Retorno incierto

El Salvador es un país con tradición migrante. Se calcula que solo en Estados Unidos viven alrededor de 1.5 millones de salvadoreños. A pesar de que la migración hacia ese país se ha dificultado en grado sumo, datos de una encuesta realizada por el Iudop a finales del año 2025 muestran que una quinta parte de la población (20.4%) desea migrar y que para el 75.7% de ese grupo la principal motivación para hacerlo es mejorar su economía.

Pero la migración no solo apuntala la economía personal o familiar, sino que también es de vital importancia para la economía salvadoreña: para 2025, las remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior ascendieron a $9,987 millones de dólares, 17.8% más que en 2024 ($8,479 millones). Relacionado con esto, y según el sondeo del Iudop antes citado, a seis de cada diez salvadoreños les preocupa que el país dependa tanto de las remesas. Esta preocupación podría tener un correlato con las actuales políticas migratorias en Estados Unidos. De hecho, el 77.1% de la población encuestada dijo tener alguna o mucha preocupación de que las deportaciones masivas tengan algún efecto sobre las familias salvadoreñas.

Aunque las deportaciones en el país del norte no han alcanzado todavía los niveles registrados durante las dos administraciones Obama, Donald Trump está cumpliendo con su promesa de expulsar migrantes: solo entre enero y junio de 2025, el promedio diario general de personas deportadas ascendió a 810, según datos del Deportation Data Project. En esto hay un matiz clave: si durante las presidencias de Obama y Biden las deportaciones se centraban en personas con antecedentes penales y se procuraba no separar familias, la actual administración estadounidense actúa con muy pocas restricciones, deportando incluso a migrantes que tenían procesos de asilo abiertos y permisos legales de trabajo.

Ante ello, y de cara a la dinámica nacional, hay una pregunta que resulta obligatorio plantearse: ¿qué sucede con los compatriotas que son obligados a retornar al país, en especial si eran el principal sostén económico de sus familias a través de las remesas? La relevancia de esta pregunta contrasta con el contenido de la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, aprobada en agosto del año pasado. La normativa está más orientada a la promoción del regreso voluntario de los salvadoreños en el exterior que desean invertir en El Salvador. De los 43 artículos de este instrumento legal, solo seis están dirigidos a la reintegración de personas retornadas. Si bien es cierto se plantea un programa de exención de impuestos para las empresas que contraten personas retornadas, esta es la única medida laboral de la Ley a favor de aquellos que regresan de manera no voluntaria y sin mayores recursos.

Por otra parte, un estudio que está siendo desarrollado por Sarah C. Bishop, del Baruch College (Nueva York), ha encontrado entre sus hallazgos preliminares que los hombres deportados con antecedentes de arresto (ya sea en Estados Unidos o en El Salvador), tatuados y provenientes de estratos socioeconómicos bajos son propensos a ser detenidos y encarcelados por las autoridades salvadoreñas bajo la figura del régimen de excepción, aun cuando no exista una causa legal para su detención. Los resultados iniciales también sugieren que esta detención puede darse tanto al momento de recibir a las personas retornadas como semanas después. Debido a la figura legal que se usa para la detención, en muchos casos a los arrestados se les priva de contacto con su representación legal (de haberla) y sus familiares no cuentan con información sobre ellos.

Debido a esta falta de información, algunos familiares de retornados que han sido encarcelados han buscado amparo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual dictaminó medidas cautelares en favor de cinco salvadoreños debido a que consideró que las condiciones de aislamiento e incomunicación en las que se encontraban eran graves y de riesgo. Aunque el Estado salvadoreño desestimó la necesidad de las medidas, el requerimiento de la Comisión posibilitó que tres de estas familias lograran saber el paradero de sus familiares, aunque no tengan comunicación con ellos.

Lo anterior pone en evidencia que las personas que retornan de manera no voluntaria al país enfrentan condiciones de vulnerabilidad no solo por la falta de esfuerzos estatales para garantizar una reintegración exitosa, sino también porque corren el riesgo de ser apresados por cumplir con características que los ponen bajo la lupa del régimen de excepción: ser hombres de clase baja, poseer tatuajes y tener antecedentes de arresto, aun cuando las faltas cometidas no implicaron en su momento una privación de libertad efectiva. En ese sentido, a la vulneración que supone la deportación forzada se suma la realidad de su país natal, que los discrimina por su perfil socioeconómico y sus antecedentes.