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Una mujer sabia de mi pueblo decía que no todas las tormentas llegan para perturbar la vida; algunas llegan para limpiar el camino. En la actual coyuntura, hemos recibido, como universidad y como personas, innumerables muestras de apoyo y solidaridad. Mensajes que agradecemos profundamente. Compañeros de trabajo, amigos y amigas, gente que no hemos tratado personalmente, de fuera y dentro del país, desde jerarcas religiosos y defensores internacionales de los derechos humanos hasta nobles pobladores de barrios y colonias nos han expresado su cariño y, también importante, que comparten y comprenden nuestra actuación. Por supuesto, no han faltado las ofensas, insultos y calumnias, que denotan no solo falta de altura moral, sino también carencia de argumentos. Pero hay algunos cuestionamientos hacia la UCA que por transparencia vale la pena atender. Van esencialmente en dos líneas.
La primera es que la UCA se equivocó al aceptar ser parte del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. A lo largo de sus 55 años de vida, la Universidad ha cometido errores. Pero lo que nadie puede negar sin mentir es que siempre ha actuado con el propósito de aportar a la dignificación de la existencia de los salvadoreños, especialmente de aquellos, como dice Jon Sobrino, para quienes la vida es un camino cuesta arriba. Por supuesto que nos hemos equivocado, pero no decir que siempre se ha tenido la decencia y honradez de rectificar institucionalmente es no honrar la verdad.
Como lo recordó una compañera a través de una publicación en una red social, Ignacio Ellacuría apostó en 1976 por una propuesta de reforma agraria en los tiempos en que el general Arturo Armando Molina era presidente del país. A pesar de las mordaces críticas, la UCA entendió que cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, la principal fuente de riqueza de aquel tiempo, era la vía hacia la justicia social. ¿Un error? Tal vez. Pero la Universidad vio la oportunidad y apostó. Cuando el Gobierno de entonces se echó atrás por presiones de la oligarquía terrateniente, Ellacuría fue uno de los principales críticos de la medida y desde entonces se convirtió en blanco de ataques gubernamentales.
En octubre de 1979, el rector de la UCA, Román Mayorga Quirós, dejó su puesto para ser parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Mayorga Quirós dio el paso luego de vislumbrar un camino, a través de militares y jóvenes, para detener tanto las violaciones a los derechos humanos como un derramamiento de sangre que parecía inminente. ¿Se equivocó? Quizá. Como dijo después el antropólogo y jesuita Ricardo Falla, lo que parecía más realista resultó utópico e impracticable. Y cuando la violencia se impuso, la UCA se distanció de la Junta. A raíz de ello, Mayorga y otros miembros de la Universidad tuvieron que exiliarse para no perder la vida. El campus fue blanco de ataques. El 16 de febrero de 1980 la residencia de los jesuitas recibió 100 impactos de bala.
La segunda línea de cuestionamiento es que la UCA ha sido manipulada por la empresa privada, ya sea por ingenuidad o como parte un plan orquestado para boicotear al Gobierno. Este cuestionamiento no tiene sustento. De lo mismo se ha acusado a la Universidad a lo largo de su historia, en múltiples ocasiones. Que se diga hoy que la UCA, al criticar la falta de transparencia y las actuaciones autocráticas del Gobierno de Nayib Bukele, le hace el juego a la derecha o es su aliada es cerrar los ojos a lo evidente. Los que así piensan pretenden pintar al Gobierno como víctima de oscuros y malignos planes.
Normalmente en la vida tengo más dudas que certezas, pero si de algo estoy seguro en este caso es que la víctima no es el Gobierno. Más bien creo lo contrario, que es victimario, sobre todo de la verdad, de la dignidad humana y de la racionalidad. Creo también que los hechos están a la vista, pero en un mundo de mentiras decir la verdad es causa de linchamiento mediático, de persecución y de expresiones de odio. Las descalificaciones y ataques no aportan nada al debate tan necesario como ausente en estos tiempos.
A los miembros del Comité, tanto de la sociedad civil como del Gobierno, les guardo mi consideración y respeto. Ellos lo saben. Y saben que eso no quiere decir que pensemos igual ni que la misión de la universidad para la que tengo la suerte de trabajar haya cambiado, como no cambió antes, aun enfrentando riesgos, amenazas y ataques. Aceptamos entrar al Comité siendo conscientes de los riesgos, pero con la esperanza de incidir para aliviar el sufrimiento de tanta gente. Quizás nuestro pecado fue pensar que podíamos ser escuchados y pretender transparencia en la noche oscura que embarga a nuestro sufrido país.
* Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.
