El poder de la verdad

Jorge Velado, presidente del Coena, decía el 16 de febrero que el arzobispo de San Salvador “no puede hablar de temas que no conoce técnicamente”. Se refería a unas declaraciones de monseñor José Luis Escobar Alas, en las que, entre otras cosas, afirmó que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) se han beneficiado más del actual sistema que los cotizantes. Dado que Velado es el máximo representante de uno de los principales partidos políticos del país, es importante comentar su valoración. Y es importante porque en ella hay una serie de contradicciones que desprestigian no solo a Velado, sino también a su partido. Este afán de desautorizar al que piensa distinto es característico de la dinámica política salvadoreña actual, y hace caer a las personas en una falta de ética seria. Quien desautoriza, en vez de reflexionar sobre las opiniones ajenas, no solo atenta contra la verdad, sino que finalmente acaba perdiendo toda credibilidad. Porque el poder de la verdad termina imponiéndose, aunque a veces con lentitud.

Es evidente que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar su opinión en este país. Negarlo es absurdo. E insistir en que para opinar hay que tener conocimiento técnico de los asuntos es ridículo. La mayoría de quienes responden a los sondeos de opinión carecen de conocimiento técnico de la realidad, y no por ello se menosprecian los resultados de las encuestas. Muchos de los miembros de Arena que hablan del Caso Jesuitas no conocen técnicamente lo que pasó y cómo fue juzgado. El propio Jorge Velado da la impresión de no conocer en absoluto la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pide un nuevo juicio; una recomendación para cuyo cumplimiento el Estado está obligado a poner sus mejores esfuerzos. Esta ignorancia técnica se repite a cada rato en muchos de los miembros de los partidos políticos. Una muestra clara han sido las opiniones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, sobre el mismo tema.

Acostumbrados muchos de los políticos a hablar con el hígado más que con la cabeza, repiten verdaderos absurdos, tanto racionales como técnicos. Pero más que hacer un recorrido por estos absurdos, que con frecuencia resaltan tanto las redes sociales como los medios de comunicación, es indispensable insistir en la dimensión ética de este tipo de charlatanería. Lo que nuestro arzobispo ha dicho, insistiendo en que las AFP se han beneficiado más que los usuarios del sistema, es simple y sencillamente cierto. El monto de las pensiones ha tendido a reducirse mientras las administradoras han hecho un buen negocio. Y no solo es cierto, sino que el arzobispo apunta a un problema ético. Que alguien se aproveche de la necesidad de la gente es un problema real y social.

Se podrá cuestionar alguna de las ideas del arzobispo, porque todos tenemos derecho a tener opinión diversa, pero descalificar absolutamente, bajo un supuesto desconocimiento técnico, algo que es técnica y objetivamente cierto no tiene otro nombre que falta de ética. Y más cuando la descalificación viene precedida por la frase “no creo que el arzobispo tenga la información”. Un hombre que no sabe si el que piensa distinto tiene o no información se atreve a decir que quien no piensa como él carece de conocimiento técnico. Sin duda, una atrevida forma de expresarse. Contra los hechos no hay argumentación posible, decía un viejo adagio latino. Y el hecho de que las pensiones se han reducido en comparación a las del anterior sistema de reparto es más que evidente.

El sistema de pensiones en El Salvador, además, no es perfecto ni justo. Sin lugar a dudas, se puede mejorar incluyendo a personas que están fuera del mismo y tratando de respetar el derecho a la ancianidad digna para todos, garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto, se debe evitar que el Estado use los fondos de pensiones como caja chica. Pero asegurar el derecho de todos los trabajadores a pensión es indispensable. En un país en el que desde los tiempos de los Gobiernos de Arena se dan cifras de desempleo que rondan el 7%, la lógica indica que cerca del 90% de las personas de la tercera edad deberían tener pensión. Pero el porcentaje no llega al 25%. Algo falla en una nación que es incapaz de reconocer el derecho a pensión de campesinos, madres de familia encargadas del trabajo del hogar, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, etc.

Las reformas estructurales en este campo deben partir de una mucha mayor inclusión de las personas, a través de formas adecuadas tanto de cotización como de afiliación. Cerrarse en absoluto a un sistema de reparto es absurdo. Como también lo es el rechazo frontal a uno de ahorro. Pero entre los políticos pesa más la ambición de predominio que el bien común, lo que los lleva a la descalificación absoluta del que piensa distinto. Afortunadamente, la gente quiere acuerdos básicos que nos liberen de la corrupción, la pobreza y la desigualdad que impera en los salarios, la educación, la salud y, por supuesto, las pensiones.