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En nuestro país, buena parte de la clase política está lejos de velar por el bien común y de ejercer su trabajo con la ética y experticia mínimas. Un claro ejemplo de esto es el caso del ex concejo municipal de San José Villanueva, La Libertad, que de la nada decidió donar una calle al grupo Roble para que este no tuviera problemas con el desarrollo de un exclusivo complejo residencial en el municipio.
Con esta acción, los pobladores del cantón El Escalón vieron negado su derecho de tránsito por esa vía y fueron obligados a recorrer una distancia más larga para no perturbar a los habitantes del complejo privado.
El leve detalle que el ex concejo obvió fue que la calle como bien público no le pertenece a ningún particular; puede ser utilizada por todas las personas sin excepción. En ese sentido, el Estado, representado por los concejos municipales, lo único que hace es procurar que tal bien público sea accesible y permanezca en buen estado para el uso de los ciudadanos. En otras palabras, lo administra, pero no puede disponer de este recurso como si se tratara de propiedad privada.
Sin embargo, en este caso, el interés privado de una empresa fue superior al interés público. Pese a que el ex concejo municipal se contradijo por momentos, al considerar a la calle como bien público y luego afirmar que le pertenecía al grupo Roble, lo cierto es que el hecho de fondo es inaceptable.
Lamentablemente, este caso no ha trascendido en términos de medidas sancionatorias hacia los ex funcionarios municipales, pues son ellos los responsables de la donación de la calle al grupo empresarial. Como mínimo, más allá de cualquier señalamiento de orden moral, se esperaría una sanción en tanto provocaron daños en la comunidad y dispusieron de un bien estatal como si se tratara de un bien transable en el mercado.
De momento, la empresa ha sido demandada por los clientes que, ávidos de privacidad, consideran un engaño que la vía de acceso a sus propiedades sea de orden público. Ciertamente, la empresa tiene una responsabilidad en estos términos, y en hora buena una sanción hacia esta; pero no hay que olvidar que fue el ex concejo municipal el principal responsable de disponer de los bienes públicos.
En ese sentido, nuestra institucionalidad debiera funcionar para evitar este tipo de arbitrariedades de parte de los funcionarios públicos y para sancionar este tipo acciones, que van en detrimento del interés común.
Los tiempos de la antigua hacienda, en los que el señor feudal disponía de los recursos como se le plantaba en gana, ya pasaron. Sin embargo, este tipo de casos indica que algunos de nuestros funcionarios públicos aún conservan vestigios de una actitud servicial hacia aquellos que, en función de su poder, reclaman para sí beneficios y prebendas.
