Rediseño electoral

La mayor fortaleza de una autoridad electoral es la credibilidad y la mejor garantía de unos comicios, la integridad electoral. Pero, de momento, ambos elementos están bajo mínimos. Diversas decisiones recientes han debilitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sus áreas mejor capacitadas y con más experiencia en la organización de comicios han sido desmanteladas; las escasas voces que ocasionalmente hablan en nombre de la autoridad electoral han evidenciado inconsistencias o vacíos en temas técnicos vinculados a la organización electoral.

Por otra parte, desde el fin de la guerra, nunca antes el Plan General de Elecciones había sido objeto de reserva de información. Ahora se ha limitado el acceso a datos específicos del presupuesto y de los participantes en los 24 programas que se pondrán en marcha en las próximas elecciones. Esta información era pública en anteriores administraciones; ahora permanece clasificada, al igual que cientos de documentos de otras carteras de Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.

La integridad electoral es característica de todo proceso que garantiza, antes, durante y después de las elecciones, transparencia administrativa, una campaña en igualdad de condiciones para todos los participantes e imparcialidad de la autoridad electoral, de manera que el resultado de los comicios responda a la voluntad de la ciudadanía expresada en el voto. El Salvador se ha alejado de esos estándares. En las elecciones de 2024 se hicieron reformas legales y constitucionales que derivaron en una concentración de poder. Y el proceso para las elecciones de 2027 sigue la misma línea, acentuándola.

A menos de un año de las elecciones, se han aplicado reformas al Código Electoral, a la Constitución de la República y a otras leyes. La Asamblea Legislativa reformó el 14 de mayo pasado el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Especial del Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, para crear una circunscripción electoral en el extranjero que asigna seis plazas a diputados de la diáspora. De acuerdo con el discurso oficial, esto se hace para darle representación a los compatriotas que viven en el exterior. Para no aumentar el número de curules (60), se le restarán cinco diputados a San Salvador y uno a La Libertad; así, el primero pasará a tener 11 diputados y el segundo, 6. Según se argumenta, esto responde a que son los departamentos más poblados.

El derecho a la participación de la diáspora en las decisiones del país no se discute, pero hasta el momento ninguno de los diputados que votaron por la reforma ha explicado cuáles fueron los criterios con base en los cuales se tomó esa decisión. El presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales dijo no conocerlos porque no participó en la decisión y el proponente de las reformas, un ministro, ni siquiera fue invitado a la sesión de los diputados para que explicara. Ante esta falta de argumentos técnicos o legales, cabe interpretar que la decisión responde más bien a criterios políticos.

La bancada oficialista también reformó el artículo 208 de la Constitución, que contiene el mecanismo de elección de los cinco magistrados del TSE. El argumento fue la despartidización del Tribunal. La reforma establece que ya no serán los tres partidos políticos que obtuvieron más votos en la última elección presidencial los que propongan a los tres primeros magistrados (incluyendo al presidente). Ahora será el pleno de la Asamblea Legislativa el que los proponga y elija. A los dos magistrados restantes los seguirá proponiendo la Corte Suprema de Justicia. La despartidización siempre ha sido una aspiración de los actores democráticos de la sociedad civil. El problema es que, por su propia naturaleza, la Asamblea Legislativa es partidaria y la deliberación y el debate plural tienen escasa presencia en su dinámica interna.

En definitiva, por efecto de continuas y profundas reformas legales y constitucionales, el sistema político parece avanzar hacia un esquema de partido hegemónico. En este contexto, es poco realista depositar expectativas de cambio en las próximas elecciones.