El pasado no está muerto

En los últimos días, la opinión pública ha estado dominada por la noticia sobre las órdenes de captura de militares salvadoreños, giradas por el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco. Los militares son acusados de la matanza de seis sacerdotes jesuitas —cinco de ellos españoles— y de Elba y Celina Ramos, ocurrida en noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Este hecho ha sido calificado por el juez español como un crimen contra la humanidad o delito contra el derecho de gentes.

Las reacciones no se han hecho esperar. El Gobierno emitió un comunicado de cinco puntos, en los que se limita a informar sobre los pasos que se han dado en torno al proceso judicial, sin emitir ningún juicio valorativo. El partido Arena se pronunció argumentando que la resolución del juez Velasco atenta contra el régimen jurídico nacional, y que el caso ya fue investigado, juzgado y condenado conforme a las leyes salvadoreñas. El FMLN, por su parte, se pronunció de forma lacónica, genérica y ambigua, es decir, haciendo referencia a principios abstractos y eludiendo sentar una posición firme y directa sobre el caso. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que haga valer el Estado constitucional de derecho, el respeto a la soberanía nacional y mantenga incólume el prestigio de las instituciones nacionales; y volvió a repetir el discurso de que "abrir esta página de la historia lo único que logrará es desprestigiar el proceso de paz y a la Fuerza Armada", que, a juicio de la Asociación, solo cumplió con su obligación de defender la democracia.

Entre la postura del Gobierno y el FMLN, por un lado, y la de Arena y la ANEP, por el otro, hay al menos una diferencia: los primeros son lacónicos y ambiguos, más preocupados por sus cuotas de poder que por el pasado y las víctimas; los segundos son concretos y reiterativos en su posición de olvidar el pasado y rechazar la justicia universal. Pero hay también al menos un elemento común: son declaraciones que pretenden ser políticamente correctas: insisten en que se respete la institucionalidad democrática, el régimen de derecho, la reconciliación nacional, la soberanía, y a su vez, cierran filas para que el caso no amenace la supuesta estabilidad política del país. Con el pretexto de proteger un proceso político democrático, se termina relegando la verdad y la justicia, dos aspectos sustanciales para las víctimas del conflicto.

Ahora bien, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para entender esta nueva coyuntura y las reacciones mostradas por los principales grupos de poder? Traemos a cuenta para este propósito algunas consideraciones planteadas en un editorial de ECA titulado "Deuda con la memoria histórica" (noviembre-diciembre de 2003), las cuales resultan útiles y orientadoras para entender la presente coyuntura derivada del proceso judicial en curso por el caso jesuitas. Parafraseamos a continuación cinco reflexiones que se encuentran en el texto.

En primer lugar, la sociedad salvadoreña todavía no ha saldado la deuda con su propio pasado; una que solo puede ser cumplida confrontando nuestra historia reciente. Algunos piensan que el olvido es el mejor remedio para sus heridas; a otros, en cambio, el temor les impide enfrentar el pasado y han aprendido a convivir con él, aun cuando es fuente de penas y resentimientos. En este sentido, pese a los esfuerzos por enterrarlo, el pasado es de gran actualidad en El Salvador.

En segundo lugar, el gobierno, los partidos políticos, la empresa privada y un buen sector de la sociedad optaron por el olvido como la mejor respuesta a los hechos graves del pasado. Pero su esfuerzo ha sido inútil; no han podido sepultar la memoria junto con las víctimas. Aun cuando insisten en negarla o desconocerla, esta persiste y contribuye a conservar un sentido clarividente de los derechos, desafía la historia oficial y reclama con insistencia la verdad y la justicia. El olvido empeñó la democratización, pero no mató el recuerdo.

Tercero, el verdadero compromiso con la democratización del país pasa por un proceso de verdad y justicia, el cual, aunque admite formalidades y grados diversos de acuerdo a las circunstancias, es inevitable para construir un nuevo ordenamiento. Esta tarea de mediano y largo plazo no es posible sin algún proceso que de alguna forma ventile el pasado, satisfaga la justicia y repare daños, al menos de forma parcial. Ningún proceso social o político puede alcanzar sus metas desde el olvido.

Cuarto, el recurso a un tribunal internacional suele ser consecuencia de la incapacidad de hacer justicia localmente o de la debilidad del sistema judicial nacional. Por tanto, si se desea evitar la exposición en un tribunal internacional independiente, la medida más eficaz es abrir las instancias nacionales. El antiguo concepto del poder soberano es ahora obsoleto; su poder tiene un límite insuperable, marcado por el paradigma de los derechos humanos. El pasado no está muerto para la memoria, ni tampoco para la justicia procesal. Es evidente que las leyes de amnistía no son la garantía perpetua que sus promotores calcularon.

Quinto, cabe advertir que no debe permitirse, precisamente en nombre de la justicia, que los procesos judiciales se conviertan en una venganza. Tampoco puede permitirse que el proceso sea un remedo de justicia, que es lo que ha ocurrido hasta ahora en aquellos casos en que ha habido proceso judicial. El impacto social de estos procedimientos depende de su credibilidad.

En suma, estas valoraciones permiten ver con más amplitud la necesidad de la memoria histórica como condición de posibilidad para tomar conciencia de los males que deben ser evitados, para cultivar honradez con la realidad salvadoreña, para desautorizar a los responsables de atrocidades, y para integrar y reconocer a quienes fueron perseguidos y desaparecidos por sus ideas e ideales. Una vez más se nos recuerda que el olvido es una invitación a cometer nuevos crímenes, tal como lo demuestra la historia reciente de nuestro país.