público con el consumo de la telefonía celular, debido a que está mejor distribuida en todos los estratos de la población. A este amigo le parecía ilógico que se subsidiara a gente que viaja en los buses y que hace uso de teléfonos celulares de lujo. Es claro que hay personas que abordan los buses solo con el dinero justo para ir y venir de sus trabajos. Para ellos es vital el subsidio, como lo debería de ser para los maestros, estudiantes y trabajadores del sector de la salud, por la importante labor que realizan para el bien del país.

Mientras todo esto sucede, la clase media sigue sin voz en estos temas, aguantando la pila de impuestos que descansa sobre sus hombros.