El para qué del poder presidencial

El autoritarismo presidencial no es más que un ejercicio de simple placer. Más allá de él no se encuentra nada sustantivo. La obscenidad más o menos implícita en todo acto de poder se ha apoderado de un presidente que no ha sabido resistir la tentación. Ha caído en la trampa de pensar que desplegar su poder es gobernar. Qué sentido puede tener un poder que se agota en su ejercicio, más allá de la satisfacción del poderoso. El anuncio constante de planes y proyectos de Casa Presidencial mantiene en vilo a una audiencia que, deslumbrada por las bondades anunciadas, cae en el error de pensar que la información es ya realidad. La capacidad para desarrollar esos proyectos y su financiamiento son cuestiones abiertas. Más aún porque la información de Casa Presidencial marcha al ritmo de la medición de popularidad de su inquilino.

No es extraño, entonces, que las actuaciones presidenciales sean inconsistentes, incluso abiertamente contradictorias. El mismo día que anunciaba el lanzamiento del plan nacional de la primera infancia, el ministro de Trabajo prolongaba el plazo para el establecimiento de guarderías en las empresas. Prestar atención a la primera infancia es fundamental, pero su viabilidad depende de la continuidad en un sistema educativo que brega por sobrevivir. Educación sigue colocando parches aquí y allá, y enfatizando la burocracia educativa.

El plan de control territorial, la joya presidencial, aún es desconocido. Probablemente porque no existe. Casa Presidencial desvela componentes sobre la marcha y cae en la contradicción. La orden presidencial que impone aislamiento total en las cárceles indica que sus ocupantes mantienen comunicación con el exterior, aun cuando el Gobierno ha asegurado lo contrario. De hecho, la orden fue anulada pocos días después. Los documentos bancarios del préstamo de 109 millones de dólares afirman que el equipo militar está destinado a combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Pero el ministro de Seguridad dice que los drones son para intervenir los campamentos de las pandillas y para proteger a policías y soldados en combate. Y Casa Presidencial agrega que el buque de 13 millones combatirá la actividad de las pandillas en el litoral. El presidente Bukele recriminó acremente a los diputados por atreverse a modificar las partidas del préstamo sin conocer el plan de control territorial. No lo pueden conocer, porque el mismo presidente no se los ha mostrado. Les exige, pues, aprobar sin saber qué aprueban. Es mucho pedir.

El veto presidencial a la última versión de la ley de reconciliación es otra muestra de inconsistencia. Pasa por alto que la acción fiscal está sujeta a la recepción de archivos oficiales, incluidos los militares que, según el presidente, no existen, y los de la Comisión de la verdad, que, en la práctica, son inaccesibles. No repara que la ley no señala el código penal que debe aplicarse a los procesos iniciados por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Invoca el equilibrio presupuestario para negar los diez millones de dólares destinados a indemnizar a las víctimas, pero olvida que desde 2013 el presupuesto general está obligado a incluir una partida con esa finalidad. Tampoco ha elaborado las normas para proteger y facilitar el acceso a la documentación militar sobre la guerra. Casa Presidencial ha dejado pasar la ocasión para introducir un proyecto de ley que recoja las aspiraciones de las víctimas. Dada la insistencia de los diputados en reducir el alcance de dicha ley al mínimo, el presidente Bukele, en virtud de su autoridad constitucional, pudo haber hecho un aporte muy valioso. Un mandatario identificado con el dolor de las víctimas y cercano a ellas habría presentado una buena legislación.

La palabrería de Casa Presidencial silencia el aumento de la desigualdad. Las visas temporales para trabajar en Estados Unidos son ventajosas para los beneficiados, pero no acabarán con las desigualdades económicas y sociales. Estimular la inversión extranjera directa tampoco. Las desigualdades solo se reducen con el aumento sustancial de la carga tributaria de las rentas, los patrimonios y las herencias más voluminosas. En contra de la opinión prejuiciada de la empresa privada, la experiencia demuestra que el aumento de la fiscalidad no solo no ha impedido el crecimiento económico, sino que también ha sido crucial para reducir las desigualdades.

La desigualdad crece siempre en detrimento de la mitad más pobre. Cuando los más ricos más atesoran, los pobres más empobrecen. El neoliberalismo predominante enriquece cada vez más a los ricos, mientras aumenta la desigualdad, la precariedad y la opacidad económica y financiera, que esconde rentas y patrimonios. Una reforma fiscal progresiva ofrece una oportunidad única para que un presidente, encandilado con su poder, ponga su autoridad al servicio de la mitad más pobre, donde seguramente tiene muchos seguidores. Si el poder presidencial tiene algún valor, es para proteger a las víctimas de la voracidad capitalista neoliberal.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.